POR GILBERTO LOPES /
“Toda la obra de Moro terminará. Será una vergüenza nacional”, habría dicho un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, refiriéndose al exjuez y exministro de Justicia del gobierno Bolsonaro, Sergio Moro.
La semana ha sido intensa en América Latina. No solo en Brasil. Se habló poco de la visita del presidente argentino, Alberto Fernández, a México. En Iguala, donde celebró con su colega Andrés Manuel López Obrador el bicentenario de la independencia de ese país, recordó que el continente americano es el más desigual del mundo y convocó a la unidad para combatirla. En un territorio donde muy pocos concentran la riqueza, “¿quién puede vivir en paz con su conciencia?”, se preguntó.
Alberto Fernández y su par mexicano tienen una muy buena sintonía, escribió desde México la corresponsal del diario argentino Página/12, Melisa Molina. Algo que no sólo se expresa en las declaraciones públicas sino también en los análisis y planes que han comenzado a discutir, afirmó.
En las conversaciones surgió un tema importante, que preocupa a ambos: la OEA. La injerencia en América Latina de las políticas del expresidente norteamericano Donald Trump en la OEA persisten. “No sólo recordaron con amargura el golpe de Estado en Bolivia que casi le cuesta la vida a Evo Morales –dijo Molina–, sino que también compartieron la preocupación que les genera la participación de esta organización en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Ecuador”.
La lucha de Ecuador
Dada por resuelta la controversia sobre los resultados electorales en ese país, el banquero Guillermo Lasso, con 19,74% de los votos, se impuso por poco más de 32 mil al candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, que obtuvo 19,39%. Y va a segunda vuelta con el candidato de la Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, que alcanzó casi 33% de los votos. Habrá segunda vuelta el 11 de abril entre los dos primeros.
Pérez, derrotado, ha convocado su gente a las calles, sin que una marcha realizada desde la zona central de la Sierra hasta Quito, el pasado 23 de febrero, tuviera el impacto que pretendía.
Izquierda Democrática (ID), de origen socialdemócrata, tuvo un sorprendente buen resultado. Su candidato, Xavier Hervas, quedó cuarto. Alcanzó casi 16% de los votos, más de lo señalado por cualquier encuesta, y decidieron, la semana pasada, no apoyar a ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda.
La ID recomendó a sus bases y dirigentes tomar las mejores decisiones para el país, “dejando de lado las posturas radicales, que han limitado las libertades y han sumido al Ecuador en una espiral de corrupción y autoritarismo, apartados también de toda pretensión de privatizar la salud pública, la seguridad social o desarticular el Estado”.
Preguntado, en entrevista publicada el pasado 24 de febrero por el diario conservador El Comercio, sobre como haría para sumar los votos del movimiento indígena y de ID en la segunda vuelta, Lasso afirmó que su enfoque era dirigirse a los electores. “Nuestro objetivo será hablar con los ciudadanos”.
En su tercera postulación presidencial, parece difícil que pueda superar la diferencia que lo separó de Arauz en la primera vuelta.
Usted ganó solo en dos provincias, a diferencia del 2017, cuando ganó ampliamente en la Sierra y en la Amazonía. ¿Qué pasó y cómo piensa revertirlo?, le preguntó el periódico.
“En el 2017 eran ocho candidatos, en esta ocasión 16, una dispersión inmensa. Por lo tanto, creo que fue una elección totalmente distinta. Ahora estamos en segunda vuelta. El cronómetro está en cero y debemos llevar adelante una nueva batalla democrática”, respondió.
El escenario ecuatoriano extiende su influencia más allá de sus fronteras. En marzo del 2008 el gobierno colombiano había atacado un campamento fronterizo de guerrilleros en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en el que mató el dirigente Raúl Reyes.
Ahora fue el fiscal colombiano Francisco Barbosa el que viajó a Ecuador para acusar la candidatura de Arauz de haber recibido 80 mil dólares del guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) para su campaña electoral.
Para eso usaron un procedimiento hecho habitual en Colombia, con grabaciones supuestamente encontradas en computadoras de guerrilleros abatidos. En este caso, en la del comandante ‘Uriel’, muerto meses antes de que se anunciara la candidatura de Arauz. En la grabación, una voz –que la Fiscalía colombiana atribuye a Uriel– le ofrece los 80 mil dólares para la campaña.
El “hecho” fue luego difundido por la revista Semana, otrora un prestigioso medio colombiano, antes de ser vendido al grupo empresarial Gilinski y de que renunciaran, en noviembre pasado, su director y varios de sus más prestigiosos periodistas.
El operativo montado por el gobierno de Duque fue calificado por el expresidente colombiano Ernesto Samper como un infamia, “una campaña sucia para afectar elecciones de un vecino país y amigo”.
