POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Con la lectura del acuerdo del Grupo Aval-Corficolombiana, firmado con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que obligó a los representantes de este conglomerado financiero a declararse culpables de haber violado la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) al haber entregado 23 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, queda claro que el clan Sarmiento Angulo–Sarmiento Gutiérrez y su potentada organización empresarial, cometieron un delito grave que será sancionado drásticamente por la ley penal de la superpotencia del norte, tal como ya lo hicieron con el clan Odebrecht, varios de cuyos miembros pagan condenas en las cárceles gringas. No es verdad que el “Don” Sarmiento Angulo fue exonerado de toda culpa, como cínicamente y contra toda evidencia lo afirman los medios de comunicación de su propiedad.
También es claro que la justicia gringa negoció con los capos de la banda Aval- Corficolombiana–Episol, abstenerse temporalmente de proferir sentencia condenatoria a cambio del pago de 80 millones de dólares (320.000 millones de pesos a precios de hoy) de multa tanto a la SEC como al Departamento de Justicia, con el compromiso de los indiciados de cooperar con el proceso y aportar verdad. Es el costo que tuvieron que pagar para librarse de la ejecución de una sentencia condenatoria, por haber pagado sobornos para obtener beneficios económicos que alcanzan la suma de32 millones de dólares, equivalentes a 128.000 millones de pesos colombianos, suma que no les será devuelta y tampoco eliminará la sentencia; simplemente compraron a la justicia yanqui la libertad, condicionada a que tendrán que decir toda la verdad. Se supone que estarán obligados a delatar a todos sus cómplices en el proceso de corrupción a políticos y altos funcionarios de los gobiernos que han transcurrido desde 2010, fecha en la que el cuestionado expresidente Álvaro Uribe les adjudicó el contrato hasta la firma del acuerdo con la justicia de los EE.UU.
Debe quedar claro que tal acuerdo solo se limita a conocer toda la verdad sobre la obtención de beneficios económicos mediante las acciones fraudulentas ejecutadas por los imputados, que atentaron contra sus intereses representados en la Bolsa de Nueva York. En dicho proceso no se discutirán los delitos cometidos en Colombia por el consorcio para delinquir Odebrecht-Sarmiento Angulo, en presunto contubernio con la Fiscalía y altos funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Tales delitos, solo les importan en función de la defensa de sus capitales. Pero se debe reconocer que la publicación del acuerdo permitió que el escándalo, antes que quedar cerrado, sepultado y a merced de la polilla de los anaqueles de la Fiscalía, como pretenden su titular Francisco Barbosa y sus protegidos, abrió una diáspora de posibilidades y retos para la justicia colombiana, que debe investigar, establecer la verdad completa, llamar a juicio y condenar, sin excepción, a quienes intervinieron en la comisión del crimen de estafa al Estado colombiano.
Pero, el fiscal Barbosa y su séquito, dejaron al descubierto su catadura mafiosa y la evidencia de que su misión es cerrar pronto el caso y proteger a quienes lo pusieron en tan alto cargo, para buscar su expedita absolución. Así quedó demostrado en la apresurada rueda de prensa, realizada en Cartagena, en el marco del congreso de la ANDI, convertida en una tragicomedia en la que su títere, el fiscal Gabriel Jaimes, se limitó a leer la declaración en la que ratifican que el único responsable del soborno es el ya condenado José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, porque, según ellos, en los nuevos documentos no se encontró ninguna otra responsabilidad de las personas y entidades investigadas y, ladinamente denuncian la verdad ampliamente conocida sobre el ingreso de miles de millones de pesos a las campañas presidenciales de 2010 y 2014: “$3.540 millones a Juan Manuel Santos y $3045 millones a Oscar Iván Zuluaga, que por el Tunjuelo Canoas hubo apropiación de un anticipo por más de 91.000 millones y que por Navelena se pagó soborno cercano a los $1000 millones. Que en total se pagaron $80.000 millones en sobornos y que los daños causados por Odebrecht en Colombia suman más de 514.000 millones, de los cuales, Odebrecht debe $490.000 millones al fisco”.
Lo que si quedó en evidencia fue su intención de exonerar de toda culpa al corrompido exfiscal Néstor Humberto Martínez de quien, a la pregunta de un periodista, respondió: “El doctor Néstor Humberto Martínez, no es indiciado, ni imputado en esta investigación” pese a “que todos lo saben fue asesor jurídico de la empresa Aval en algún momento”, justo para, presumiblemente ganarse una millonaria prima de éxito, según lo denunciado por el presidente Petro, por idear la fórmula de quedarse con el contrato y estar enterado de los sobornos, como quedó registrado en los audios de sus conversaciones con Jorge Enrique Pizano, desde 2015, ante los cuales, permaneció mudo después de ser nombrado Fiscal General, con el aval de Uribe y Santos, seguramente con el compromiso de proteger y exonerar de toda culpa, tanto a los expresidentes y sus cómplices, como a los banqueros y sus secuaces.
