POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Es indudable que, si se habla de cumplimiento de las promesas de campaña en su primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro, ha sido notorio su compromiso de lucha contra la corrupción. Se han hecho públicos numerosos escándalos de corrupción y crimen de los gobiernos anteriores, ejecutores de esta práctica criminal que ha perdurado durante décadas, como fuente de acumulación de las fortunas de la oligarquía gobernante y de sus gremios económicos, industriales, terratenientes, banqueros, comerciantes, exportadores, ganaderos, las mafias del narcotráfico, etc. Así como, de financiación de los partidos tradicionales, junto a sus recientes derivaciones, y sus gobiernos de derecha y extrema derecha, que convirtieron al Estado liberal y sus instituciones, en un monumental aparato de acumulación de capital, sostenimiento de sus clientelas electorales, explotación de la clase trabajadora, corrupción y crimen organizado.
En este primer año, se ha corrido el manto de impunidad, en el que se mantenían, por acción de los tradicionales medios de (in)comunicación masiva y complicidad de la justicia, numerosos escándalos de corrupción que comprometen tanto a los exmandatarios como a numerosos funcionarios venales de sus respectivos gobiernos. Estos son algunos de los escándalos que por acción del Gobierno Petro han salido a la luz pública:
- Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), descubrió y denunció que esta entidad había sido puesta al servicio de las mafias desde su creación en 2009 y procedió a recuperar, haciendas, carros lujosos, mansiones, etc., que habían sido expropiadas por la justicia a narcotraficantes, pero, que no fueron destinadas por gobiernos anteriores (Uribe, Santos y Duque) a la reparación de víctimas del terrorismo de Estado, del paramilitarismo y del narcotráfico, sino adjudicadas a políticos, empresas y testaferros. Las tierras recuperadas, en Córdoba (hacienda de Pontevedra en planeta Rica) en Sucre, (hacienda El Paraíso en San Marcos), en Cundinamarca (finca del narco alias “Orejas” adjudicada al general de la “comunidad del anillo”, Rodolfo Palomino), que se entregaron a organizaciones campesinas, que, con asistencia técnica, serán destinadas a proyectos agroalimentarios y ambientales. La procuradora del clan Char, Margarita Cabello, suspendió por tres meses al director de la SAE por denunciar y suspender la venta a menor precio de la Triple A, que había realizado el gobierno charista de Barranquilla.
- Augusto Rodríguez, nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) denunció que dicha entidad había sido convertida en una cueva de bandidos al servicio del Clan del Golfo y narcotraficantes, de funcionarios corruptos que vendían esquemas de seguridad, cobraban sobornos, compra de falsos blindajes. Abandonaron la responsabilidad de proteger a líderes y lideresas sociales y sus familiares, que aún son víctimas de amenazas contra sus vidas, asesinatos y destierro. Es tan grave este emblemático caso de corrupción, que el uribista exsubdirector de la UNP, Ronald Rodríguez, enfrenta en prisión un proceso penal por delitos de narcotráfico y protección a bandas delincuenciales. Además, el capturado en flagrancia y confeso “Narco-chofer” de la UNP, Manuel Antonio Castañeda, que transportaba cocaína en un vehículo de la unidad, accedió a colaborar con la justicia y reveló que funcionarios de dicha unidad y de la Policía de Bogotá, coordinaron la fuga de criminal alias ‘Matamba’ y entregaron un cargamento de armas enviadas al grupo del criminal en fuga, por el general (r) Eduardo Zapateiro. El director de la Unidad fue víctima de un atentado del cual salió ileso, pero uno de sus escoltas resultó muerto.
- En este año, también salió a la luz pública que una red organizada por 17 empresarios y 40 empresas ligadas a la industria petrolera desde hace mucho tiempo, hicieron víctima a la empresa Ecopetrol del robo de crudo en cantidades inimaginables, extraído del oleoducto Caño Limón Coveñas, almacenado en gigantescos buques en altamar y luego vendido a la empresa petrolera estatal como si fuera importado. Este acto de piratería, calificado por el Presidente de la República como “uno de los mayores robos al Estado colombiano”, fue perpetrado por negociantes de las clases altas del país, dueños del poder económico y político, que defraudaron por más de $1.3 billones de pesos al Estado, delincuentes de la alta alcurnia, entre los cuales figuran Hernando Bickenbach y Óscar Luis Pastrana Martínez, familiares del impresentable expresidente Andrés Pastrana y su esposa Nohra Puyana. Poderosas familias que hacen la guerra contra la propuesta de energías alternativas del Presidente y lo acusan de querer arruinar la economía del país. El crimen de las clases dominantes es doble; pues, además de robarse el crudo y obtener lucros multimillonarios, son responsables de entregar la explotación de este recurso, mediante contratos leoninos, a poderosas multinacionales petroleras, principalmente norteamericanas.
