POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO
Se cumplieron 50 años del golpe militar a Salvador Allende, en el cual participaron miembros civiles y castrenses chilenos, la CIA, Fuerzas Militares y autoridades norteamericanas. En su homenaje, este 11 de septiembre, su hija Isabel Allende revivió sus últimos momentos, dramáticos, en el Palacio de la Moneda junto a su padre. En su discurso[1] queda plasmada la gallardía del Presidente y la decisión para hacer respetar la voluntad popular que lo había designado. Su actitud en esos últimos momentos hizo explícita su integridad moral y su convencimiento en las instituciones, su confianza en las transformaciones a través de la vía democrática. Los usurpadores y traicioneros, esos supuestos abanderados de la ley, la libertad y la democracia, como se autoproclama la derecha -en cualquier país occidental- y el gobierno norteamericano, fueron sus verdugos, los que pasaron por encima de la ley, la democracia y las instituciones. Un ejemplo más, que nos confirma la retórica falaz del imperio y la derecha a nivel mundial y local, solo están de acuerdo con la ley y el orden cuando es de su conveniencia, de resto son los que utilizan los métodos más violentos, los que pasan por encima de la ley y las constituciones, los que atropellan la democracia y la soberanía de los pueblos.
Esta paradoja vivida por Allende quedó plasmada en el texto escrito por Gabriel García Márquez, “La verdadera muerte de un Presidente”, en el que expresa:
A la hora de la batalla final, con el país a merced de las fuerzas desencadenadas de la subversión, Salvador Allende continuó aferrado a la legalidad.
La contradicción más dramática de su vida fue ser al mismo tiempo, enemigo congénito de la violencia y revolucionario apasionado, y él creía haberla resuelto con la hipótesis de que las condiciones de Chile permitían una evolución pacífica hacia el socialismo dentro de la legalidad burguesa.
La experiencia le enseñó demasiado tarde que no se puede cambiar un sistema desde el gobierno, sino desde el poder. …….
Su virtud mayor fue la consecuencia, pero el destino le deparó la rara y trágica grandeza de morir defendiendo a bala el mamarracho anacrónico del derecho burgués, defendiendo una Corte Suprema de Justicia que lo había repudiado y había de legitimar a sus asesinos, defendiendo un Congreso miserable que lo había declarado ilegítimo pero que había de sucumbir complacido ante la voluntad de los usurpadores, defendiendo la voluntad de los partidos de la oposición que habían vendido su alma al fascismo, defendiendo toda la parafernalia apolillada de un sistema de mierda que él se había propuesto aniquilar sin disparar un tiro.
El drama ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo, que se quedó en nuestras vidas para siempre.”[2]
Hoy en Colombia el Pacto Histórico con Petro/Márquez tiene el gobierno, pero no el poder. El poder en Colombia sigue en las manos de unas élites terratenientes, ganaderas, industriales y políticas, aliadas al narcotráfico, enquistadas en las instituciones del Estado, que utilizan sus funcionarios y medios de comunicación para intentar engañar al grueso de la población con sus mentiras.
En nuestro país donde ha predominado la exclusión del diferente, primeramente planteado en las múltiples guerras violentas entre conservadores y liberales, luego trasmutada a las guerras contra la expresión de participación política de los sectores populares, como quedó ejemplificado desde la guerra de mediados del siglo XIX con el movimiento de artesanos y la dictadura del general Melo, momento en que se dictaminó la necesidad de negar la posibilidad de llegar al poder a los “sectores subalternos” o clases pobres y se constituyó el “miedo al pueblo” por parte de las élites. Más adelante, una situación similar se repetiría, a mediados del siglo XX, con el asesinato de Gaitán, el desate de la Violencia (con mayúscula) y la lucha de conservadores contra liberales, pero no cualquier conservador y liberal, sino los campesinos y clases medias y bajas. El pacto de las dos cabezas, representantes de las élites, del Partido Conservador Laureano Gómez y el Partido Liberal Alberto Lleras Camargo, en la ciudad de Benidorm en España, el 24 de julio de 1956, ampliado con el Pacto de Marzo, firmado el 20 de ese mes de 1957, para impedir la continuidad de Gustavo Rojas Pinilla. Y luego el pacto de Sitges, 20 de julio de 1957 –entre los mismos protagonistas-, con el que se establecen las bases del Frente Nacional, en el cual se determina la alternancia y repartición del poder de forma paritaria demarca el control sobre las clases subalternas y los cierres de acceso al poder de una representación política diferente a sus intereses.
