POR JOSÉ TOMÁS JIMÉNEZ ARÉVALO
La oportunidad que tenemos los colombianos en la contienda electoral que se avecina, de tener un Gobierno progresista, debería haber fijado claramente, desde el comienzo de la campaña del Pacto Histórico, los criterios y planteamientos para una política educativa que involucre a la Universidad. Lo que se ha presentado en la plataforma (¿programa de gobierno?) política es muy poco y nos toca a los educadores propiciar un debate amplio, en todos los niveles, que permita bosquejar una propuesta concreta sobre política pública en materia educativa. Tuve la oportunidad -y el honor- de ser representante de los profesores universitarios del país, públicos y privados, durante 11 años en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), desde su fundación pasando por la conformación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y el Sistema Universitario Estatal (SUE). A través de todo ese tiempo se implementó una política neoliberal que privatizó este derecho, transformándolo en el negocio que la educación privada ha adelantado a través de la historia. En este lapso debatimos muchos temas que presento aquí como apuntes históricos de la lucha por “lo imposible para conseguir lo posible”. La idea es provocar un debate, que cuestione o fortalezca los puntos que durante muchos años fueron consignas del movimiento magisterial y universitario.
La reforma a la educación en Colombia, entendida como un sistema, tendrá que plantearse desde la guardería y el preescolar hasta la universidad, en una nueva ley. Como tal es necesario que la regulación normativa lo entienda e integre de esta manera, tanto a nivel pública como privada. El Estado tiene la responsabilidad plena y deberá delegar en un Consejo Nacional de Educación (CNE) su orientación y conducción. Para ello garantizará su autonomía e independencia de los organismos nacionales e internacionales de educación. El presupuesto de la educación pública será el adecuado para implementar las políticas que se deriven del CNE y se reajustará, anualmente, de acuerdo con las metas que fije este organismo.
Dicho Consejo tendrá representación estatal y de la educación privada, así: Ministro de Educación, rectores, profesores, estudiantes, empleados, y representantes de la academia científica organizada y reconocida por el Estado, así como los procesos de la educación popular y las nuevas tendencias en materia de educación social y ambiental. La ley establecerá su composición, pero dada la responsabilidad plena del Estado, esta se verá reflejada mayoritariamente en la proporcionalidad de dicha estructuración.
El Estado garantizará la gratuidad de la educación pública, pero regulará los costos de la educación privada. El presupuesto se recabará a través de la declaración de renta de los colombianos, el cual se hará con una relación directamente proporcional al patrimonio.
La calidad de la educación que se ofrezca en todo el sistema será sometida, permanentemente, desde el preescolar hasta la educación media, en sus diferentes modalidades, a un Consejo Nacional de Acreditación (CNA), y la acreditación de las universidades, a nivel internacional, con las diferentes agencias, ligas, etc., que el CNE elija.
En el sector universitario público se abrirá un debate amplio y democrático sobre la conveniencia o no de una sola universidad pública colombiana.
El sector público elegirá las directivas para dirigir sus instituciones y nombrar los representantes, básicamente, con criterios académicos, experiencia docente e investigativa en el magisterio, autonomía y democracia. Se rescatará el proyecto de vida magisterial y universitario y se reestablecerá la cualificación de sus docentes por medio de comisiones de estudio que prepare a sus docentes en maestrías, doctorados y posdoctorados, bajo el principio de que la educación pública colombiana será lo que sean sus docentes.
La investigación cumplirá una función social con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y no estará al servicio de los intereses de la empresa privada. Tendrá, entonces, que reconocer las realidades territoriales para determinar las rutas metodológicas y su pertenencia, en el fortalecimiento de la estructura administrativa y de gestión que acá se plantea.
La educación como derecho y no como negocio, debe ser el pilar para reformar el sistema que actualmente no garantiza el acceso ni la calidad a todos los colombianos.
*Exrepresentante de los profesores universitarios en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
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