POR HORACIO DUQUE /
Fuera de toda discusión que uno de los principales problemas que debe abordar el gobierno del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que se posesionará el 7 de agosto del año en curso, es el de las finanzas públicas para darle soporte presupuestal a las principales políticas que se adelantaran en materia de lucha contra las desigualdades sociales, la pobreza y la miseria en que se encuentran millones de colombianos como consecuencia de la crisis económica y sanitaria asociada con la peste del coronavirus. Igualmente para financiar la reforma agraria democrática, la renta básica, la gratuidad de la educación superior, la reforma a la justicia y la implementación de los Acuerdos de Paz firmados con un sector de las FARC-EP y los que se determinen con el ELN, las neoinsurgencias de las Farc y con el EPL. Lo de fondo es que vivimos en un país profundamente desigual, y que esa desigualdad ha sido causada por los herederos del esclavismo y del sistema feudal, que consideran que Colombia es su hacienda particular y que tienen un derecho hereditario y divino de usufructuarlo, sin darle espacio a la gente. Y la gente es condenada a la miseria.
Crisis de las finanzas estatales
Como bien es sabido la finanzas del gobierno están sumidas en una gran crisis como consecuencia del elevado déficit de sus arcas, y por el considerable monto de la deuda pública, que siguen siendo los más altos de la historia fiscal del Estado, lo que hace necesario un ajuste de unos 3.5 puntos del PIB (de 980 billones) de acuerdo con la denominada regla fiscal neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional, pero fundamentalmente por las proliferantes y justificadas demandas de los sectores populares que realizaron un proceso de insurrección popular en abril del 2021. Por eso el entrante gobierno del Pacto Histórico deberá adelantar una reforma tributaria estructural y progresiva que haga que cuatro mil multimillonarios paguen sus impuestos y dejen de evadir.
Así, los esfuerzos de la reforma tributaria petrista estarán concentrados en el impuesto de renta, al patrimonio y los dividendos. En ese sentido se entienden tres cosas de la reforma: 1) No aumentará la base de impuesto de renta de personas naturales. 2) ampliar (bajaría el umbral) el impuesto al patrimonio. 3) enfocarse en eliminar exenciones al impuesto de renta a empresas.
Buena parte del bloque de la reforma tributaria deberá girar alrededor de la necesidad de reformular el impuesto a la renta para personas naturales y jurídicas. Pues, mientras en la gran mayoría de los países que integran el club neoliberal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la mayor parte del recaudo descansa sobre los hombros de las personas, y no tanto de las empresas, en Colombia la ecuación es casi que la opuesta directamente. En el mundo se está hablando de impuesto al patrimonio justamente para lograr una progresividad, porque el patrimonio está mucho más desigualmente distribuido que el ingreso. Por lo tanto, tiene lógica complementar el impuesto de renta con el impuesto del patrimonio. Las personas naturales hoy tienen parte de sus activos e ingresos a nombre de empresas (de las que ellos son dueños), por lo cual no pagan el impuesto que deberían. Con la propuesta tributaria se pretende identificar con mayor certeza qué activos e ingresos son realmente de las personas naturales y cuáles de sus empresas.
De lo que se trata es de ordenar las cargas para que estas sean más para personas naturales, pues las clases más altas de la distribución del ingreso tienden a pagar menos y a evadir con distintas maniobras tributarias. La idea es que aquellos que reciben ingresos distintos a salarios como los gerentes y presidentes de compañías no evadan con primas de éxito. Un gerente o presidente de empresa, que tiene muchas formas de pago, en la práctica algunas no las tiene que incluir como ingreso tributario y no paga impuestos.
En cuanto al impuesto de renta la idea que tienen los expertos del equipo del Pacto Histórico es equilibrar las cargas entre las empresas y los colombianos, ya que actualmente el 80 % de los ingresos por este impuesto viene de personas jurídicas y solo el 20 % lo aportan las personas naturales. El impuesto no es progresivo, porque las personas de altos ingresos no están aportando lo que tienen que aportar. Con la reforma se busca identificar los activos y los ingresos reales de esas personas naturales para que paguen con tarifa progresiva. Lo cierto es que cuatro mil más grandes fortunas de Colombia deben pagar los impuestos que les corresponde especialmente sobre sus empresas productivas, y también sobre sus activos improductivos: dividendos, transferencias al extranjero y paraísos fiscales.
Adicionalmente, no se bajará el umbral del impuesto de renta para las personas naturales. Por ejemplo, los colombianos que tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($ 50.831.000) en 2021 deben declarar renta este año, aunque hay que tener en cuenta que no siempre declarar renta significa pagar.
Igualmente están en la perspectiva de la reforma los ingresos de capital. Impedir que a través de sociedades, incluso familiares, se carguen gastos que no son de creación de ingreso, son gastos de consumo. Se le paga el dividendo a una sociedad familiar y no hay impuesto, luego se utilizan esos ingresos para hacer gastos de consumo.
En el impuesto de renta habrá otro cambio, quizá el más importante, y tiene que ver con eliminar el sistema cedular, para que todo vaya a una sola cédula y que esa cédula tenga la misma tarifa, cualquiera que sea el origen del ingreso.
Impuestos a las emisiones de carbono
Hay también consenso en la necesidad de elevar los impuestos a las emisiones de carbono, a la vez de crear nuevos tributos ambientales para darle soporte a la transición energética y a la justicia ambiental. La contribución de Colombia a la agenda ambiental internacional debe ser también parte esencial de la agenda de desarrollo productivo y, en ese sentido, no solo de la política ambiental sino tributaria y fiscal.
Eliminar exoneraciones tributarias
Todos los beneficios y exenciones tributarias deben entrar a un proceso de organización han dicho los expertos. La eliminación de exenciones tributarias será la médula de la reforma. Implica suprimir beneficios tributarios que actualmente existen en el ordenamiento tributario y que permiten que el sistema no sea progresivo. También se eliminarán tratamientos diferenciales que puedan estar beneficiando un sector de contribuyentes que probablemente ya no necesiten apoyos. Se eliminará cualquier tipo de concesión en materia de impuesto de renta de personas naturales. Se deben desaparecer exoneraciones tributarias relacionadas con los contratos de estabilidad jurídica de las zonas francas y los convenios hoteleros a 30 años.
En el caso de los profesionales independientes, dueños de empresas o negocios, rentistas de capital, comerciantes, tendrán un cierre del cerco. En la actualidad no utilizan aún la factura electrónica o no facturan todo su ingreso porque manejan transacciones en efectivo, por lo que pueden llegar a no incluir la totalidad de sus rentas en la declaración de renta o, simplemente, no declaran nada.
Reforma tributaria para el desarrollo industrial
La reforma que se anuncia pretende favorecer sectores industriales como metalmecánico, textil, farmacéutico y petroquímico.
Desde la apertura económica neoliberal impuesta por el impresentable exmandatario Cesar Gaviria, el crecimiento económico ha sido lento. El país debe dar un salto en productividad, mucho más de cerca de la investigación y el desarrollo que de las materias primas.
Adicionalmente uno de los temas críticos en materia de producción nacional es el del sector agropecuario, y en particular la agricultura familiar y la producción en zonas rurales apartadas.
Este es el ABC de la reforma tributaria del Pacto Histórico que empezara a debatirse a partir del próximo 20 de julio, día en que se instala el nuevo Congreso de la Republica con una alta representatividad de las fuerzas progresistas del Pacto Histórico.
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