- Quizá el primer acto anticorrupción del Presidente, fue la denuncia que hizo en su primera visita, contra los hechos de corrupción encontrados en la reconstrucción de la isla de Providencia por el gobierno de Iván Duque, de los cuales dijo que “fue un golpe económico más destructivo que el mismo huracán”, porque advirtió sobrecostos sobre la construcción de las soluciones de viviendas destruidas, hasta por $695 millones por cada vivienda de 70 metros cuadrados, a un costo de $10 millones por metro cuadrado, las cuales se deterioraron en menos de dos años. Denunció así mismo, que ante la tragedia no se hubiera dado prioridad a la reconstrucción del hospital, que solo se realizó dos años después.
- En agosto de 2022 el Gobierno denunció el escándalo de los arriendos prácticamente regalados que pagaban unos cuantos privilegiados en las Islas del Rosario, del departamento de Bolívar, cánones que, en su mayoría oscilaban entre $90.000, $240.000 y $354.000 mensuales por disfrutar privadamente de estas paradisíacas islas, irrisorias sumas que no se pagan ni siquiera por una habitación en un barrio, en cualquiera de las zonas más deprimidas de Bogotá. Esa situación se tradujo en un detrimento patrimonial a la Nación por más de $9.000 millones de pesos. Incluso, se encontraron predios ocupados por familias de ‘estrato 16’ que no pagaron ni un solo peso de arriendo y, una cartera sin pagar con una antigüedad de 20 años (Las2 Orillas). El Gobierno inició acción de terminación anticipada de estos corruptos contratos y decidió que las comunidades nativas serán las que exploten turísticamente las islas, ocupadas a costos risibles por empresarios, actores y políticos privilegiados.
- En este escenario de lucha contra la corrupción, reflotó el escándalo de los sobornos de la corrupta multinacional Odebrecht y su corrompido aliado el clan Sarmiento Angulo–Sarmiento Gutiérrez a los altos funcionarios de los expresidentes Uribe, Santos y Duque, y el financiamiento de las campañas electorales de los candidatos de Uribe en 2010, (Juan Manuel Santos), 2014 (Iván Zuluaga y Andrés Felipe Arias) además de la reelección de Santos y 2018 (el subpresidente Duque), como consecuencia del acuerdo del Grupo Aval–Corficolombiana con la justicia gringa, en el que aceptan haber cometido el delito de soborno a altos funcionarios del gobierno de Santos; hecho que ha permitido la exigencia del Gobierno a la Fiscalía de desarchivar el proceso contra el Clan Sarmiento Angulo y sus cómplices. La justicia verdadera tendrá que juzgar tanto al exfiscal Néstor Humberto Martínez, como al fiscal Barbosa, por su evidente rol de encubridores de estos delitos de cuantiosas defraudaciones y corrupción electoral que, además, han convertido la Fiscalía, según las valientes denuncias del director de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén, en una “banda criminal” y un “océano de corrupción”.
- Igualmente, las declaraciones de los paramilitares Mancuso y Macaco, así como de varios grupos de militares de alto rango ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que, al tiempo que se declararon culpables de los actos de terrorismo de Estado (“falsos positivos”), pidieron perdón a las familias de las víctimas e hicieron evidente que fue Uribe, el responsable de las órdenes que salieron de los comandantes de los batallones para cometer la orgía de sangre en la que cayeron asesinados, por lo menos, 6402 jóvenes civiles inocentes. En la audiencia de Casanare, además de los 22 subalternos, el general (r) Henry Torres Escalante, se declaró culpable de 367 asesinatos de jóvenes civiles, presentados como “falsos muertos en combate”, al tiempo que señaló al gobierno de Uribe de haber dado la orden de cumplimiento de su política de “Seguridad Democrática”. El infausto expresidente y excomandante de las FF.AA., nuevamente declaró ante sus serviles medios de (in)comunicación y sus bodegas virtuales que había sido engañados, acusó a la JEP de ofrecer beneficios para que reconocieran delitos no cometidos y revictimizó a los 6402 jóvenes víctimas del terror militar. Cínica y falaz declaración que no creen ni sus áulicos colaboradores, que no lo exime, sino que lo hace cada vez más imputable por genocidio por el que, tarde o temprano, será condenado a responder ante la justicia nacional e internacional.
Debe quedar claro que los hechos de corrupción descubiertos y desempolvados, son apenas una pequeña muestra de los que faltan por revelar, que la corrupción es un método de acumulación de capital, no solo consentido, sino estimulado por los grandes capitalistas y sus corporaciones, que las instituciones del Estado liberal son concebidas por los dueños del país, como instrumentos al servicio de las ganancias y el atesoramiento de sus grandes fortunas y que siempre estará presente mientras perdure este sistema como instrumento de favorecimiento de privilegios e impunidades de las clases hegemónicas de explotación y miseria para las clases trabajadoras y los pueblos empobrecidos del país y del mundo. Con razón dijo Marx que “El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza”. Los hechos de corrupción denunciados son apenas una avanzada contra este flagelo, que dichas denuncias serán efectivas si los corruptos son sometidos a juicio y condenados por la justicia. Para ello se requiere que la Fiscalía Genera le sea quitada a la banda de delincuentes que la controla.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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