POR HORACIO DUQUE /
Si no es por la rigurosa disciplina del equipo de seguridad del candidato presidencial del Pacto Histórico, senador Gustavo Petro, esta sería la hora en que el país estaría sumido en otra tragedia social por cuenta de otro espantoso magnicidio contra un prominente líder de los movimientos de izquierda y progresistas de Colombia.
Aunque el general Jorge Luis Vargas, comandante de la Policía Nacional, dice que esta institución no tiene ninguna información sobre los planes criminales (nada distinto se puede esperar de estos organismos comprometidas abiertamente con el uribismo neonazi y sus masacres, que las acaba de premiar con un jugoso aumento de sueldos), lo cierto es que la campaña de Petro tiene todos los detalles de cómo se ejecutaría esta acción demencial en el municipio de Dos Quebradas (Risaralda) por sicarios de ‘La Cordillera’ y ‘Los Flacos’, a quienes se les entregó una cifra superior a los 500 millones de pesos (150 mil dólares) para ejecutar el sangriento operativo, bastante similar a los asesinatos de Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Jaime Pardo Leal, todos ellos orquestados por la mafia del narcotráfico ligada a políticos liberales y conservadores, a banqueros y empresario de las roscas bogotanas y de Medellín.
En Colombia, no obstante que la ultraderecha uribista y el militarismo neonazi se rasgan las vestiduras sobre la erradicación del paramilitarismo y su eliminación absoluta, después de los Acuerdos de Ralito y de la Ley de Justicia y Paz, la realidad en los territorios es totalmente contraria a esta leyenda de mentiras y fantasías. De la mano de generales, altos oficiales del Ejército, de altos oficiales de la Policía, de políticos corruptos gobiernistas, alcaldes, gobernadores,
terratenientes, multinacionales, de la embajada norteamericana y de los servicios de inteligencia británicos y judíos, el paramilitarismo ha mutado hacia bandas más letales y sofisticadas en el uso de la violencia contra los movimientos sociales y los partidos de izquierda.
Hay una ola de neoparamilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Montería, en el Cesar, en el sur de Bolívar, en Santander, en los municipios del sur del Meta, donde se hacen llamar los “cuchillitos” (Puerto Rico, San Juan de Arama, Granada, Lejanías, Mesetas), en Putumayo, Cauca y Caquetá.
En el Eje cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas) y el Norte del Valle del Cauca (Cartago, Tuluá y Obando) el neoparamilitarismo está en auge desde hace casi una década con la presencia de unas temibles máquinas de guerra que han secuestrado el Estado, organizadas con apoyo de las Brigadas Octava, Tercera y los Comandos metropolitanos de Policía, financiadas por el narcotráfico y la corrupción, y utilizadas por las facciones políticas predominantes en los procesos electorales que controlan escogiendo congresistas, diputados y ediles municipales.
Esas bandas fueron comisionadas para acribillar a Gustavo Petro, cerca de Pereira.
Son dos bandas: ‘La Cordillera’ y ‘Los Flacos’.
‘La Cordillera’ es una estructura criminal montada por Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, preso en la actualidad en la cárcel de Girón (Santander), a donde fue trasladado desde la Picota (Bogotá), lugares desde los cuales administra (vía Signal y WhatsApp) y mueve el tren de sicarios que ejecutan masacres y exterminio de líderes sociales en perfecta coordinación con el Ejército, la Policía y altos oficiales del Inpec. ‘La Cordillera’ y ‘Macaco’ están al servicio de políticos como el gavirista Juan Pablo Gallo, elegido recientemente senador liberal con apoyo financiero de Diego Pereira, un poderoso mafioso de Risaralda que cuenta con abundantes conexiones financieras con la mencionada banda criminal.
‘La Cordillera’ está igualmente vinculada con el senador liberal protegido de César Gaviria, Mario Castaño, de Manizales, organizador de grupos paramilitares en la Dorada y Pácora (Caldas) y cerebro de una cadena de desfalcos multimillonarios en distintos programas del gobierno de Ivan Duque que lo ha favorecido con centenares de contratos y cupos indicativos, malversando los dineros de la paz.
Alias ‘Toto’, un gamonal en las sombras en Armenia y Roldanillo, dueño de la Alcaldía de la capital del Quindío, es otro socio prominente de estas bandas junto a su esposa, la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, del riñón de German Vargas Lleras, con un proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia por robo de las regalías en este departamento, que esta trancado por el tráfico de influencias del senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino.
‘Los Flacos’ es la otra mortífera pandilla de sicarios que está detrás de Petro, con asiento en las ciudades de Cartago, Obando, Tuluá y Buga en el norte del Valle. Su comandante es alias ‘Gafas’, José Ignacio Mira Sarmiento, un exoficial del Ejército, involucrado directamente en las más aterradoras masacres en el territorio urbano de Cartago, quien además coordina operaciones con Alex Serna (‘Alecito’), narco de Obando, preso en la Picota de Bogotá, que ha sido alcalde de este municipio vallecaucano, con poderosos tentáculos en el comercio de la coca desde el Cañón de Garrapatas hacia los mercados internacionales.
Walter Quintero Toro, alias Waltercito, es el encargado de los sicarios de esta red; es sobrino del poderoso narcotraficante Ramón Quintero (alias ‘RQ’), de Buga, quien hace poco regresó silencioso desde una cárcel de los Estados Unidos donde se encontraba extraditado desde el 2010, para prestar sus servicios judiciales con testimonios fraudulentos al cuestionado abogado Diego Cadena, quien asesoraba con ‘torcidos’ jurídicos a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago.
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