POR CARMEN PAREJO RENDÓN /
Con las recientes victorias de la esfera progresista en países como Ecuador y Guatemala, y ante la aparente deriva derechista de naciones como Argentina y Chile, ¿hacia dónde va el péndulo ideológico latinoamericano?
El pasado 20 de agosto tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala, que dio la victoria a Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala confirmó a Arévalo como presidente electo, pero a su vez, suspendió la personalidad jurídica de su partido político por un caso de supuestas firmas falsas en los afiliados.
El director del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias, opinó, que la victoria de Bernardo Arévalo era irrefutable. Sin embargo, no podemos evitar que los recientes casos de ‘lawfare’ llevados a cabo contra distintos gobiernos latinoamericanos nos vengan a la memoria.
En el libro ‘El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley’ (2021), de Arantxa Tirado, la autora nos presenta un estudio pormenorizado sobre varios casos de aplicación de este mecanismo de forma coordinada, cuyas víctimas han sido los llamados “gobiernos progresistas” latinoamericanos.
El ‘lawfare’ es una estrategia de origen militar, que, según la autora, se encuadra dentro de una guerra de amplio espectro o guerra híbrida, que ha buscado, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, la reconfiguración de la geopolítica hemisférica.
En torno a la primera década del siglo XXI, debido a la agudización de contradicciones históricas y enmarcado dentro de la ruptura con los regímenes anteriores (cada país dentro de su propia circunstancia), se producen una serie de cambios en el escenario ideológico de América Latina.
Gobiernos progresistas, o al menos rupturistas, en Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Honduras y Ecuador, generaron, además, un nuevo escenario que hace que se refuercen los lazos de la unidad y se recuperen ideas de integración económica independiente.
Se desarrollan múltiples organismos que buscan la cooperación entre los pueblos para romper con la clásica estructura de dominación y subordinación (fundamentalmente a EE.UU.), como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). También se refuerza la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y se presentan proyectos como el Banco del Sur o la moneda SUCRE (para intercambios comerciales) que buscan profundizar en la creación de un espacio económico conjunto para el desarrollo.
Este escenario suponía también una apuesta por el multilateralismo, desde una base regional y latinoamericana, convirtiéndose así en punta de lanza de un cambio generalizado que cuestionaba, y aún cuestiona, el orden de dominación unipolar vigente.
Esta explosión de ideas y acuerdos cae en reflujo debido a distintos fenómenos que ocurren en los países participantes durante los años posteriores.
Golpe y ‘lawfare’
Con el golpe de Estado en Honduras, en 2009, se inaugura una nueva etapa de asfixia contra los pueblos latinoamericanos. Así, durante la Administración de Barack Obama, se derrocó al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya.
A su vez, a través del mecanismo de ‘lawfare’, se expulsa a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, se encarcela al expresidenteLuiz Inácio Lula da Silva; se inician 30 causas contra Rafael Correa mientras se consolidaba la traición de Lenín Moreno en Ecuador; se intensifica la persecución política, mediática y judicial contra Cristina Fernández en Argentina; se agudizan las medidas coercitivas y el bloqueo contra Cuba, Venezuela y Nicaragua; y se altera el orden democrático de Bolivia, con el derrocamiento de Evo Morales.
Finalmente, este escenario aúpa a presidentes neoliberales como Mauricio Macri, Sebastián Piñera y Jair Bolsonaro, en Argentina, Chile y Brasil.
Sin embargo, en los últimos años parece que vuelve la tendencia transformadora, luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México y de Gustavo Petro en Colombia, además de la recuperación de la normalidad democrática en Bolivia y la vuelta al poder del Movimiento al socialismo (MAS), la victoria de Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, en Honduras; la vuelta del peronismo en Argentina; y el retorno del presidente Lula al Gobierno de Brasil.
A su vez, se han producido cambios significativos en la esfera de las relaciones económicas en Latinoamérica.
La constante intervención de EE.UU.
Pese a que hoy por hoy China desbancó a EE.UU. como principal socio comercial de la mayoría de países, el vecino del norte sigue dominando esferas fundamentales de los Estados latinoamericanos, como es la formación de sus Fuerzas Armadas y policiales o la estrecha vinculación con los sectores oligárquicos ligados a la judicatura.
A su vez, Washington mantiene acuerdos de libre comercio, así como otros pactos vinculados al control del tráfico de drogas, que garantizan su intervención constante en el devenir de estos países. Aun así, empiezan a manifestarse de forma cada vez más clara enfrentamientos de intereses dentro de las propias oligarquías locales debido a estos cambios de carácter macroeconómico.
La debilidad de los procesos progresistas, fruto de la contraofensiva ideológica, política e incluso judicial de los años previos, ha tenido dos consecuencias: en primer lugar, el surgimiento de unos frentes populares (o marcas electorales) más amplios y heterogéneos en sentido ideológico, lo que en muchos casos se manifiesta en una menor capacidad de radicalidad tanto en el discurso como en las acciones implementadas una vez que alcanzan el gobierno. Y, por otro lado, en el fortalecimiento de una extrema derecha neoliberal, que se presenta con un formato nuevo más radicalizado hacia posiciones reaccionarias en lo social, y profundamente neoliberales y continuistas en lo económico. Sin embargo, esta impostura reaccionaria de corte trumpista también es reflejo de la crisis interna que, en medio de la gran pugna geopolítica mundial, vive la derecha internacional.
El caso chileno y argentino
El caso chileno requiere de su propio análisis específico. En víspera del cincuenta aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende y el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, el militar chileno está más presente que nunca.
Tras el estallido social de 2019, y el reclamo de una nueva Constitución, parece que el atado del régimen chileno se constata. La polarización electoral se centró en la figura de José Antonio Kast, un nostálgico de la dictadura y un destacado de la nueva extrema derecha neoliberal.
Ante este escenario, Chile prefirió a un candidato moderado, como Gabriel Boric, a uno que verdaderamente pudiese cuestionar la estructura de base heredera de la dictadura. El resultado ha sido una reforma a la Constitución de Pinochet encargada a pinochetistas, que ha dejado en evidencia que en la actualidad aún no existe una correlación de fuerzas que incline la balanza hacia una transformación social profunda del país andino.
Sin embargo, la otra cara de la moneda sería Argentina. Tras un catastrófico resultado para el peronismo en las recientes elecciones primarias, en medio de la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con la inflación cronificada, será interesante ver cómo afectará el ingreso del país del Cono Sur al grupo BRICS+, anunciado en la reciente cumbre del grupo en Johannesburgo. Para muchos, este anuncio se entendió ya como una posible esperanza para un país devastado en su economía. Un gran logro del actual gobierno que, además, marca distancias, con las posiciones internacionales tanto de Javier Milei, como del macrismo. ¿Se compensará la debilidad interna impulsando a Argentina como actor internacional en un mundo en pugna?
El péndulo ideológico en Latinoamérica está en ebullición, un constante movimiento aupado por contradicciones internas, de cada país, regionales, pero también de carácter internacional.
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