Como si fuera poco lo anterior, dichas élites, utilizaron además la fuerza pública legal y la ilegalidad para contener el poder de los campesinos inconformes, las clases subalternas, casos como el de la policía chulavita, ‘los pájaros’, así lo ejemplifican. Para después transformarse en el fenómeno paramilitar asociado a las recomendaciones de la misión del general estadounidense William Yarborough en 1962[3], conformando la relación directa entre Estados Unidos, Fuerzas Armadas colombianas y paramilitares. En las últimas cinco décadas, dominadas por el narcotráfico y el modelo neoliberal, ha sido evidente la interrelación de estos actores, élites, Fuerzas Armadas y paramilitares, con el narcotráfico; y la misión de los últimos dos actores para desplazar a campesinos, negros e indígenas de las tierras con valor para multinacionales, terratenientes y la gran industria.
En este marco de lucha antipopular disfrazada de antiguerrillas guiada por la doctrina del “enemigo interno”, hemos sido testigos en el transcurrir de nuestra historia, de masacres, desplazamientos, asesinatos de líderes –políticos, sociales y ambientales-, sindicalistas, defensores de derechos humanos, genocidio y la ejecución de un plan, “el baile rojo”, para la desaparición a sangre y fuego de un partido político, la Unión Patriótica (UP).
Esta situación ha conllevado a un grado de corrupción y degradación tal desde el propio Estado, de élites, Fuerzas Militares y paramilitares, instituciones de inteligencia, DAS, Gaula, etc., -todo un aparato criminal estatal- concretado en la política de “seguridad democrática” del gobierno del impresentable Álvaro Uribe, donde incluso, se incentivó las ejecuciones extrajudiciales de por lo menos 6.402 civiles inocentes (“falsos positivos”), para dar la apariencia de que se estaba ganando la guerra, como ha quedado demostrado en las comparecencias de los miembros de las Fuerzas Armadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
A todo esto es a lo que se enfrenta en la actualidad el gobierno del Pacto Histórico en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Hoy no nos encontramos simplemente frente a una visión diferente de país, con otro modelo socioeconómico, otro modelo de desarrollo, sino frente al poder de esas élites con sus relaciones y tentáculos –legales e ilegales- en todo el Estado que no desean perder sus privilegios construidos durante tantos años.
Hoy en Colombia con Petro –guardadas las diferencias históricas y geográficas-, se vive la paradoja de Allende en Chile, defender las instituciones, la ley y la democracia, las transformaciones pacíficas, frente a una extrema derecha que intenta por todos los medios darle un golpe, ya ‘blando’, según los nuevos tiempos.
La estrategia de la ultraderecha nacional e internacional ha variado, ahora el mecanismo más socorrido para tumbar gobiernos incómodos a sus intereses es el ‘lawfare’ o la guerra jurídica –mecanismo ya aplicado en Bolivia con Evo Morales, en Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en Ecuador con Rafael Correa, en Perú con Pedro Castillo-, el mismo que ya se ha intentado varias veces contra Gustavo Petro por el fiscal Barbosa con su caja de resonancia en la revista Semana. Además, las jugaditas preparadas por su antecesor Duque, con la herencia del problema del desfinanciamiento del Fondo de Combustibles, las Juntas Directivas de Ecopetrol, Baco de la República, entre otras. Hasta llegar, en días recientes, a nuevas alternativas como el hackeo de las redes de internet del Estado en servicios públicos esenciales como el de salud. Nada más y nada menos esa es la paradoja en la que nos encontramos.
Aprendiendo de la situación chilena nos debe quedar de enseñanza las últimas palabras del presidente Salvador Allende:
“Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos” [4].
Se debe llenar de pueblo, con todo su colorido y su fuerza al Pacto Histórico. Esta es una oportunidad del inicio del cambio en nuestro país, el pueblo debe ser el protagonista y acompañar conscientemente las reformas planteadas.
“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=ePGUwwaE9io&ab_channel=CNNChile
[2] http://www.cubadebate.cu/opinion/2003/09/06/gabriel-garcia-marquez-la-verdadera-muerte-de-un-presidente/
[3] https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33458.pdf
[4] https://progressive.international/wire/2021-12-20-salvador-allende-ultimas-palabras/es
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