INTERNACIONAL PROGRESISTA & COMMON FRONTIERS /
La guerra jurídica se ha convertido en el arma elegida por las fuerzas reaccionarias de todo el mundo. Pero no siempre ha sido así. ¿De dónde procede? ¿Cuándo llegó a América Latina? ¿Por qué ganó tanta popularidad en distintos partidos, países y contextos?
La democracia está amenazada en todas partes. Las insurrecciones en el Capitolio de los Estados Unidos en 2021 y en la Plaza de los Tres Poderes de Brasil en 2023 no sólo ilustraron el destino común de los sistemas democráticos, sino también las tácticas compartidas desplegadas por las fuerzas conservadoras y reaccionarias para debilitarlos. Sin embargo, el arma más poderosa del arsenal del autoritarismo es también la más insidiosa, mucho menos teatral que un motín, pero a menudo mucho más eficaz en su asalto a las democracias: la batalla jurídica, o “lawfare”, término acuñado por el coronel de las Fuerzas Aéreas de los EE.UU., Charles J. Dunlap, en 2001, para describir “el uso de la ley como arma de guerra”.
A pesar de los numerosos panegíricos de la última década, la democracia aún no ha muerto. En todo el hemisferio se han formado nuevos y poderosos movimientos para incorporar las demandas populares a los sistemas democráticos. El llamado a salarios más altos, reforma agraria y “Paz total” como propone el presidente de Colombia, Gustavo Petro, emana hoy de las protestas callejeras a las salas del parlamento. En América Latina, los nuevos gobiernos “progresistas” están llegando al poder con el mandato de responder a esas protestas y cumplir sus demandas. Sin embargo, los intereses consolidados en América Latina —muchos de los cuales han dominado la región durante siglos, con apellidos que han permanecido en el poder durante generaciones— no se derriban fácilmente. A medida que las fuerzas progresistas han ido ganando confianza, experiencia y popularidad electoral, su contraparte ultraconservadora, las fuerzas reaccionarias, se han visto obligadas a reagruparse y renovar sus estrategias para aferrarse al poder y resistirse a las reformas progresistas. Hace dos siglos, esa estrategia era llevada a cabo por las potencias imperiales. Hace un siglo, por generales militares. Pero hoy, en América Latina, la democracia sigue siendo el paradigma dominante y la norma estándar de gobierno nacional, aprobada, si no impuesta, por los vecinos del norte, los Estados Unidos y Canadá. Las fuerzas reaccionarias, por su parte, entienden que la búsqueda de la dominación debe ajustarse a sus amplios límites.
Dentro de esas limitaciones, pues, una táctica se ha convertido en dominante: la “guerra jurídica”: el despliegue del poder judicial para perseguir a oponentes políticos: candidatos, partidos, incluso organizaciones y movimientos sociales enteros. América Latina ha sido un laboratorio de estas tácticas, desde casos de alto perfil como el del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que captan la atención del mundo, hasta otros de perfil más bajo, como el Movimiento para la Liberación de los Pueblos de Guatemala, que reciben poca cobertura en el extranjero. Pero estas tácticas se están globalizando, exportándose y desplegándose por todo el mundo en países como Turquía, India e incluso los EE.UU. Por tanto, el destino de la guerra jurídica, de la táctica, de quienes la practican y de quienes se resisten a ella es el destino de la democracia y punto. Teniendo en cuenta lo que está en juego, la Internacional Progresista y el grupo de trabajo multisectorial Common Frontiers de Canadá editaron un detallado informe en el que se ofrece una descripción de la guerra jurídica: sus orígenes, su aplicación y sus implicaciones. Comienza con una visión general del concepto: ¿Qué es la guerra jurídica? ¿De dónde procede? ¿Cómo se utiliza? ¿Y por qué es tan peligrosa? A continuación, el reporte se centra en su despliegue en tres estudios de casos de la última década: Brasil, Ecuador y Guatemala, tres países en los que la guerra jurídica ya ha cambiado irrevocablemente el curso de la historia de estas naciones.
Por último, el informe examina las implicaciones tanto a nivel regional como mundial, a través de la internacionalización de la táctica y su aplicación más allá de América Latina. Por tanto, el objetivo de esta investigación informe no es sólo describir un capítulo de la historia o proporcionar una lección de ciencia política. Más bien, se trata de ayudar a formar a las fuerzas progresistas para que se preparen para la llegada de esta insidiosa táctica, y para resistirla: en las calles, en la prensa, en los parlamentos y en los tribunales.
Instrumento de la guerra híbrida
La guerra jurídica no es más que uno de los muchos instrumentos del amplio conjunto de herramientas de la guerra híbrida, que va desde la propaganda mediática a la intervención militar directa, pasando por todo lo demás. Ya en el siglo XXI, las fuerzas populares de América Latina se han enfrentado a muchos ataques que utilizaban tácticas no relacionadas con la guerra jurídica. Estas armas adicionales de la guerra híbrida o convencional pueden complementar a la guerra jurídica, pero no tienen por qué utilizarse conjuntamente. Algunas de estas armas son económicas. Los Estados Unidos siguen imponiendo unilateralmente a Cuba un bloqueo económico ilegal de más de 60 años. Países como Canadá, el Reino Unido y otros Estados europeos se han unido a los EE.UU. para imponer un castigo colectivo en forma de sanciones paralizantes contra Venezuela, Nicaragua y Haití.
Durante décadas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han impuesto programas de ajuste estructural para acelerar las reformas neoliberales, abrir los mercados del Sur a la privatización y someter el desarrollo nacional soberano a las exigencias del capital internacional. Algunos implican el uso de la violencia coercitiva. Las balas, las prisiones y los herbicidas tóxicos de la Guerra contra las Drogas dirigida por los EE.UU. asolan el mundo. Militares y fuerzas de seguridad extranjeras continúan con operaciones directas e indirectas, desde tropas británicas que asesoran a fuerzas policiales en Colombia hasta la intervención militar directa de Washington, Canadá, entre otros, en Haití en 2004 para consolidar el golpe contra Jean-Bertrand Aristide.
En 2023, tropas, aviones y buques de guerra canadienses y estadounidenses vuelven a desplegarse en Haití. Otras implican golpes de Estado explícitos. En Bolivia, las falsas acusaciones de fraude electoral, reforzadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) junto con intereses extranjeros, precipitaron un golpe de Estado contra el entonces presidente boliviano Evo Morales por parte de Jeanine Áñez y sus aliados.
En 2009, un golpe del ejército hondureño alentado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos expulsó del país en plena noche al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Sin embargo, ninguno de estos ejemplos, por reprobables que sean, debe confundirse con la guerra jurídica. Si se quiere combatir la guerra jurídica, es preciso entenderla no como un cajón de sastre, sino como una estrategia movilizada sistemáticamente contra las fuerzas populares.
La guerra jurídica no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. Por décadas, América Latina ha desempeñado el papel de taller del imperio, un laboratorio para que los Estados Unidos y sus aliados experimenten con políticas económicas y tácticas políticas que luego se exportan a otras partes del mundo.
Descargar el informe
Para acceder a la investigación en archivo PDF, ingresar al siguiente enlace:
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