¿QUEQUÉ? /
La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República y la conformación de una importante bancada parlamentaria con acento popular constituyen una brusca alteración de los sistemas de dominación del bloque tradicional de poder que ha controlado, de manera absoluta, el Estado colombiano desde el siglo XIX. De ahí que el establishment con sus cajas de resonancia, los medios de comunicación corporativos, se han venido lanza en ristre contra el Gobierno de Cambio que representa Petro y los congresistas de la coalición gobernante, el Pacto Histórico.
Antes de tomar posesión el 7 de agosto de 2022, comenzó el hostigamiento político y mediático contra el nuevo mandatario. El saliente comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, en entrevista a la revista Semana, en su edición de 24 de julio 2022, se despachó contra Petro y le hizo una serie de advertencias y recriminaciones.
Las atrevidas declaraciones de Zapateiro fueron respaldadas por los sectores más recalcitrantes de la derecha colombiana y amplificadas por sus medios de prensa. Todo dirigido a “manufacturar consentimiento”, como diría Noam Chomsky y generar así una matriz de opinión en contra de la opción progresista que ganó en las elecciones presidenciales de 2022.
Se activa estrategia de guerra jurídica
Tan pronto Petro asume el Ejecutivo, los sectores de derecha y sus medios de prensa se dan a la tarea de comenzar a hurgar sus actuaciones y las de sus principales colaboradores para prefabricar, inventar o agrandar todo hecho que afecte de manera directa a su gobierno con el exclusivo propósito de desprestigiarlo y debilitarlo.
Para generar una operación de desprestigio y de persecución judicial contra el Gobierno del Pacto Histórico, la derecha cuenta con dos órganos poderosos como son la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación en manos de dos obsecuentes funcionarios del uribismo.
La guerra jurídica, conocida también con el anglicismo de ‘lawfare’ consiste en mimetizar en formas jurídicas verdaderas arbitrariedades para darles plausible ropaje jurídico a golpes de Estado. De ahí que les denominen golpes blandos o parlamentarios. El ‘lawfare’ contra el Gobierno Petro comienza cuando la procuradora general Margarita Cabello, exministra de Justicia del gobierno de Iván Duque, anuncia en mayo de 2023 que formulará cargos disciplinarios a los congresistas del Pacto Histórico, en un acto cuyo trasfondo era apabullar a la coalición parlamentaria gobernante, lo que obligó a sus voceros a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en solicitud de medidas cautelares que protegiera la función de los congresistas.
Por esos días y coincidencialmente con el anuncio de la titular de la Ministerio Público, el coronel (r) John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) y excandidato al Senado por el Centro Democrático, lanzó una amenaza de golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro.
En una entrevista radial afirmó que “Colombia está siguiendo los pasos de Perú. Allá las reservas (militares) fueron exitosas en el sentido que ayudaron a defenestrar a un presidente corrupto, aquí vamos a tratar de hacerlo mejor. Vamos a tratar de defenestrar a un tipo que fue guerrillero”.
La guerra jurídica de la ultraderecha no es nada nuevo. Repite los patrones del ‘lawfare utilizados contra los mandatarios progresistas elegidos democráticamente desde comienzos de siglo en América Latina. Basta con mirar detenidamente como sacaron del gobierno a Manuel Zelaya en Honduras, a Dilma Rousseff en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay y Evo Morales en Bolivia; o como impidieron la candidatura de Lula da Silva e inventaron la renuncia de Chávez en el fallido golpe militar-empresarial en Venezuela y, más recientemente, como casi logran impedir la posesión de Bernardo Arévalo en Guatemala. En todos los casos se trata de mandatarios alternativos y progresistas lo que permite identificar las líneas maestras de dicha estrategia y sus equipos motores e impulsores que echan mano y desviar procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país.
La derecha con el denominado ‘lawfare’ lo que busca es ocultar los verdaderos intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos, a los que la manipulada opinión pública no tiene acceso y lograr así mantener su poder de manera antidemocrática.
“Golpe blando”
La senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, en artículo periodístico que lleva por título ‘Lawfare: torpedo contra la democracia’, publicado en mayo de 2023 en la Revista Raya de Bogotá, explica que “con la caída del Muro de Berlín, el mundo que respiraba el fin de la Guerra Fría no veía con buenos ojos las viejas tácticas del poder militar. Fue entonces cuando las teorías del ‘golpe blando’ se abrieron paso para mimetizar, bajo apariencias jurídicas, la negación de la voluntad popular expresada en las urnas”.
