POR FRANCISCO JAVIER TOLOZA /
¿Por qué en Colombia, para un establecimiento y una “opinión pública” tan tradicionalmente parroquiales, que han callado sobre graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) como el genocidio de Ruanda, la guerra de Yemen, el conflicto del Kurdistán o el exterminio tamil, es una cruzada cerrar filas con Netanyahu? Hablemos de su conversión del antisemitismo criollo a un sionismo impostado.
En medio de la dramática situación de guerra que afronta la Franja de Gaza, ha sido noticia global la inflexión diplomática que ha expresado el actual gobierno colombiano con respecto a la larga tradición de adláteres de Tel Aviv y Washington que cumplía nuestro país en cualquier evento relacionado con Oriente Medio. Por primera vez el llamado “Israel de América del Sur” no está del lado del denominado “Estado Halcón” con quien ha compartido análogas funciones de alfil geopolítico.
Se ha convertido en un lamentable lugar común etiquetar como antisemita, negacionista del Holocausto o yihadista, cualquier postura que no legitime todo tipo de acción militar del Estado israelí contra los pueblos árabes. Estas condenas sólo expresan el desconocimiento supino de la historia y de la geopolítica, tan en boga en la derecha colombiana, que por demás pretende espiar muy soterradamente sus culpas e interconexiones con el prolongado conflicto árabe-israelí. El antisemitismo es una ideología racista eurocéntrica que atacó a la comunidad judía en su condición de desterrada, no al inexistente Estado de Israel en aquel momento. En su forma exacerbada en el nazismo como política anticomunista de ultraderecha, los antisemitas recurrieron al apartheid y al exterminio étnico, lamentablemente similares a los que realiza el sionismo hoy en Palestina.
Es ridículo hablar de antisemitismo en el actual Gobierno colombiano. Es claro que Colombia no está atacando a la comunidad judía; ni siquiera está cuestionando la existencia del Estado de Israel, sino sus violaciones al Derecho Internacional. El fondo del debate no es que Petro haya cambiado los salones del Palacio de San Carlos por el debate público en Twitter o X para definir su política exterior, ni los ilusorios tentáculos de Rusia e Irán en la Cancillería colombiana, ni mucho menos una genuina preocupación humanitaria por la población civil víctima de la confrontación entre Israel y Hamás. ¿Por qué para un establecimiento y una “opinión pública” tan tradicionalmente parroquiales, que han callado sobre graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) como el genocidio de Ruanda, la guerra de Yemen, el conflicto del Kurdistán o el exterminio tamil, es una cruzada cerrar filas con Netanyahu?
Detrás de la indignación del bloque de poder contrainsurgente colombiano en la actual coyuntura está su relación de rentable dependencia económica, militar y política con el sionismo, y obvio, su obediencia a los dictámenes del Departamento de Estado norteamericano. Las elites criollas pasaron de un antisemitismo militante –que implicaba también el rechazo a la migración árabe y gitana–, hasta mediados del siglo XX, a ser comité internacional de aplausos de los vejámenes del Estado de Israel y de sus aparatos militar y paramilitar. Durante este mismo periodo histórico el Estado de Israel con su complejo industrial militar y de seguridad se convirtieron en actores cada vez más relevantes en el desarrollo del conflicto armado colombiano y de la configuración del bloque de poder en el país.
Antisemitas macondianos
Mientras los países del Cono Sur, independiente del tinte ideológico de sus gobiernos, recibían tras el ascenso del III Reich entre 25.000 y 45.000 refugiados judíos, los presidentes de la “democracia más antigua de América” (Colombia) apenas permitieron el ingreso de 6.000 personas de dicha comunidad hasta la fundación del Estado de Israel. Paradójicamente, el canciller “liberal” Luis López de Mesa proponía la migración europea al país en su empresa supremacista de “mejorar la raza colombiana con europeos”, pero excluía a la población judía porque según él: “tenían una orientación parasitaria de la vida y por sus costumbres invertebradas de asimilación de riqueza por el cambio, la usura, el trueque y el truco”. Racismo puro y duro, combinado de simple miedo a la competencia económica de la incipiente burguesía liberal cargado contra un pueblo que vivía la persecución nazi.
Con el clima racista de las elites colombianas contra la comunidad askenazi, que migró en los años veinte, se expidieron sucesivos decretos que restringían cada vez más la llegada al país de familias judías. Primero fueron trabas sanitarias y económicas contra portadores de pasaportes rusos, bálticos y polacos (Decreto 1194 de 1936) que se aplicaban de igual manera para la migración de origen turco o árabe, hasta que quedó expresamente prohibido el visado a judíos polacos y judíos alemanes en septiembre de 1938 (Decreto 1752) bajo el “gobierno pausa” de Eduardo Santos.