Venezuela – UE
En Venezuela, finalmente se rompió la delgada cuerda de las relaciones con la Unión Europea (UE), luego de que esta anunciara sanciones a 19 líderes políticos, del gobierno y de la oposición, que se suman a once sancionados anteriormente. A lo que el presidente Nicolás Maduro respondió dando 72 horas a la representante de la UE en Caracas para abandonar el país. Otra vuelta de tuerca en unas relaciones tensas con una Unión Europea a remolque de la política de Washington.
Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, recordó las sanciones impuestas a ese país por la Unión Europea: Euroclear retuvo 1.650 millones de dólares que el gobierno venezolano había pagado para la compra de alimentos y medicinas; la financiera Novo Banco, con sede en Portugal, retuvo 1.543 millones de euros del Estado venezolano destinados a pagar los tratamientos para personas con enfermedades crónicas; y, en 2018, el Banco de Inglaterra se negó a repatriar 1.200 millones de dólares de oro venezolano, de los ocho mil millones que Venezuela tiene depositados en esa entidad.
Pineda se refirió al informe de la relatora de Naciones Unidas, Alena Douhan, divulgado el pasado 12 de febrero, sobre los efectos devastadoras de las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos y la UE a Venezuela.
“Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)”, afirmó la relatora.
El país hoy percibe menos del 1% del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.
“Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional”, señaló Douhan, para recordar que cerca del 90% de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1% de la cesta alimentaria, lo que los condena a la pobreza extrema.
Sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal –agregó– “constituyen una violación del derecho internacional”.
La mano escandalosa de la prensa
En Brasil, durante años, Moro y el fiscal Deltan Dallagnol se presentaron como los paladines de la lucha contra la corrupción. Eran la cara de la operación Lava Jato. Todos jueces y fiscales de provincia, instalados en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, se transformaron, poco a poco, en el eje en torno al cual giraba la vida política nacional. Hasta condenar al expresidente Lula por la adquisición fraudulenta de un apartamento en la playa de Guarujá, en São Paulo y sacarlo de las elecciones del 2018, que terminaron llevando a Jair Bolsonaro al gobierno.
Una condena fraudulenta, como está claro hoy, en la que la ausencia de pruebas fue sustituida por las maquinaciones entre el juez y el fiscal para darle un tinte de legalidad a la decisión. El careo entre Moro y Lula es una de las piezas más notables del proceso judicial brasileño en años recientes.
Todo eso solo fue posible gracias a la creación de un ambiente favorable entre la opinión pública por los grandes medios de prensa brasileños, sobre todo la red Globo, pero también los diarios Estado de São Paulo y Folha de São Paulo.
Las revelaciones de los hackers de las comunicaciones de la Lava Jato desnudaron el acuerdo de la Globo con ese equipo. Hoy, los tres medios empiezan a tomar distancia de un escándalo que envuelve el sistema judicial brasileño pero, sobre todo, remece nuevamente su sistema político.
“Desde que se hicieron públicas, en junio de 2019, las primeras filtraciones de las conversaciones entre los investigadores de la Lava Jato y el entonces juez Sergio Moro –dijo, en editorial, la Folha de São Paulo del sábado 27 de febrero– quedó en evidencia que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no tuvo un juzgamiento imparcial en el caso del apartamento de Guarujá. Las grabaciones mostraron una cercanía inaceptable entre el magistrado y los acusadores”, lo que, en opinión del periódico, es razón suficiente para dudar de la imparcialidad del proceso.
Todo eso solo fue posible porque la gran prensa brasileña lo alimentó, cuando siempre fue evidente que se violaban los derechos de la defensa y que a Lula se condenaba sin pruebas. Ahora que, además de la evidencia, salieron a la luz las conversaciones entre los fiscales y el juez, esa prensa comienza a retractarse.
Lo que desató el lawfare fue, entre otras cosas, el protagonismo internacional de Brasil y del grupo de los BRICS –dijo el excanciller y exministro de Defensa Celso Amorim– pero, principalmente, el petróleo, el descubrimiento de las enormes reservas del pre sal en la costa brasileña.
“La verdad se está asomando. Moro organizó una pandilla llamada Lava Jato”, dijo, por su parte, Lula, en entrevista publicada la semana pasada.
Ya se había conocido la grabación en la que Dallagnol hacía referencia a la cooperación ilegal con autoridades norteamericanas (a las que la Lava Jato entregaba regularmente información sobre el caso y sobre las empresas brasileñas, incluyendo la petrolera Petrobrás), suizas y monegascas, con conocimiento del juez Moro. Entonces surfeaban sus mejores olas.
Advertido por colegas de que esas prácticas podrían poner en peligro los casos contra Lula, Dallagnol afirmó: –Hace mucho que he perdido toda vergüenza. Jamás imaginaron que las conversaciones se harían públicas.
Ahora, contratado por una empresa norteamericana que da asistencia a la constructora Odebrecht –una de las principales acusadas en la operación Lava Jato, por repartir propinas en diversos países de América Latina– Moro se lamenta de que toda la operación podría ser anulada.
La Lava Jato –dijo Gilmar Mendes, miembro del Supremo Tribunal Federal– “corrompió la democracia en Brasil”. “Toda la obra de Moro terminará. Será una vergüenza nacional”, habría dicho uno de los integrantes del tribunal.
