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Al igual que los países del Sur Global, América Latina y el Caribe buscan en la Cumbre Climática de la ONU (COP28) que se lleva a cabo en Dubái entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre fundamentalmente financiación, y mucha.
En ese sentido está orientado el Informe que presentó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en desarrollo de las deliberaciones que se realizan al interior de la COP28.
“Economía del cambio climático en América Latina y el Caribe 2023: Necesidades de financiamiento y herramientas de política para la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima”, es el largo título del reporte que elaboró para esta cumbre en Dubái el organismo internacional que depende de Naciones Unidas.
Según la CEPAL en materia de crisis climática en América Latina “el costo de la inacción supera el costo de la acción” y llamó la atención respecto de los impactos que terminarán de exacerbar los fenómenos meteorológicos extremos.
Se demuestra, por ejemplo, que, “para 2030, la pérdida de productividad laboral debida al estrés térmico podría alcanzar el 10 % en algunos países, lo que afectaría directamente al potencial de crecimiento de la región. Además, hay que tener en cuenta el impacto de los fenómenos extremos”
El informe de la CEPAL destaca la importancia del financiamiento en sectores económicos claves como el cambio de uso de suelo, agricultura, ganadería y silvicultura que a nivel regional representan el 58 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de lo anterior, actualmente el financiamiento está dirigido principalmente a la mitigación en desmedro de la adaptación y las acciones transversales. Así, en 2020 el 89 % del financiamiento climático global estuvo destinado a mitigación, un 8 % a adaptación y sólo un 3% a acciones transversales.
“América Latina y el Caribe está profundamente comprometida con la acción climática: se fijó el objetivo de reducir emisiones entre 24 % y el 29 % para 2030, respecto a un escenario sin cambios. Pero para ello la tasa de descarbonización de la región (0,9 %) tendría que ser cuatro veces más rápida”, advierte el reporte de la CEPAL.
Según el estudio, cumplir con los compromisos de acción climática requiere una inversión de entre 3,7 % y 4,9 % del PIB regional por año hasta 2030. A modo de comparación, en 2020 el financiamiento climático en América Latina y el Caribe fue de solo 0,5 % del PIB regional. Por lo tanto, cerrar la brecha de financiamiento climático requiere aumentar la movilización de recursos nacionales e internacionales entre 7 y 10 veces.
Incumplimiento reiterado
El problema es la falta de palabra de los denominados países desarrollados que en las cumbres asumen varios compromisos pero a la hora de cumplir se desentienden por completo. Así ha ocurrido durante las dos últimas décadas en que las ayudas financieras que se concretan en las negociaciones climáticas no se han cumplido.
En efecto, los países desarrollados han fracasado sistemáticamente a la hora de cumplir la promesa de financiación climática al Sur Global hecha en 2009 de aportar 100.000 millones de dólares anuales para 2020. Esta cifra es mucho menos de lo que los países de renta baja necesitarán para descarbonizar sus economías y adaptarse a los impactos del calentamiento global, que ahora se estiman en billones de dólares al año.
América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres, por detrás de Asia, y cada nuevo fenómeno relacionado con el clima ―como huracanes, inundaciones y sequías― provoca más pérdidas y daños, exacerba las vulnerabilidades y dificulta la capacidad de los países para adaptarse al cambio climático. La región necesita 18.100 millones de dólares adicionales cada año para financiar su adaptación al cambio climático, una brecha que intentará cerrar en la COP28.
La última actualización del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) reveló que, en 2022, los 20 países más contaminantes de la región recibieron 15 veces más ingresos en actividades intensivas en carbono que en inversiones para combatir el cambio climático. En sus presupuestos, estos países también han asignado colectivamente 31 veces más dinero a actividades intensivas en carbono, como la explotación de petróleo y gas, que a la lucha contra la crisis climática y la protección de la biodiversidad. En los países en desarrollo, que a menudo dependen de estas actividades para obtener ingresos, se necesitará ayuda financiera externa para incentivar cambios sostenibles.
La deforestación vuelve a ser un tema clave para las nueve naciones suramericanas que comparten la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo. En la cumbre se evalúan los avances hacia el objetivo de alcanzar la deforestación cero para 2030, lanzado en la COP26 en 2021. Pero la financiación podría ser, una vez más, el punto de fricción. Con nuevos compromisos por parte de los países desarrollados para reforzar la protección de los bosques, como se puso de relieve en la cumbre de los países de las tres principales selvas tropicales del mundo en octubre (cuyos resultados decepcionaron a muchos), está por verse si habrá nuevas promesas.