“El lawfare o guerra jurídica constituye una de las más serias amenazas a la institucionalidad democrática de América Latina. El término proviene de los manuales de estrategia militar estadounidenses y ‘describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar’. En su aplicación práctica en la confrontación política, los instrumentos jurídicos se desvían indebidamente para perseguir e inhabilitar a adversarios políticos o mandatarios incómodos para los intereses de los poderosos. Se trata de utilizar la justicia como arma política, judicializando la política con la previsible consecuencia de la politización de la justicia. La amplificación mediática interesada que la acompaña cumple la tarea de estigmatizar y causarle un daño reputacional irreparable a la víctima para sacarla del juego político”, precisa en su nota periodística la congresista López Obregón.
En el caso colombiano, la guerra jurídica tiene su antecedente a finales del siglo XX con el llamado Proceso 8000 prefabricado por el fiscal Alfonso Valdivieso que consiguió arrinconar al entonces presidente Ernesto Samper Pizano (1994-98) cuando se alejaba del dogma neoliberal a pesar de no existir una sola prueba en su contra. Once años después del proceso ante la Cámara de Representantes, se pudo confirmar judicialmente que los dineros de procedencia ilícita ingresados a la campaña se consiguieron para esconder la sustracción de donaciones lícitas recibidas en Nueva York y depositadas en confianza en la cuenta personal del gerente de la campaña, Fernando Botero Zea.
Posteriormente, cuando el hoy mandatario se desempeñó como Alcalde Mayor de Bogotá (2012-2016) debió enfrentar una operación de persecución jurídica por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez que llegó a suspenderlo en marzo de 2014 por haber modificado el sistema de recolección de basuras en la capital.
El ‘lawfare’ contra Gustavo Petro
En el ‘lawfare’ contra el presidente Gustavo Petro son protagonistas de primera línea el fiscal Francisco Barbosa –socio del expresidente Iván Duque-, la procuradora Margarita Cabello –del clan de los Char de Barranquilla-, el defensor del Pueblo Carlos Camargo –ligado con sectores de la ultraderecha de Córdoba – y el bloque parlamentario del uribismo.
El ataque al mandatario acumula varios infundios como la supuesta alteración de la división de poderes, la destrucción de la salud, la inseguridad en los territorios, la desviación de la “Paz Total”, la afectación de la economía de mercado, el sabotaje a la empresa, las amenazas a la libertad de prensa y procesos de corrupción a los que se vinculan su hijo, su hermano y su exsecretaria privada.
Para muchos analistas, los escándalos que rodean al gobierno vigente son un pretexto para que las fuerzas tradicionales y dominantes de la política colombiana puedan frenar las reformas progresistas del Presidente a través de la vía judicial.
Para Petro, la oposición actúa de forma no democrática. “Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la Comisión de Acusaciones. Sin embargo en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito”, argumentó en Twitter luego del retiro del embajador en Caracas, Armando Benedetti. “Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”, afirmó.
La mano del fiscal Barbosa
El pasado viernes 2 de febrero el presidente Petro emitió un contundente pronunciamiento público en el que acusó al fiscal Francisco Barbosa de estar detrás de la “ruptura institucional” del Estado colombiano y llamó nuevamente a una movilización popular para detener los ímpetus golpistas.
“Lo que busca el Fiscal General es un golpe de Estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones. La Constitución prohíbe que la Fiscalía investigue al Presidente, y es lo que acaba de hacer Barbosa en actividades que han incluido la tortura, la presión a testigos y la conversión de hechos completamente legales en ilegales. Lo que esconden es una Fiscalía podrida, en donde permiten el encubrimiento del crimen y el narcotráfico, al punto que funcionarios bajo su mando cargaban los alijos en los barcos”, advirtió Petro sobre la gestión de Barbosa.
Sobre la contribución económica de Fecode, la agremiación de maestros, a su causa política, que ha generado suspicacias jurídicas, mediáticas y políticas, dijo que la donación fue legal y le llegó a su partido político directamente, no a la campaña; y sobre los testigos electorales advirtió que no se declaran por corresponder a gastos que no corresponden a la consecución de votos en campaña electoral sino a la vigilancia de los mismos en el conteo de votos posterior al fin de la contienda.
El desespero por la alternancia democrática en la fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo, la donación a un partido politico por parte de una organización de…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2024
“Es tan ridícula la acusación que incluso admiten que el partido Colombia Humana gastó los recursos en testigos electorales y resulta que los testigos electorales no son gastos de campaña, porque estos actúan es después que se acaba la campaña y actúan es para vigilar democráticamente el conteo de votos ya depositados. Es derecho de los partidos el vigilar la transparencia electoral. (…) Barbosa lo que aquí ve no lo vio ni con los cheques del narcotraficante alias ‘Ñeñe’ ni con los cheques de Odebrecht porque los presidentes, esos sí beneficiarios, eran de su círculo político, y uno de ellos lo nominó”, fustigó Petro.
