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La W revela el contenido de la audiencia en la que el exagente de inteligencia José Dorado, partícipe presencial en varios de los crímenes, detalló los aterradores procedimientos que se aplicaron bajo el plan ‘Golpe de Gracia’.
Dorado declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de allegar un explosivo documento, entregó detalles sobre cómo se adelantó el plan de exterminio contra integrantes de la izquierda, especialmente de la Unión Patriótica (UP) y el M-19 desde el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, así como la Brigada XX, como partícipe en los seguimientos que derivaron en varios de esos crímenes desde 1986, bajo el plan ‘Golpe de Gracia’.
José Dorado, primo del narcotraficante Justo Pastor Perafán, quien también fue militar, explicó que su primo tenía una amplia relación con generales como Norberto Adrada Córdoba, Harold Bedoya, Álvaro Velandia, e Iván Ramírez, que colaboraban con él, lo que le abrió las puertas del Ejército y a sus primeras misiones en el Cauca, infiltrando la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, antes de llegar a Bogotá en 1986, muy joven.
Ya frente al exterminio, explicó que comenzaron a trabajar en estas misiones en 1986. Se equiparaba a la Unión Patriótica con la guerrilla de las Farc tras los acuerdos de La Uribe (1984) donde nació este movimiento político, estigmatizándolo directamente y buscando su aniquilación.
“Nosotros lo manejábamos como una estructura de las Farc, no lo separábamos de alguna relación que fuera diferente a decir: el senador es del partido político y nunca ha tocado un arma, como en el caso de Jaime Pardo. Nosotros relacionábamos esa estructura como una parte política de las Farc”, afirmó Dorado.
Para el desarrollo de este plan, detalló José Dorado a la JEP, dentro del Batallón de Inteligencia (BINCI) fueron dispuestos los grupos de vigilancia y seguimiento los cuales estaban al mando del hoy mayor René Sanabria y un capitán llamado Camilo Pulecio, y quienes se encargaban de seguir a los potenciales objetivos, recaudando por años información de sus amigos, copartidarios y familiares.
Mientras que, los grupos de operaciones especiales, encargados de secuestrar abogados, miembros del M-19, UP o cualquier otra persona que fuese objetivo, sicariarlos o desaparecerlos, eran comandados por un capitán de apellido Rodríguez y otro Sánchez, con participación del coronel, hoy general Álvaro Velandia.
También mencionó la participación de un capitán de apellido Zuluaga, quien hacía parte del batallón Charry y llegó al grado de Brigadier General, que habría laborado en la coordinación del homicidio de José Miller Chacón (UP-1993) y que la JEP ya se encuentra rastreando.
Todas estas personas, de acuerdo con el confeso participante en estos crímenes, operaban bajo las órdenes de generales como Harold Bedoya, Álvaro Velandia, Mario Montoya (por ejemplo, en la Brigada VII) y a quien llamó el líder, Iván Ramírez Quintero.
“(Iván Ramírez) podía estar en los cargos que estuviera, pero a él le importaba eran los casos puntuales de inteligencia del exterminio que debíamos llevar hasta el año 2000 de líderes sociales, del PCC (…) porque él era el líder nuestro, así como lo fue Harold Bedoya que era más antiguo, así como lo fue Guzmán, y así como lo fue para los falsos positivos Mario Montoya”, dijo el testigo ante la JEP.
De hecho, afirmó que el general Harold Bedoya, quien se fue para el Meta en 1987 a comandar la Brigada VII, fue el responsable junto con varios de sus subalternos como el general (r) Mario Montoya, de distintos asesinatos, masacres y torturas, que luego eran achacadas a miembros de grupos paramilitares ya echado a andar el plan de exterminio.
“Los pioneros de esto fueron el departamento del Meta, donde Harold Bedoya (Brigada VII) realizó una infinidad de asesinatos de concejales, de presidentes de Juntas de Acción Comunal, que yo pasaría días especificando qué personas y masacres también”, manifestó ante el despacho.
De hecho, dentro de los crímenes de los que habló por primera vez ante la JEP, aparece el del asesinato del senador Pedro Nel Jiménez en 1986, amigo de Manuel Cepeda, en el Meta. Dorado afirmó que ese asesinato contó con la participación de la inteligencia militar y fueron enviados grupos de vigilancia desde Bogotá para seguirlo, previo a que fuera acribillado el 1 de septiembre de 1986 en Villavicencio.
