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La coalición gobernante en Chile denominada Frente Amplio que lidera el presidente Gabriel Boric anunció que votará ‘En Contra’, la propuesta de nueva Carta Fundamental que aprobó la semana pasada el Consejo Constitucional, de mayoría ultraconservadora, y que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre.
“Con decepción hemos visto cómo este segundo proceso ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, ignorando las expectativas ciudadanas, redactando un texto que profundizará las desigualdades, la división e injusticias en nuestro país”, dijo la coalición política gobernante en declaración pública.
El Frente Amplio reprochó que “son múltiples los elementos regresivos presentes en el texto que se nos propone, incluyendo el cerrojo constitucional a los abusos del Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) e Isapres (sistema privado de seguros de salud), la mercantilización en la educación, el agua para unos pocos, la privatización del mar, prohibir el acceso al aborto en tres causales, la restricción de derechos de trabajadores y trabajadoras que se traducirá en peores salarios, la nula protección medioambiental, la liberación de presos por crímenes de lesa humanidad actualmente cumpliendo penas en Punta Peuco”.
El texto, agrega el comunicado, “consagra los intereses de la élite económica, fomenta las desigualdades entre chilenos y chilenas y, por lo mismo, propone a Chile un camino de inestabilidad para las grandes mayorías”.
Al mismo tiempo, el Frente Amplio señala que si dicho texto que reedita la actual Constitución del régimen genocida del dictador Augusto Pinochet, es rechazado en las urnas tal y como apuntan las encuestas, el Gobierno de Boric no impulsará un tercer itinerario constitucional.
“Como partidos y movimientos del Frente Amplio descartamos un tercer proceso constitucional durante el mandato del presidente Boric, al no existir las condiciones para ello. Los esfuerzos de la política deben estar orientados a resolver las deudas con la ciudadanía en materias de pensiones, salud y educación”, explicó la coalición gobernante.
Un proceso de altibajos
Tras cuatro años de la enorme movilización que reclamaba el fin de las políticas neoliberales, Chile creyó encontrar una salida política en la posibilidad de reformar la Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y que en buena medida es responsable de la enorme desigualdad social. Esta iniciativa fue avalada ampliamente por los chilenos, que acompañaron con su voto el primer plebiscito para darle luz verde al proceso. El texto que resultó de este primer proceso definía a Chile como una “democracia paritaria” con un Estado Plurinacional e Intercultural. Incluía cambios en el régimen político y ampliaba derechos sociales fundamentales como el acceso a la educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones, que pasarían a ser universales, para todos los chilenos y chilenas. También incluía el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y establecía el derecho humano al agua, no menor en medio de la crisis hídrica que vive Chile.
Sin embargo todo este proceso de avanzada progresista quedó en la historia al no conseguir la aprobación en el plebiscito. El 4 de septiembre de 2022, con una participación récord, ganó el ‘Rechazo’ con el 61,9 % de los votos frente al 38,1 % que obtuvo el ‘Apruebo’.
Para algunos analistas el Rechazo ganó como consecuencia de la campaña del miedo promovida con éxito por los sectores ultraconservadores y la falta de un ejercicio de profundo contenido didáctico por parte de quienes lideraban el Apruebo.
Una segunda oportunidad
Ante el fracaso del primer intento se habilitó una segunda oportunidad. La diferencia con el anterior es que este segundo proceso constituyente estuvo -y está- dominado por la derecha pinochestista. Compuesto por 50 miembros, el nuevo Consejo Constitucional tiene una amplia mayoría conservadora: 23 consejeros responden al ultraconservador Partido Republicano y 11 a coaliciones de derecha tradicional. La izquierda obtuvo 16 escaños y se sumó un representante indígena.
El Consejo Constitucional culminó la revisión del texto y ahora queda la verificación de otro órgano más antes de llegar al 17 de diciembre nuevamente a las urnas para que la población apruebe o rechace el nuevo proyecto de Carta Fundamental que los sectores progresistas la califican de “mala porque finalmente consagra los abusos” de la plutocracia en una sociedad tan desigual como la chilena.
Todo un retroceso en garantías sociales
En efecto, el proyecto de Constitución mantiene los privilegios de la Carta pinochetista vigente, otorgando exenciones tributarias a los más ricos, en perjuicio justamente de los más necesitados. Por ejemplo, se rechazó incluir la palabra “garantizar” en el acceso a la salud y se optó por una más general como “proteger”. Se concretó en el texto la existencia del actual sistema de salud público-privado muy criticado y se constitucionalizó la existencia de las AFP.
Además se rechazó consagrar el Estado Social y Democrático en primer orden. Se definió “niño” a todo ser humano menor de 18 años y se agregó la protección de quien está por nacer. Estos artículos representan un claro riesgo para la ley que permite el aborto por tres causales conquistada por el movimiento de mujeres de Chile.
También se mantuvo la posibilidad de arresto domiciliario por razones de salud incluso para delitos graves y se rechazó la gratuidad de la educación superior.
Para completar la lista de retrocesos, se rechazaron las alternativas de “igual trabajo, igual valor” que buscaban garantizar igualdad salarial, incluso entre hombres y mujeres y se eliminó el concepto de justicia ambiental, equidad y solidaridad territorial.
La última palabra estará en las urnas y la tendrá nuevamente el pueblo chileno pero esta vez para definir si avala o no esta nueva versión más conservadora de Constitución.
Por la mantención del modelo neoliberal
En definitiva, los herederos de Pinochet elaboraron un proyecto de Constitución que representa la profundización del sistema neoliberal y depredador en su grado más amplio, vaciando el contenido al Estado Social de Derecho, mercantilizando de manera obscena los derechos sociales, poniendo en serio peligro los avances obtenidos en las últimas décadas y generando graves retrocesos en materia de garantías laborales, medioambientales y de género.
“Una trampa hecha por tramposos”
Uno de los dirigentes políticos que mejor definió el trabajo de la ultraderecha en este proceso fue el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien dijo que “la propuesta constitucional es una trampa hecha por tramposos”.
“En un artículo, se nos dice que Chile será un Estado Social Democrático de Derecho. Suena bien, ¿verdad? Pero si sigues leyendo, te vas a dar cuenta que es sólo un titular, mientras toda la propuesta consagra la privatización de los derechos sociales, profundizando la subsidiaridad del Estado. Es tan así, que se constitucionalizan las AFP y las Isapres. Entonces, ¿dónde está el Estado Social?”, se preguntó,
“Y lo peor es que todo esto se justifica en nombre de la libertad. ¿La libertad para quién? No te dejes engañar, si la libertad de elegir no es para todos, no es libertad. Esta Constitución busca imponer un orden que profundiza las desigualdades. Volvemos atrás en la historia, incluso más que en 1980”, explicó Enríquez-Ominami. Y concluyó: “Esta propuesta de Constitución les entrega libertad a unos pocos y limita la justicia para muchos. Es un abuso. Por eso el 17 de diciembre voto En Contra” en el plebiscito.
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