Tras la trágica Noche de los Cristales Rotos en Alemania, la Cancillería colombiana emitió circular en enero de 1939 en la que ordenaba que: “se hace necesario que los cónsules bajo su jurisdicción opongan todas las trabas humanamente posibles a la visación de nuevos pasaportes a elementos judíos”. Hasta que en septiembre de este año mediante el decreto 1723 se prohibió el visado de población judía de cualquier nacionalidad, ni siquiera en calidad de tránsito. La proscripción migratoria se mantuvo incluso hasta el final de la II Guerra Mundial, con todo y que el gobierno liberal entró al bando aliado luego del ingreso de EE.UU. De hecho, terminada la guerra, en 1947 el gobierno conservador de entonces se negó a acoger a quienes venían en el barco “Éxodo” deportados por el imperio británico cuando pretendían entrar a Palestina con visados colombianos falsificados por algún diplomático nacional que timó a estos sobrevivientes del Holocausto.
El antisemitismo en Colombia no fue expresión simple de unos cuantos fanáticos aislados. Influyó en sectores representativos del debate político nacional de ambos partidos tradicionales, siendo determinante para la política migratoria. Faltarían las líneas para citar los artículos y caricaturas de los diversos periódicos conservadores contra la población judía, por no decir que en franca adulación al falangismo español y a la Alemania Nazi. Se acudió además a estigmas religiosos, xenófobos y chovinistas, como en los discursos de Laureano Gómez. De hecho el delegado de gobierno conservador colombiano en la asamblea de la ONU de 1949, quizás imbuido en su nostalgia pro Eje y su anticomunismo hirsuto, se abstuvo de votar a favor de la creación de los dos estados en el territorio palestino ocupado por la corona británica, como se había pactado previamente por las potencia aliadas en el Pacto de Teherán (1943).
Así pues, el antisemitismo hizo parte de la cultura política hegemónica colombiana durante toda la primera mitad del siglo XX, en una amalgama de fanatismo católico, racismo hispanófilo y simple temor a la competencia económica e intelectual de unas mediocres elites criollas, que se negaron sistemáticamente a la ampliación del espectro social y político. Sepulcros blanqueados son los partidos tradicionales colombianos que tras 70 años sin mea culpa, posan ahora de defensores de la comunidad judía y que achacan su tradición antisemita a quienes abren un válido debate sobre la subordinación estratégica en la política exterior colombiana.
El Yom Kipur diplomático: la conversión geopolítica
Como en la célebre conmemoración judía, llegó para el bloque hegemónico colombiano su día de la expiación, pero como en la tristemente más recordada Guerra del Yom Kipur, el giro no estuvo en función de los derechos de la comunidad judía, sino de las ambiciones geopolíticas del sionismo. Desde el pacto bipartidista del Frente Nacional y el inicio de la Guerra Fría se disipa cualquier diferencia entre las elites colombianas respecto a la política exterior. A partir de este periodo se profundiza el Respice Polum impuesto por el conservatismo desde los años veinte del siglo pasado, y la denominada subordinación estratégica definida por el historiador Renán Vega Cantor. Al temprano alineamiento pronorteamericano en los asuntos hemisféricos, seguirá consecuentemente un progresivo apoyo del gobierno de Bogotá a los aliados de la potencia hegemónica a nivel global y una inmersión del aparato militar colombiano en la Doctrina de Seguridad Nacional.
El tardío inicio de relaciones diplomáticas con Tel Aviv (1957) se dará solo con posteridad al ataque israelí en la Guerra de Suez contra el proyecto panarabista de Nasser, cuando empezaba a ser elocuente el papel del régimen sionista como cabeza de playa “occidental” en Medio Oriente y luego de que se enviaran tropas colombianas a la Franja de Gaza entre 1956 y 1958 a proteger intereses fraco-ingleses, tras el mencionado conflicto. El contubernio anticomunismo gringo, sionismo y contrainsurgencia colombiana, derivó en un cierre diplomático de Bogotá contra los países árabes, de espaldas a la importante colonia de este origen afincada en el país.
A partir de 1969, tras la Guerra de los Seis Días, Colombia se abstuvo de cualquier pronunciamiento o de votar cualquier resolución contra el Estado de Israel en la ONU. Sobra decir que ninguno de estos gestos diplomáticos desconocían la existencia del Estado de Israel ni perseguían a la comunidad judía, sino que tenían fines esencialmente humanitarios que buscaban garantizar derechos del pueblo palestino. No valían las condenas a la violencia o al terrorismo, cuando de menear la cola a Washington se trataba para la diplomacia colombiana como lo resumiera Neruda en su poema sobre ello: “Por lo menos a mi deben pisarme, reclama el delegado de Colombia, escribiendo un soneto y persignándose”.
