POR ALEXIS POLO GONZÁLEZ /
Tras casi 100 días desde que se iniciaron las negociaciones para dar continuidad al proceso constituyente de Chile, los partidos políticos con representación parlamentaria lograron destrabar el nudo más complejo de las discusiones: el órgano que redactará la nueva propuesta de Constitución. Se trata de optar por una nueva Carta Política a la medida de los sectores tradicionales del país sin participación ciudadana.
Expertos designados por el Congreso y ciudadanos electos serán los encargados de brindar a Chile una nueva Carta Magna.
La tarde de este lunes 12 de diciembre, luego de más de tres meses de negociaciones, los partidos políticos presentaron el acuerdo que permite abrir un nuevo proceso constituyente.
Las conversaciones comenzaron inmediatamente después del plebiscito del 4 de septiembre, donde el 61,86 % de los votantes rechazó la propuesta de nueva Constitución.
En un documento, denominado Acuerdo por Chile, las fuerzas políticas suscribieron un consenso realizado “desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva Constitución para Chile”. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el timonel de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, fueron quienes lo presentaron.
“Tenemos que aprender con humildad de las lecciones de nuestra historia y hoy se ha suscrito el Acuerdo por Chile por un número significativo de las fuerzas políticas que habilita el nuevo proceso constituyente. Agradezco la responsabilidad de los actores de este diálogo, pues hoy se inicia el camino para avanzar en una Constitución nacida en democracia”, dijo Elizalde desde el hall de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Elizalde manifestó que “hubo momentos de tensión, pero jamás perdimos la esperanza”. Asimismo, llamó a “actuar con responsabilidad”, ya que la ciudadanía los está observando.
El diputado conservador de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, en declaraciones a Sputnik comentó que tiene una buena percepción del acuerdo.
“Creo que nos costó muchísimo. En los temas fundamentales había un acuerdo y hace un par de semanas fueron los temas procedimentales donde nos entrampamos, principalmente los cuórum para aceptar o no las normas constitucionales”, señaló.
“Varias fuerzas hoy, que no somos parte del Gobierno, y fuerzas del oficialismo, jugamos un rol para ayudar a destrabar ese punto que, finalmente, logró sellar el acuerdo”, agregó.
Aedo explicó que, con las bases constitucionales, las cuales fueron debatidas y aprobadas por todas las fuerzas que participaron de las negociaciones, Chile cambiará el modelo subsidiario por un Estado de Derecho.
Las bases del nuevo proceso constituyente
A diferencia del proceso constituyente anterior, que emanó desde el Congreso Nacional para darle una salida institucional a la grave crisis social que vivía el país tras las masivas movilizaciones de octubre de 2019, esta vez no se comenzará con una hoja en blanco.
Las cúpulas de los partidos políticos acordaron una serie de bases constitucionales para este nuevo proceso. Una de ellas es considerar a Chile como una República democrática, cuya soberanía reside en el Estado “unitario y descentralizado”. Además, se reconoce al país como un “Estado social y democrático de derechos”, con división de poderes: Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Asimismo, se “reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”. Este punto acordado deja así de lado el debate sobre la plurinacionalidad, uno de los elementos más controversiales de la anterior propuesta constitucional.
El acuerdo determina que el Banco Central, Justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría se consagran en la Constitución como órganos autónomos. Además, la Constitución deberá reconocer cuatro estados de excepción: asamblea, sitio, catástrofe y emergencia.
“Empujamos el acuerdo lo más allá que pudimos”
Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social, partido moderado del mandatario Gabriel Boric, explicó que actualmente son minoría en el Congreso, por eso estuvieron “empujando el acuerdo lo más allá que pudimos y sabemos que no podemos dejar pasar una oportunidad para escribir una nueva Constitución”.
“Luego vendrán otras generaciones que empujarán más allá y podrán probablemente hacerlo mejor”, agregó a manera de consuelo.
Respecto a cómo se concretó el acuerdo, Ibáñez señaló que “ejercimos una presión unitaria como alianza de Gobierno. También se hizo conciencia en la centroderecha de la importancia de respetar el principio del 100% de ciudadanos electos. Eso permitió abrir las puertas para que hoy pudiésemos tener un órgano paritario con representación indígena”.
El poder de veto que tendrán los expertos y la falta de lista de independientes
El grupo de 24 expertos, 12 designados por la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 por el Senado, elaborará un anteproyecto que pasará al futuro Consejo Constitucional. Mientras quienes quieran postular al órgano electo, deberán ser militantes de un partido político o tener el respaldo de uno de ellos, a diferencias del antiguo proceso donde se permitió la creación de listas de independientes.
Si el Consejo Constitucional elabora un documento que no está en concordancia con el anteproyecto de los expertos, estos podrán vetarlo. Si el texto es vetado, el Consejo podrá insistir en su propuesta. Sin embargo, necesitará el voto a favor de los tres quintos de sus integrantes.
Para el diputado Aedo, la designación de expertos y su rol en el nuevo proceso es “adecuado”. Según el parlamentario, “una de las cosas que más criticó la gente del antiguo proceso fue que cada constituyente elevara la apuesta con ideas muy fuera de lo que en general la gente esperaba en el país. Y me parece que tiene que haber un golpe no solo de control, sino que genera normas mucho más positivas y con sentido común para que la gente, obviamente, en un proceso de salida, apruebe una nueva Constitución”.
El calendario constituyente
La redacción de la nueva propuesta constitucional comenzará en enero de 2023, cuando el Comité de Expertos empiece su labor. En abril se elegirán las 50 personas que integrarán el Consejo Constitucional, nombre que se le otorgó al órgano de composición electa.
El trabajo del Consejo Constitucional comenzará a funcionar en mayo, tomando como base el anteproyecto que entregará el Comité de Expertos y deberá presentar al país la propuesta de nueva Constitución en octubre.
Finalmente, entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre de 2023, se realizará el plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución. Esa elección, al igual que la de los convencionales, será con voto obligatorio.
Para habilitar el nuevo proceso constituyente, se necesita un quórum de cuatro séptimos, tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado. Votos que estarían de sobra debido a la transversalidad del acuerdo firmado.
Sputnik
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