MILITANCIA Y SOCIEDAD /
“En los ‘Quaderni de la cárcel’ Gramsci identificó la existencia de una diferencia fundamental entre la lucha política y la lucha ideológica. En la lucha política deberíamos atacar al enemigo en sus puntos más débiles; en la lucha ideológica, atacamos al enemigo en su punto más fuerte”.
– Bob Jessop
En ciertos momentos, la política se da a cuentas gotas y, en otros, se desborda a torrentes. En el último caso, la política se presenta como un exceso de la democracia formal y de los mecanismos tradicionales de mediación: es decir, suspende los marcos normativos y los procedimientos institucionales-tradicionales para girar sobre un nuevo centro gravitatorio. La democracia popular rebosa, en ese sentido, los estrechos márgenes de la democracia burguesa e imprime un nuevo espíritu democratizador desde abajo. Precisamente, este el horizonte político, estatal y estratégico al que debe apuntar el gobierno de Gustavo Petro–Francia Márquez.
Como es evidente, la estrategia legislativa de la derecha, así como su agenda política, gira en torno a desinflar y sepultar cualquier iniciativa que provenga del Gobierno Nacional y de su bancada. Han sido ellos, justamente, los que han cerrado los canales de diálogo institucional y concertación técnica acusando al Gobierno de supuestas “desviaciones ideológicas”. En esto, la derecha más reaccionaria y conservadora ha encontrado el apoyo solapado del bloque de “independientes” que, antes que impulsar una tercera vía, han blindado los mecanismos oligárquicos en el Estado, frustrando cualquier posibilidad de cambio y reencauchando la captura privada de la renta.
De allí que, frente al cierre legislativo que sufre el Gobierno a causa de la inflexibilidad política de los gremios y los poderes corporativos (sumado al bloqueo de las altas cortes), el progresismo proponga, como última salida, un proceso popular-constituyente que dé un golpe de timón a la política tradicional. La oligarquía y su aparato mediático no se ha hecho esperar para acusar la alternativa instituyente-democrática como un intento de ruptura del sistema político y de la estabilidad institucional. Mientras tanto, siguen asediando el proceso reformista en curso.
Con este telón de fondo y bajo el actual panorama, la situación exige al Gobierno, si quiere adelantar su agenda estructural, moverse por vías extra-institucionales. Lo que no implica desconocer los procedimientos y principios demo-liberales (como azuzan ciertos analistas de centro-derecha, al sugerir la “supuesta” deriva dictatorial y anti-institucional que ha tomado el Gobierno), sino, por el contrario, reclamar cada victoria parlamentaria o institucional como un logro popular, arrebatándole la iniciativa al Congreso e imponiendo el derrotero nacional en las calles.
En ese sentido, el llamado a la movilización social es crucial para denunciar que quien logró archivar la reforma a la salud no fue la ciudadanía informada o los parlamentarios preocupados por la supuesta eficiencia del actual sistema de salud, sino los portavoces del poder empresarial de las EPS en el Congreso. La estrategia de las derechas consiste, así, en el torpedeamiento de los análisis rigurosos y concienzudos que propuso el Gobierno. Al fin y al cabo, su defensa es la de los privilegios existentes del régimen de acumulación: recordemos que el negocio de la salud se encuentra íntimamente vinculado con los intereses financieros y trasnacionales. Tal es el caso, por ejemplo, de Keralty (entidad española promotora de salud en Colombia).
Así las cosas, el Gobierno Nacional se ha estrellado con el autoritarismo que subiste al interior de la tecnocracia: la democracia de los procedimientos resulta ser muy restringida ante cualquier transformación que no sea la manutención del neoliberalismo realmente existente. De ahí que la movilización represente el núcleo más profundo y fiable para garantizar el avance de las reformas progresistas y la apropiación popular. Allí reside la esencia de la democracia popular: en su capacidad por desmantelar el régimen de desigualdades e injusticias imperantes.
Precisamente, esta jornada de movilización nacional (en el marco del Día de las Víctimas) pretende recuperar la iniciativa política progresista y dar un golpe de opinión al establecimiento. El empate catastrófico en el cual se encuentra atada la política colombiana solo puede ser alterado con la movilización activa y sostenida del pueblo. Los representantes de la república señorial no alcanzan a entender que la conservación del viejo sistema oligárquico, dependiente y neoliberal conduce a períodos de profunda polarización social y de inminente crisis. En tales condiciones, al campo popular solo le queda la opción de respaldar el programa del cambio, construir una alternativa de izquierdas que supere el impasse progresista y derribe las murallas del antiguo régimen.
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