La abstención no expresaba neutralidad alguna, ya que mientras se profundizaban relaciones económicas, políticas y militares con Israel, no solo no se le conminaba a volver a las fronteras de 1948, sino que se participa de la fuerza de tarea multinacional que refrendaba los acuerdos de Camp David entre el Egipto de Sadat y Tel Aviv, firmados de espaldas al pueblo palestino y al resto de países árabes. Hoy, 40 años después de esta locura militar, sigue encallado contra toda lógica el Batallón Colombia N° 3 en el Sinaí siendo funcional al cerco que ha hecho de Gaza una cárcel a cielo abierto.
Salvo por el interregno del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) en medio de la distensión de la Guerra Fría y la presidencia de los No Alineados, Colombia le dio la espalda a Palestina por 70 años hasta el más tardío reconocimiento a la Autoridad Nacional Palestina hecho casi a hurtadillas por Juan Manuel Santos en su último día de mandato. Se guardó un silencio más que cómplice durante la primera y segunda intifada y ni siquiera se tuvo la deferencia de censurar el intento de asesinato en 2003 contra Arafat por parte de Sharon que dejó cesantes los acuerdos de Oslo. Bajo el gobierno del Nobel Santos, Colombia condicionó su voto para el reconocimiento palestino, a fin a la postura israelí del previo acuerdo bilateral, absteniéndose de la aprobación en 2012 del ingreso de Palestina como Estado observador no miembro de la ONU y en 2017 también se abstuvo de votar la resolución que rechazaba la provocadora y unilateral decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, violando su estatus especial internacional.
El sionismo tropical: la creciente injerencia israelí en Colombia
No obstante, la obsecuente sumisión a EE.UU. solo explica una parte de la virulenta reacción del establecimiento colombiano al conato de soberanía diplomática que han expresado el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva. La profundización del denominado orden contrainsurgente en Colombia derivó en alianza estratégica de dependencia con el complejo económico militar y de seguridad israelí. Hablamos de ingentes negocios que han lucrado esencialmente a las corporaciones israelíes, pero no sin permitir el crecimiento parasitario de sus socios colombianos.
En 1984 empezaron las exportaciones masivas de carbón a Israel desde las minas del Cerrejón que será uno de los epicentros de la vinculación mercenaria entre paramilitares y multinacionales. Entre 1987 y 1988, mientras el presidente Barco contrataba a “Rafi el apestoso”, los ministros israelíes de Comercio y de Defensa firmaron sendos convenios con el gobierno colombiano para su industria militar. La corporación militar Israel Aircraft Industries (IAI), empresa estatal fundada en 1953 por Shimon Peres y Al Schwimmer, que ya se venía beneficiando de contratos con Colombia desde finales de los años 1970, para el mantenimiento de los Mirage M-G, extendería su poder con el negocio de venta de fusiles Galil y morteros Soltam, aviones KFIR C-2 y recientemente la compra y desarrollo de drones (UAV) y fragatas de guerra.
No se trataba solo de negocios oficiales, sino de una sinergia económica y doctrinaria de dos aparatos contrainsurgentes que empatizaban en múltiples aspectos en medio del surgimiento del denominado militarismo neoliberal o nuevo militarismo que propiciaba formas mercenarias legales e ilegales para el desarrollo de las guerras, tras la derrota norteamericana en Vietnam. Por ello, no es coincidencia que los vínculos con Israel del jefe narcoparamilitar colombiano Carlos Castaño y sus entrenamientos en dicho país, la instrucción militar del teniente coronel de la reserva israelí Yail Klein a las fuerzas paramilitares en el territorio nacional en los años 80s, o la asesoría oficial del agente del Mossad Rafi Eitan en la estrategia contrainsurgente que incluyó el genocidio de la Unión Patrótica (UP).
No obstante, a partir del cambio de siglo y con la intervención extranjera directa en el conflicto armado interno propiciada por el Plan Colombia y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se potenció el despliegue de la operación de Israel y sus compañías militares “privadas” en el territorio colombiano. La compra de armas se multiplicó 2,5 veces durante el primer cuatrienio de Uribe, al tiempo que Colombia acentuó los nexos con la industria bélica de este país y su dependencia de la transferencia tecnológica israelí a Indumil a través de numerosos convenios.
Indumil, empresa estatal colombiana, compró la tecnología, maquinaria, patentes y asistencia israelí para la fabricación de lanzagranadas de 60 milímetros y del fusil Galil, que se convirtió en el arma principal de combate del Ejército Nacional. Desde 2010 la industria integrante del GSED es una maquiladora de esta arma israelí y principal productora y exportadora de una variante de este fusil llamada Galil Ace, aunque curiosamente Israel ya no produce este tipo de fusiles para exportación y desde 2001 fue reemplazado en sus fuerzas militares. Como con los Kfir estamos ante una costosa tecnología israelí ya descontinuada en la metrópoli.
