POR CATALINA OQUENDO /
Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos se amparan en el principio de jurisdicción universal para pedir que se investigue la responsabilidad penal del expresidente colombiano en asesinatos de civiles durante su Gobierno.
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha sido denunciado ante la justicia federal argentina para que se investigue su responsabilidad penal en crímenes de lesa humanidad. Los querellantes son 11 familiares de víctimas de los asesinatos de civiles para mostrarlos como bajas en combate, conocidas como falsos positivos, y tres organizaciones de derechos humanos. Piden a los tribunales argentinos que apliquen el principio de jurisdicción universal para investigarlo “por ser quien lideró la estructura estatal empleada en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad” por integrantes del Ejército Nacional bajo su mando.
“Venimos a denunciar la participación de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por considerarlo penalmente responsable de por lo menos 6.112 asesinatos y desapariciones de personas en estado de indefensión que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, dice la denuncia conocida por El País de España y radicada este miércoles 8 de noviembre en Buenos Aires. Aunque en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional pactada entre el Estado y las extintas FARC como parte del Acuerdo de Paz, ha documentado 6.402 casos de falsos positivos, la querella se circunscribe a los 6.112 asesinatos o desapariciones ocurridos entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, fecha en la, según los denunciantes, el Gobierno encabezado por Uribe tomó medidas efectivas para detener la criminal práctica.
Varios familiares de víctimas viajaron a la capital argentina junto a representantes de la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Comité de Solidaridad por los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, las organizaciones querellantes, para radicar la denuncia personalmente. Tienen previsto un evento este jueves en la Plaza de Mayo, lugar donde se suelen reunir las Madres de Plaza de Mayo.
Laura Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña, un taxista y pintor automotriz que fue asesinado, dice que interpone la querella “para que por lo menos se investigue la responsabilidad que tiene el señor Uribe dentro de todo esto”. Su objetivo, cuenta por teléfono, es que esto abra un camino para todas las víctimas de falsos positivos, y para que otros hijos no tengan que extrañar el abrazo de un padre como le ocurrió a ella. “Eso es lo que me da fuerza para estar aquí trabajando por desmantelar la impunidad y el negacionismo”.
Su padre ―se sabe ahora― fue llevado a un paraje lejano con engaños por militares y asesinado junto a otra persona aún sin identificar. Les dispararon por la espalda y los hicieron pasar como muertos en combate, admitió el asesino. “Pero yo no busco al perpetrador solamente de la muerte de mi papá, porque esto fue un sistema en todo el país, sino que intento responder la pregunta de nosotras las víctimas de quién dio la orden, por qué se gestó esta orden. Así que le pedimos a la justicia [argentina] que investigue a los responsables de una política de seguridad de Gobierno”.
También ha viajado Andrey Betancourt, cuyo padre, Beyer Ignacio Pérez, fue asesinado en abril de 2007 en Casanare. “La JEP tiene unas limitaciones abismales para investigar a expresidentes y sabemos que la Comisión de Acusaciones del Congreso no opera nunca y es de Absoluciones. Por eso recurrimos a esta justicia”, dice en declaraciones periodísticas.
El País, España.
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