En la mencionada rueda de prensa, declararon “casi cerrado” el caso y anunciaron la tardía imputación de cargos a cinco miembros de la cúpula de Odebrecht. Pero hicieron mutis por el foro sobre el cobro de los miles de millones estafados al fisco colombiano por los fraudulentos empresarios. No están presos en Colombia porque “los dejaron escapar” denunció recientemente y con razón el presidente Petro. Finalmente, comunicaron, sin presentar pruebas, que fueron imputados 55 funcionarios de segundo nivel de Invías, supuestamente comprometidos en el escándalo. En la rueda de prensa fue altamente notorio que Barbosa y sus subalternos actuaron como marionetas del exfiscal Martínez Neira, de los expresidentes y de los tramposos banqueros.
En el espectáculo preparado para el cierre del congreso de la ANDI, el fiscal Barbosa, cual candidato presidencial, actuó en contravía del acuerdo firmado por los capos del grupo Aval con la justicia de los EE.UU. Pero José Elías Melo, exgerente de Corficolombiana, quien paga 11 años de cárcel en la Picota, condenado como “el único responsable” de la fraudulenta actuación del grupo Aval, en entrevista concedida a la revista Cambio, en contra de la verdad oficial, denunció “que todas sus actuaciones fueron conocidas y aprobadas por Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y la Junta Directiva del Grupo Aval”; que él fue usado como gancho ciego, como chivo expiatorio, “para dar tranquilidad a Néstor Humberto Martínez, a Juan Manuel Santos y a Germán Vargas Lleras”, y por supuesto, a sus jefes y poderosos banqueros.
Entre sus afirmaciones vale destacar: “Yo era la parte más delgada de la cuerda, para ello, basta oír los audios de Roberto Prieto, (gerente de campaña de Santos, quien pagó cinco años de prisión) donde, menciona la plata que recibió de Odebrecht para cubrir gastos de campaña y que al que van a joder es a Melo”. (El paréntesis es explicativo del autor de esta nota) y dio pistas sobre el personaje tres que “de acuerdo con lo que dice el texto de la SEC, el apoyo a la campaña política fue una contrapartida al soborno por la concesión de la adición Ocaña–Gamarra. Para que eso fuera lógico, la persona que recibió esa plata convenida con el señor Martorelli, tenía que tener incidencia sobre la decisión del contrato y, por supuesto con la campaña política. ¿Quiénes estaban en el equipo de Juan Manuel Santos en esas dos condiciones? Probablemente la doctora María Lorena Gutiérrez, puede ser Juan Manuel Santos, puede ser Germán Vargas Lleras”.
El acuerdo con la SEC y el Departamento de Justicia y las declaraciones de José Elías Melo, demuestran que al proceso no han sido vinculados todos los que son, que la Fiscalía, en su afán de cerrar la investigación, no ha actuado con honestidad y transparencia, ni ofrecido garantías para adelantar un juicio justo, en igualdad de condiciones para todos los que han sido condenados e imputados, que su actuación ha sido descaradamente favorable a poderosos empresarios, banqueros, presidentes, fiscales y altos funcionarios de sus respectivos gobiernos, con sus cortejos de cómplices y servidores, involucrados hasta el cuello en esta mega estafa al fisco nacional.
No hay explicación que satisfaga la pregunta de porqué los expresidentes Uribe, Santos y Duque, el exvicepresidente Vargas Lleras, los fiscales Néstor Humberto Martínez y el propio Francisco Barbosa y sus séquitos, los archi millonarios Sarmiento Angulo, Sarmiento Gutiérrez y los miembros de las juntas directivas del Grupo Aval y Corficolombiana, las cúpulas de los partidos Centro Democrático, de la U, Cambio Radical, Conservador y sus respectivos equipos de campañas electorales, entre tantos otros, no han sido tan siquiera convocados a rendir versiones libres de sus dolosas actuaciones. El gobierno, las redes sociales, los movimientos sociales y populares y, en general, el pensamiento crítico y democrático, deben exigir que, mientras le llega la hora de su retiro al fiscal Barbosa, la Corte Suprema nombre un fiscal ad hoc, para que asuma la investigación, desentrañe toda la verdad, garantice el debido proceso, llame a juicio a todos los que son y desvele el manto de la impunidad que cubre a los culpables y sus encubridores.
*Integrante de la Red Socialista de Colombia.
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