POR PAMELA POO CIFUENTES Y PATRICIO SEGURA ORTIZ
El presidente chileno, Gabriel Boric, hizo una invitación clara a los países “desarrollados” para que nuevamente aterricen en Chile y expolien los ecosistemas altiplánicos con el fin de sostener el creciente consumo del norte global.
Las personas, así como las instituciones y organizaciones, elaboramos argumentos, visiones, para tener un horizonte hacia el cual avanzar mediante acciones concretas. De esta máxima no están exentos los gobiernos que plasman sus ideas en programas propuestos a la ciudadanía en los procesos electorales y lo que se espera es que se vayan concretando en políticas públicas de diversa índole, en muchos casos como proyectos de ley que se envían al Congreso Nacional.
Tanto en campaña como al iniciar su administración, Boric instaló un relato asociado a la aspiración de llegar a ser el primer gobierno ecologista de Chile. En esta senda, el principal primer hito fue impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú en mayo de 2022. Sin duda, una señal relevante que daba a entender que había preocupación en concretar medidas en lo ambiental.
Sin embargo, con el transcurso de los meses, la señal se fue diluyendo, ya que el Ejecutivo sólo dio continuidad a la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la moción parlamentaria que establece restricciones en zonas saturadas y latentes, logrando la aprobación de ambas iniciativas. No obstante, los dos proyectos venían de gobiernos anteriores.
En este casi año y medio de gobierno, este leit motiv de ser el “primer gobierno ecologista de Chile” se fue repitiendo e instalando sistemáticamente, pero sin sustancia que respaldara aquello. Esto es un problema, porque en política ya no basta con parecerlo, también hay que serlo. Porque más allá de algunos anuncios como un proyecto de ley para reciclar residuos orgánicos, el fortalecimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (que recién pasó su revisión por parte del Comité de Ministros para la Sustentabilidad), o el mejoramiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no ha arribado hasta ahora ningún proyecto de ley importante de índole medioambiental. Es así que, día a día, el compromiso de un gobierno ecologista, tan repetido en la prensa nacional e internacional, se ha ido vaciando de contenido.
Al contrario, incluso en algunos casos, se ha ido retrocediendo en los planteamientos, como lo fue en uno de los puntos de acuerdo para destrabar el royalty minero que compromete “reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental”. Más allá de lo que viene luego del “sin que ello…”, sabemos lo que esta frase significa al estar radicado el proceso en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, presidida hoy por el exsuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras, nombrado por el pinochetista Sebastián Piñera, Raphael Bergoeing Vela.
Paulatinamente, comenzamos a ser testigos de cómo un gobierno autodenominado “ecologista” fue dando un giro con un claro enfoque extractivista, ligado a un renovado colonialismo. La aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP11, por sus siglas en inglés) ampara el extractivismo mediante una agresiva profundización del modelo exportador. Lo mismo ocurre con la modernización del Acuerdo de Asociación Chile-UE firmado en 2002 (proceso de actualización que recibe el nombre de Acuerdo Marco Avanzado y que se espera concluya a fines de año), donde los productos estrella son el litio, el hidrógeno (¿verde?) y el cobre. El acuerdo con Francia mediante una reciente “declaración conjunta sobre la creación de un Grupo de Trabajo bilateral sobre el hidrógeno bajo en carbono”; y las palabras del presidente de España, Pedro Sánchez, en la visita de Gabriel Boric al país ibérico, en el marco de Cumbre UE-CELAC que se realizó en Bruselas: “Son dos sectores (hidrógeno verde y litio) de enorme importancia que nos refuerzan mutuamente, puesto que contribuyen al desarrollo económico de Chile y a la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea”, como refirió el líder hispano. El objetivo es mantener, sin cambios de fondo, el insostenible modelo de vida del norte global. Insostenible porque el planeta no alcanza para que toda la población mundial actual viva como los europeos. Entonces, alguien deberá pagar “la factura”.
La verdad es que la ofensiva tras el hidrógeno industrial (H2V) –que de verde poco tiene– contempla un uso extensivo e intensivo de los territorios y de agua, mucha agua. Y aunque su producción pareciera ser noble (como se promueve), la realidad es muy diferente, más aún cuando ya se aseguró que su desarrollo será 100 % privado. Desalinizadoras, puertos, cientos de miles de hectáreas para proyectos eólicos o solares configuran la misma lógica heredada del gobierno anterior del ultraconservador Piñera.
Este nuevo relato se aceleró con la publicación de la Política Minera 2050 realizada a principios de este año, en la cual se establece que Chile debiera producir siete millones de toneladas de cobre en 2035 y nueve millones en 2050, esencialmente para exportación. Esto no es menor considerando la intensidad de agua y energía que requiere esta industria, además de la contaminación que genera. En este contexto, la aprobación en abril de la expansión de la mina Los Bronces (de Anglo American Plc), que se llevó a cabo a través del proyecto Los Bronces Integrado, dio una señal más allá de lo gramatical: la votación unánime de los titulares como son Medio Ambiente, Minería, Salud, Agricultura, Economía y Energía en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad enterraba el “compromiso ecologista” y daba a luz la “realidad extractivista”.
El mismo derrotero sigue la Estrategia Nacional del Litio. Si bien el Estado tiene el derecho a fijar su participación en dicha industria, lo que no se comprende es la expansión de su extracción tanto en el Salar de Atacama como en más de 40 salares prístinos sin intervención industrial. La invitación es clara: que los países “desarrollados” nuevamente aterricen en Chile para expoliar los ecosistemas altiplánicos con el fin de sostener el creciente consumo del norte global.
Ya lo vimos, las señales entregadas por los ministerios de Hacienda y Economía en el sentido de que quieren acelerar la entrega de permisos de megaproyectos (fast track) y reformar, incluso, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para facilitar las inversiones (que partió bajo la iniciativa de Medio Ambiente, pero que hoy también difunde Hacienda –lo cual es una clara señal política–, profundiza la óptica extractivista de dichos Ministerios (y del gobierno), que impulsan un desarrollo a cualquier costo. Un escenario que deja muy mal parado a Chile para enfrentar las crisis climática y ecológica dadas sus vulnerabilidades, por lo cual este tipo de decisiones está poniendo en riesgo incluso a la población.
Es preciso que la sociedad chilena se pregunte cómo se puede hacer un giro a la economía para enfrentar los predicamentos que ya está sobre su población. No es viable plantear que el extractivismo se acabe de un día para otro, pero al menos se esperaría que un que se autocalifica de “gobierno ecologista” no lo agrave, apostando por actividades económicas relacionadas con la preparación, adaptación y resiliencia para abordar las crisis socioambientales. Agricultura regenerativa, reforestación con especies nativas, soluciones basadas en la naturaleza, protección de cabeceras de cuenca y ciudades verdes, por nombrar sólo algunos ejemplos, son acciones validadas por la ciencia y con múltiples co-beneficios… un win win, como gusta decir a los impulsores del modelo económico neoliberal que nos tiene en este dilema civilizatorio actual, del cual será difícil comenzar a emerger si el gobierno de Gabriel Boric se mantiene en la senda que, en algún momento, comenzó a transitar.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