Ahora el STF deberá votar la anulación de las condenas impuestas por Moro, lo que abre las puertas para la restauración de los derechos políticos de Lula.
Un momento terrible
La Lava Jato abrió las puertas para el gobierno de Bolsonaro, con el apoyo militar. “Brasil vive un momento terrible de su historia”, estimó el embajador Samuel Pinheiro Guimarães, Secretario General de Itamaraty entre 2003 y 2009 y Ministro de Asuntos Estratégicos en la segunda administración Lula, entre 2009 y 2010.
Terrible momento en el que Brasil es víctima de una política de destrucción de su Estado, de su economía, de su sociedad, ejecutada por el propio gobierno, dice Guimarães, que critica la aprobación de una enmienda constitucional que impone un techo de gastos por 20 años al gobierno federal, que prioriza el pago de los intereses de la deuda e impide una necesaria política de gasto público que atienda las necesidades de la población y de desarrollo del país.
Política que va acompañada de un agresivo programa de privatizaciones que el gobierno trata de impulsar, en particular con la más reciente medida de apertura de la empresa eléctrica nacional, Electrobras, a la inversión privada. La idea es que, con la venta de acciones, el gobierno pase a ser un socio minoritario, en espera de que, al final, el Congreso apruebe la legislación necesaria para desestatizar la empresa.
El escenario brasileño es, probablemente, el más dramático en América Latina, donde se suma a una propuesta radical de privatizaciones y reducción del gasto público la incompetencia de un gobierno “ordinario”, “indiferente al sufrimiento ajeno”, como lo señaló Guimarães.
La difícil unidad
En tres semanas, el 26 de marzo, el presidente Jair Bolsonaro viajará a Argentina para participar en la cumbre del Mercosur que realizará el presidente Alberto Fernández, para conmemorar los 30 años de la organización.
Será el primer viaje de Bolsonaro a la Argentina, así como también la primera vez que se ve personalmente con Alberto Fernández, recordó el diario Página/12. Una relación del todo inusual entre dos países vecinos y los más importantes de América del Sur.
En la cumbre se presentará el estatuto de ciudadanía del Mercosur, que extiende a todos los habitantes de los cuatro países del bloque –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– derechos civiles en las más diversas áreas, y se avanzará en la integración en materias como arancel externo común, régimen de origen, comercio electrónico y de servicios, Fondo para la Convergencia Estructural (Focem), sector automotor y cuestiones institucionales.
Pero la decisión más importante, y más amenazadora para el bloque, podría ser otra. El 3 de febrero, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, visitó a Bolsonaro en Brasilia, para promover su idea de “flexibilizar” el Mercosur. Una idea que comparte también Paraguay.
“Pertenecemos al Mercosur y ya vamos a cumplir 30 años en esta asociación”. El próximo paso debe ser la flexibilización, dijo Lacalle, para que cada miembro pueda avanzar en la realización de sus propios acuerdos comerciales. Algo con que Bolsonaro coincidió y que actualmente no está permitido dentro del grupo.
Noche larga y fea para la oposición
La semana se cerró con las elecciones parlamentarias del domingo en El Salvador. La noche electoral pinta larga y fea para las oposiciones. Los dos tercios de las curules en la Asamblea de 84 diputados y la inmensa mayoría de los gobiernos locales están al alcance de lo que ya comienza a llamarse la aplanadora cian, por el color que identifica al partido del presidente Nicolás Bukele, Nuevas Ideas, dijo el escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya, en una entrevista para el diario El País, desde la Universidad de Iowa, donde da clases de literatura.
“La guerra civil comenzó en 1932 con la insurrección comunista y terminó en 1991 con los Acuerdos de paz. Son 60 años de conflicto y los siguientes 30 años posteriores a la guerra civil consistieron en deshilvanar la polarización política país”.
El fenómeno Bukele “es posible gracias a eso y si no hubiera sido así nunca habría llegado al poder. Durante estos años pasamos de una política definida por el crimen a una política definida por la política y la convivencia democrática. Sucedió que esos protagonistas democráticos se fueron autodestruyendo en el ejercicio del poder. Ahora vamos a ver si esa dinámica autodestructiva no destruye también al propio Bukele más rápido que a los otros”.
Consultado sobre la forma despectiva que tiene Bukele de referirse a unos acuerdos de paz que pusieron fin a décadas de conflicto armado (pero que el presidente, de 39 años, no vivió), Horacio Castellanos contestó: –“Me da tristeza y siento que vivimos en lo que Sergio Ramírez llama la rueda de la bicicleta porque, en verdad, los problemas esenciales son los mismos: violencia, pobreza, emigración”…
“La fuente de financiación de El Salvador sigue siendo la misma: expulsar a la gente para que mande remesas desde Estados Unidos. En esencia los problemas son los mismos pero aparece alguien joven, bien plantado y bien crecido e hipnotiza a la gente con la habilidad de su discurso”.
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