Por otra parte, señaló tajantemente que el asesinato del senador Manuel Cepeda se planeó y se preparó desde la sede de la Brigada XX con la participación directa de varios generales, y donde él, como uno de los hombres de confianza que iban a hacer la parte operativa, estuvo presente en la presentación de la ponencia. Allí, también se acordó acabar con la vida de la hoy senadora Aida Avella.
“Tres meses antes del asesinato del doctor Manuel Cepeda en la Escuela José María Córdova se reúnen Harold Bedoya Pizarro, Urbina Sánchez, Mario Montoya, Iván Ramírez Quintero, Ruiz Silva, Plazas Acevedo, Pineda. A varios de nosotros de los hombres de confianza de esos años nos citaron a la reunión”, afirmó.
El Batallón de Inteligencia Charry Solano como “Escuela” de tortura y asesinato
En el antiguo Batallón de Inteligencia -BINCI- (donde hoy funciona la Escuela de Logística del Ejército), de acuerdo con lo que le contó el sargento Dorado a la JEP, les enseñaron todos los procedimientos para un seguimiento eficaz, pero además a torturar en tres fases, dependiendo de la resistencia de la víctima, a las personas que eran secuestradas.
La primera fase era persuasoria, tratando de convencer a la víctima y ofreciendo unos beneficios que realmente no existían (como aplicaron al hoy concejal de Bogotá José Cuesta Novoa). La segunda con tortura psicológica (donde se le decía a la persona que se conocía información de sus familiares y gente allegada con datos exactos producto de los seguimientos), y la tercera y más sanguinaria con violencia física, en algunos casos abusos sexuales, que podían llegar la muerte, acompañada del lanzamiento del cadáver (como ocurrió con Amparo Tordecilla).
Todo esto, indica, era sabido por todos, pero por obvias razones, estas dos fases no debían aparecer en el Manual de Inteligencia.
“Utilizando medios de tortura como infligir dolor con alfileres en las uñas, como asfixiar a la persona con bolsas, como sumergir a la persona bajo el agua, o sea para tratarla de ahogar, hasta que la persona no resistiera y gritara y dijera no más, ¿qué quieren saber?”, relató con crudeza el sargento Dorado a la JEP.
El papel del general Iván Ramírez en todas estas torturas y homicidios habría sido preponderante según la confesión del agente de inteligencia. Dorado aseguró que Iván Ramírez participó en los interrogatorios y torturas que padeció el abogado Alirio Pedraza en 1990, quien había sido raptado porque conocía información contra estos generales por los secuestros y asesinatos cometidos en años anteriores, ya que representaba algunos de los casos.
“Iván Ramírez Quintero fue ese día a las instalaciones en forma puntual a persuadirlo y que le contara en la entrevista que tuvo con él, qué conocía Alirio Pedraza de él, de Harold Bedoya, de Urbina, de Guzmán, de Fredy Padilla de León, de Euclides Vargas, bueno de todas las personas que yo he mencionado, con ese fin fue Iván Ramírez, porque preciso para nosotros el abogado Alirio Pedraza era importante”, dijo a la JEP el testigo.
Según la confesión del sargento Dorado, funcionaban como una organización “narcotraficante” que guardaba información en caletas y los generales asesinaban a quienes podían incriminarlos más adelante, como fue el caso del sargento Carlos Muñetón, uno de los “gatilleros”.
El testigo Indicó que había casetes donde se grababan las torturas y procedimientos para enseñar a hacerlos. Es más, mencionó al mayor (r) René Sanabria, al sargento Bernardo Garzón, a José Clemente Meneses ‘Remache’, al capitán Zuluaga (el mismo que llegó a general) como algunos de los más avezados instructores de estas prácticas criminales a los nuevos como él.
Asimismo, en el tema de adoctrinamiento, un abogado llamado Fernando Vargas Quemba, muy cercano al general Iván Ramírez, les enseñaba lo correspondiente a “odiar” a estos grupos de izquierda.