No obstante, todo lo anterior palidece con la entrega de la inteligencia nacional a consorcios y asesores israelíes. Valga citar el trabajo conjuntamente publicado con el profesor Jairo Estrada en 2020:
“La mayor forma de intervención israelí en Colombia se dio mediante el control de la inteligencia estratégica, a través de asesoría directa en los procesos de comando y control, la instrucción en acciones de fuerzas especiales incluyendo la guerra urbana y la operación en terreno de sus agencias y compañías de seguridad, lo cual les permitió adquirir información confidencial de interés nacional, e incidir en la misma definición operativa de la guerra en el país. Según Wikileaks (2008) los contratistas israelíes en Colombia han participado en el entrenamiento de fuerzas especiales, en particular relacionado con ataques a objetivos de alto valor, y han hecho recomendaciones sobre operaciones militares conjuntas y la reestructuración de los sistemas de inteligencia colombianos”.
Durante el Ministerio de Defensa de Juan Manuel Santos (2006-2009) y sus sucesivos gobiernos, se avanzó en la entrega de la inteligencia a los asesores israelíes a través de la contratista mercenaria Global CST, parte del Grupo Mikal, copropiedad de la empresa de aviación militar Elbit, el segundo conglomerado más grande de la industria de defensa israelí. Global CST fundada y presidida por el general retirado Israel Ziv, y apadrinada por el asesor de Santos en el proceso de paz, Shlomo Ben Ami, hace gala de haber dirigido grandes operativos contrainsurgentes como la “Operación Jaque” (2008) y la “Operación Sodoma” (2010) y que, gracias a la operación en Colombia, sus actividades se extendieron a Perú y México. De hecho, en su publicidad se puede ver no solo a Juan Manuel Santos sino a su viceministro Sergio Jaramillo, posteriormente comisionado de paz con las FARC-EP y al comandante de las FFMM Fredy Padilla de León
.Extracto de video promocional de la empresa de seguridad y defensa israleí Global SCT
La cooperación militar israelí redundó en el fortalecimiento de la inversión de capitales de ese país (muchos inyectados desde el complejo militar industrial), y en la multiplicación por cinco del comercio binacional en la última década. En este marco se firmó el TLC con Israel bajo el gobierno de Santos (2013) en cuyo contenido no se excluyeron las empresas ubicadas en los territorios ocupados –a diferencia del TLC entre Israel y la Unión Europea– y se le entrega la concesión de importantes contratos civiles a empresas del conglomerado militar en el sector infraestructura denunciado en su momento por la hoy embajadora de Colombia en Austria, Laura Gil.
No se trata solo de los Galil y los Kfir, ya ambos en desuso en Israel, sino de jugosos contratos de armamento de todo tipo para tierra, aire y mar, a favor de empresas estatales y para-estatales israelíes, que son administrados en la práctica corporativamente por los militares colombianos que manejan el GESED como negocio privatizado. Pero más grave aún hablamos de una posición oligopólica de las empresas israelíes en el área de ciberseguridad pública y privada. La pomposa plataforma de interceptación masiva PUMA de la Policía Nacional colombiana es un software que la empresa israelí Verint Systems montó para esta institución. Posteriormente la empresa también israelí NICE Systems amplió la capacidad de interceptación de dicha tecnología para hacerse aún a mayor escala. Por intermedio de una compañía conocida como Curacao, Verint logró vender sus productos Vantage y Relian para recopilar datos, los cuales además también sirvieron para constituir el Sistema Integral de Grabación Digital de la Policía Nacional de Colombia. Asimismo, la Curacao vendió al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) antes del 2011, un “sistema de análisis de información dejada al navegar por internet”. Mientras tanto, NICE System ofrece sus servicios para las compañías de ciberseguridad e inteligencia informática para empresas de vigilancia y seguridad privada, así como entidades financieras colombianas.
Literalmente las élites colombianas han importado e impostado el sionismo, en una adaptación del Destino Manifiesto a Medio Oriente, que otorga patente de corso al régimen de Tel Aviv de hacer tierra arrasada en Tierra Santa. Esta alineación se da al tiempo que se volvieron plenamente dependientes del complejo económico militar y de seguridad israelí, del que, no obstante reciben ingentes beneficios, aunque perjudiquen a la mayoría de colombianos y colombianas. Detrás de plañideras de excancilleres y la ‘godarria’ criolla por no seguir siendo turiferario de un criminal de guerra como lo es Netanyahu no hay interés humanitario ni ético. Solo abyección geopolítica e ingentes negocios. Buena hora para repensar la soberanía diplomática y militar, sino difícilmente avanzaremos hacia la Paz total y los cambios propuestos por el actual gobierno. Viene siendo hora que dejemos de ser el Israel de América del Sur.
Revista Raya, Bogotá.
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