A lo que el mandatario se refiere es los procesos que se hicieron sobre la campaña de su antecesor en Palacio, Iván Duque, acusada de supuestamente recibir ayudas de José ‘Ñeñe’ Hernández, asesinado en Brasil y señalado de tener nexos con narcos. También a la de Juan Manuel Santos, de las cuales se dijo habrían usado indebidamente plata de la corrupta empresa brasileña Odebrecht para financiarse. Las dos campañas fueron administrativamente absueltas.
“El desespero por la alternancia democrática en la Fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo, la donación a un partido político por parte de una organización de trabajadores, que este señor quiere volver gasto de campaña porque una norma dice que si se excede el gasto de campaña se retira el presidente de la República de su cargo”, agregó Petro en su ataque contra Barbosa.
El diario El Espectador interpreta que la referencia del jefe de Estado a la “alternancia” es por la elección de la próxima Fiscal General, que sigue frenada en la Corte Suprema de Justica. Aunque la semana pasada la Sala Plena realizó su primera votación, hay una fundada preocupación que el viaje del Fiscal con la Vicefiscal a Estados Unidos estaba orientado a buscar que las autoridades de ese país dieran luz verde a esta última para ocupar la Fiscalía de manera prolongada mientras la Corte Suprema de Justicia demora la elección de una Fiscal en propiedad.
El Presidente en su cuenta de Twitter también se refirió a la suspensión del canciller Álvaro Leyva Durán, ordenada por la Procuraduría General por cuenta de la polémica licitación de pasaportes que se gestó durante este gobierno. Dicha sanción disciplinaria es parte de esos movimientos que, según el mandatario, buscan desestabilizar a su administración. Ahí el dardo fue para Margarita Cabello, jefa del Ministerio Público muy cercana a casas políticas como los Char, de Barranquilla, Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador.
Incluso, de acuerdo con lo dicho por Petro, habría una intención similar para golpear a Ricardo Roa, actual cabeza de Ecopetrol, y quien en su momento gerenció su campaña presidencial.
Movilización ciudadana
Con el fin de frenar los intentos de desestabilización institucional, el mandatario exhortó a la ciudadanía a manifestarse mediante una gran movilización popular pacífica y alegre en defensa del voto popular por el cambio.
Desde su cuenta en Twitter exhortó:
“El presidente de la República le pide a la ciudadanía en todos los municipios del país y en todos los barrios y veredas configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares. Sin ninguna violencia alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular. Los golpes se responden desde las instituciones democráticas, desde la ley y la justicia y desde las calles”.
Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia:
He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 2, 2024
Grupo de Puebla expresa preocupación por campaña de judicialización contra presidente Petro y su Gobierno
Ante el sistemático hostigamiento jurídico, político y mediático contra el Gobierno del Cambio del presidente Petro, el Grupo de Puebla expidió la siguiente declaración:
El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación por la campaña de judicialización de la política (lawfare) que vienen adelantando contra el presidente Gustavo Petro, su familia y su gobierno; el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello integrantes reconocidos de la derecha colombiana que hoy se encuentra en abierta oposición al gobierno progresista de Petro.
La insistencia de estos funcionarios en convertir la persecución judicial del gobierno y su familia en una causa política, además de causar un daño reputacional al Presidente, está deteriorando la democracia del país, distrayendo la justicia que debería estar ocupada en la persecución de la criminalidad relacionada con el conflicto armado y perjudicando la imagen internacional de Colombia como un Estado de leyes e instituciones respetadas y respetables.
Ernesto Samper, expresidente Colombia
Rafael Correa, expresidente de Ecuador
María José Pizarro, senadora de Colombia
Clara López Obregón, senadora de Colombia
Iván Cepeda, senador de Colombia
David Racero, representante a la Cámara por Bogotá, Colombia
Marco Enríquez Ominami, excandidato presidencial Chile
Irene Montero, exministra de igualdad de España
Andrés Arauz, excandidato presidencial de Ecuador
Daniel Martínez, excandidato presidencial de Uruguay
Verónica Mendoza, excandidata presidencial Perú
Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador
Carlos Ominami, exministro de gobierno y economía de Chile
Gabriela Rivadeneira, exasambleísta Ecuador
Ana Isabel Prera, exministra de cultura de Guatemala
Esperanza Martínez, senadora Paraguay
Hugo Martínez, excandidato presidencial El Salvador
Carlos Sotelo, exsenador México
Camilo Lagos, exdiputado Chile
