POR JOSÉ TOMÁS JIMÉNEZ ARÉVALO*
Hoy día en Colombia no hay una estructura educativa, entendiendo la integralidad que deben tener sus diferentes niveles: preescolar, básica (primaria y secundaria), media y superior. Nuestra Educación no obedece a un proyecto formativo construido a partir de un consenso social; tampoco responde a las realidades y necesidades territoriales y dista mucho de concebirse bajo su principio fundamental: la universalidad. En ese sentido, bajo las orientaciones de la política Neoliberal, la educación se asume como un negocio y no como un derecho, donde los diferentes gobiernos han venido desmontando, desde el propio Ministerio de Educación, las garantías y posibilidades de una educación pública en beneficio de la educación privada, de tal manera que la educación con calidad cada vez está más reducida al segmento poblacional minoritario que tiene la capacidad adquisitiva suficiente para pagar, mientras la oferta para los pobres parece, entonces, condenada a una educación precaria, de baja calidad; una educación pobre.
La propuesta del Pacto Histórico (PH) sobre Educación gratuita y de calidad, además presencial, hay que entenderla en todos los niveles Educativos, desde las guarderías hasta las Instituciones de Educación Superior (IES) y la Universidad. Su enfoque integral, que reconoce las particularidades y saberes de cada territorio en la amplia geografía nacional, no va a poder implementarse al cien por ciento de la noche a la mañana. Habrá, lógicamente, que hacer una transformación de carácter integral que involucre la infraestructura física, académica y administrativa. Evidentemente se necesitará un presupuesto adecuado que saldrá, como se ha dicho durante la campaña y se expone con suficiencia en el plan de gobierno, de una reforma tributaria estructural para todos los colombianos, soportada en diversas fuentes, sobre la base de que “quien tenga más pague más”, un principio básico de justicia que ha querido ser tergiversado por un sector elitista de la economía nacional a través de ciertos medios de comunicación y el poder de las redes sociales. De igual manera, se requiere un recorte sustancial al presupuesto militar, el replanteo de las exenciones tributarias y por supuesto la redistribución en el gasto público.
Si bien en algunas Instituciones públicas, desde el primer grado hasta el noveno, existe exoneración de matrícula sobre el papel, la realidad es que bajo el argumento que el artículo 67 de la Constitución Política expone, señalando que “la educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”, en alguna medida vienen cobrando una compensación de la matrícula. Un esfuerzo mayor tendrá que hacerse para que las IES y las Universidades públicas puedan hacer realidad la propuesta del PH de garantizar “una educación gratuita de calidad en todos los niveles educativos hasta la Universidad”, incrementando el presupuesto para educación superior a 14 billones de pesos.
El debate sobre cómo ingresarán los bachilleres a la Educación superior pública está saldado con su cartón de bachiller.
La academia, en su reflexión sobre la calidad, ha planteado que una institución educativa es lo que sean sus docentes, es decir, debe haber una vinculación de docentes con conocimiento acreditado en su área de enseñanza y preparación básica en pedagogía y didáctica. Ampliando el aspecto de conocimientos y saberes y posibilitando que muchas de las prácticas y metodologías vinculadas a la pedagogía popular puedan complementar el plan de estudios, estructurado a través del método científico, pero en diálogo con las realidades y necesidades territoriales, donde el discurso académico esté actualizado con las nuevas tendencias de la enseñanza y los apoyos didácticos faciliten la transmisión de conocimientos. Esto implica, necesariamente, cambiar la concepción del trabajo individual por el trabajo en equipo: dos cabezas piensan más que una. La docencia magistral, a mi juicio, es pertinente a nivel de posgrados y doctorados.
El Gobierno del PH tendrá que impulsar un programa de formación docente a partir de comisiones de Estudio, en todos los niveles, repito, para formar sus docentes en Maestrías y Doctorados. Y destacar la concepción de que en estos niveles de posgrados la formación para la investigación contribuiría al conocimiento de nuestras realidades sociales, económicas y políticas en el plano nacional y local. La labor docente se verá fortalecida con investigaciones de actualización para que las clases y proyectos tengan la dinámica de poder analizar la realidad cotidiana que viven los estudiantes y nuestro país.
La vinculación de los docentes al Magisterio, por medio de concursos de méritos académicos y de experiencia docente e investigativa, estará regulada por el correspondiente estatuto docente que, autónomamente, la Institución educativa tenga establecido en el marco de una política Educativa nacional que oriente y conduzca un Consejo Nacional de Educación (CNE).
La política neoliberal del “quién no produce muere” ha traído como consecuencia individualismo, corrupción y mediocridad en los trabajos académicos, aunado a prácticas proclives para que en las instituciones se haya enquistado el tráfico de influencias y se desprecie la vocación del Maestro.
La educación como herramienta poderosa de transformación social, será uno de los pilares fundamentales en el gobierno del PH, posibilitando ese tránsito a una sociedad del conocimiento que esté a la altura de las realidades nacionales y del mundo desarrollado. Ese paso, gigante, es necesariamente colectivo y parece ser inminente. Es tiempo de seguir marchando juntos.
*Exrepresentante de los profesores universitarios en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
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