¿Qué progresos hubo en América Latina y el Caribe desde la COP27?
En los doce meses transcurridos desde la COP27 de Egipto se han puesto de relieve los desafíos a los que se enfrenta América Latina y el Caribe en un clima cambiante. La contracción de las economías y las preocupaciones políticas internas han hecho que, en algunos países, el tema del clima pase a un segundo plano en la agenda, pero los fenómenos meteorológicos extremos han puesto de manifiesto una y otra vez la vulnerabilidad de la región y han supuesto obstáculos para la acción climática.
Las sequías, exacerbadas por el cambio climático, han dañado tanto los ecosistemas como las economías de Suramérica. La actual sequía en la Amazonía constituye un ejemplo ilustrativo; el huracán Otis, de categoría cinco, ha causado enormes daños en México; graves inundaciones han afectado Brasil, Paraguay, Haití y República Dominicana; los termómetros alcanzaron los 40ºC durante el invierno suramericano; y Chile ha luchado contra incendios forestales devastadores.
Algunos avances
No obstante estas calamidades climáticas ha habido algunos avances en la región. Tras la vuelta al poder en enero de este año del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la deforestación de la Amazonía brasileña en los primeros nueve meses de su mandato ya era tres veces menor que en el mismo periodo de 2022, lo que supone un buen comienzo de una de sus principales promesas electorales. En agosto, Lula también organizó una cumbre de líderes amazónicos con el objetivo de impulsar la cooperación en la protección de los bosques. En Bolivia, sin embargo, sigue aumentando la preocupación por la alarmante pérdida de bosques, ya que se perfila como una de las nuevas fronteras de la deforestación en la región.
Ha habido avances positivos hacia la descarbonización. Un informe del grupo de investigación Zero Carbon Analytics publicado en octubre destacó que 2023 será un año récord para el crecimiento de la energía eólica y solar en América Latina, con un total de 25 gigavatios en nueva capacidad proyectada para ser añadida en toda la región, y 319 GW de proyectos en curso. Brasil, informa, ha registrado un aumento de la capacidad solar de 1 GW en promedio por mes desde julio de 2022.
Por otra parte, el presidente colombiano Gustavo Petro, también deseoso de cumplir las promesas medioambientales de su campaña, firmó en agosto la adhesión de su país a la Alianza Beyond Oil & Gas, con la que pretende desligar a Colombia de la dependencia de los ingresos del petróleo y promover las energías renovables. Mientras tanto, en Ecuador, en un referéndum histórico celebrado en agosto, la población votó a favor de poner fin a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares más diversos del mundo, aunque aún está por verse cómo se interpretará y aplicará la decisión bajo la presidencia del nuevo mandatario, el magnate neoliberal Daniel Noboa.
Desde el Caribe, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ha seguido siendo una voz destacada en el impulso a la reforma de las instituciones financieras mundiales para satisfacer mejor las necesidades climáticas de los países en desarrollo. Ocupó un lugar destacado en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, celebrada en París en junio de 2023, donde señaló cómo los países en desarrollo pagan más por el servicio de sus deudas de lo que reciben como financiación para el clima.
Mottley y otros defensores siguen exigiendo una reestructuración del Banco Mundial y sus filiales, más financiación en condiciones favorables y basada en subvenciones, así como la cancelación de la deuda de los países menos desarrollados.
En ese contexto, América Latina y el Caribe buscan financiamiento para lograr una transición justa a economías bajas en carbono, apostando a sectores clave como las energías renovables, la electromovilidad y la agricultura regenerativa, protegiendo los valiosos ecosistemas de la región y apoyando las cada vez más urgentes inversiones en adaptación y resiliencia.
De esta manera múltiples voces de la región respaldan el anunciado cambio de paradigma anunciado para este COP28, según el cual urge acelerar la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles; transformar los acuerdos de financiación de la lucha contra el cambio climático; y garantizar la inclusión en los procesos de mitigación del calentamiento global de las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades locales, los jóvenes y los agentes subnacionales.
Habrá que esperar hasta qué punto lo que se acuerde en esta cumbre de Dubái se cumpla y no pase de ser mera retórica como ha ocurrido con las COP anteriores.