Aunque muchos de estos hechos confesados por Dorado son inéditos, cabe recordar que existen antecedentes. En 1998 y producto de las distintas denuncias de sobrevivientes como José Cuesta Novoa y otros, la Brigada XX (superiora del Batallón Charry Solano) fue clausurada por petición directa y pública de Estados Unidos. Incluso, hasta le retiraron la visa al general Iván Ramírez, todo esto por las violaciones a los derechos humanos que allí se cometieron.
Lo grave, es que esto no significó que las investigaciones avanzaran en Colombia contra los responsables. Al contrario, según los familiares de estas víctimas se ha estado en presencia de una situación de impunidad rampante desde la Fiscalía. Se trata de hechos de hace más de 35 años que hasta ahora comenzarían a esclarecerse con el impulso de la JEP y algunos fiscales. Algunos testigos que habrían sido ya ubicados han accedido a contar la verdad.
Iván Ramírez Quintero, según Dorado, también participó en los interrogatorios a la exmilitante del M-19, Nydia Érika Bautista, a quien de hecho interceptaban telefónicamente día y noche desde una habitación en el barrio Roma de Bogotá, y fue secuestrada por integrantes del grupo de operaciones especiales del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, abusada y su cadáver lanzado en 1987, con el fin de afectar los diálogos de paz entre el M-19 y el Gobierno.
“En ese entonces no tenía planeamientos el mismo Iván Ramírez de capturar a Nydia Érika Bautista ni Zuluaga que estuvo en Cali con ella, sino que fue a motivo propio que se capturó, y una vez capturada la persona, Iván Ramírez decía, es uno más, sigan con el procedimiento, el interrogatorio, hasta la desaparición de una persona”, aseguró.
De acuerdo con José Leonairo Dorado Gaviria, Nydia Érika Bautista fue llevada primero a una de las varias casas que tenía dispuestas la inteligencia militar en Bogotá donde escondían a los secuestrados por unas horas, un método recurrente, hasta que las condiciones permitieran asegurar el “traslado del horror” hasta el Batallón de Inteligencia sin levantar sospechas.
En el caso de la exmiembro del M-19, el agente Dorado señaló que la orden de ingreso al Batallón, ya en la noche, fue dada por el hoy mayor René Sanabria, quien era uno de los mandos de los grupos de vigilancia y seguimiento en Bogotá.
Adicionalmente, el agente José Dorado señaló que el homicidio de Jaime Pardo Leal y de Jaime Garzón tuvo participación de la inteligencia militar, así como también, que la liberación de Álvaro Gómez Hurtado fue un intercambio con el M-19 con conocimiento del general Fredy Padilla a cambio de José Cuesta Novoa.
El último homicidio del que tuvo conocimiento y que mencionó el sargento Dorado fue el del abogado Eduardo Umaña Mendoza (1998), del cual ya había hablado en el documento que reveló La W en junio pasado. Frente a este caso, afirmó en la audiencia que el abogado se volvió un objetivo porque tenía información contra ellos, y de hecho, el sargento Bernardo Garzón se había acercado a él para contarle detalles de algunos casos.
W Radio indagó con fuentes cercanas al proceso quienes confirmaron que las investigaciones de la JEP a partir del testimonio rendido por José Leonairo Dorado avanzan de manera firme.
Es más, el tribunal transicional en otras confesiones que ha recibido de forma reservada en las últimas semanas, los testigos han dado cuenta de incluso más hechos cometidos y han precisado la existencia de sitios de tortura distintos a la hoy Escuela de Logística del Ejército (donde incluso se investiga la posible presencia de cuerpos), lugares que La W mantiene en reserva para no afectar la investigación.
Pero también, lo que ha contado Dorado es tan grave, que en la actualidad está funcionando una mesa técnica entre la JEP y la Fiscalía para avanzar en el recaudamiento de pruebas y el procesamiento de las personas presuntamente involucradas a partir de lo que ha narrado este testigo. Pero no solo eso, W Radio pudo conocer de una fuente confiable, que algunos investigadores están teniendo problemas de seguridad tras empezar a remover estos casos.
La W Radio contactó a la defensa de los generales Iván Ramírez Quintero y Mario Montoya con el fin de conocer su posición frente a estas graves acusaciones, pero no obtuvo respuesta de su abogado. También buscó establecer contacto con el mayor René Sanabria, uno de los seriamente señalados, pero su abogado indicó haber perdido contacto con él desde hace meses.
