Civil o militar, la fiebre no está en las sábanas

POR LUIS EDUARDO MARTÍNEZ ARROYO

En el reinado de la superficialidad nada extraño puede ser que aparezcan “las voces autorizadas” que desautorizan el nombramiento por el presidente Gustavo Petro de un militar en el Ministerio de Defensa. Se hizo costumbre desde la Constitución de 1991 que ese cargo estuviera en manos de un civil, como prueba irrefutable de que el paraíso prometido por la grandilocuencia de la Carta Magna iba en serio.

Por él anduvieron personajes no militares como Fernando Botero Zea, durante el Gobierno de Samper, cuya relevancia estuvo más en ser acusado de haberse apropiado buena parte del dinero entregado por los del América de Cali a la campaña presidencial del jefe Samper que en perseguir a los financiadores del paramilitarismo, que ya para ese entonces hacían de las suyas en el territorio nacional.

Transitaron, así mismo, Martha Lucía Ramírez, Juan Manuel Santos, y Camilo Ospina, en los dos gobiernos de la Seguridad Democrática, cuyos rendimientos en materia de orden público y de respeto a los derechos humanos han sido más que deficitarios, y con creces. No se hable de Juan Carlos Pinzón, un saboteador durante Santos de las negociaciones de paz entre ese Gobierno y las Farc y una diligente ayudantía del uribismo en las mismas, por el suministro de información relevante a éste de los desplazamientos de los dirigentes guerrilleros.

Iván Duque tuvo sus alfiles eficaces. Dos de ellos fueron Diego Molano, con posdoctorado en ametrallar y bombardear campamentos guerrilleros que tenían en sus filas a menores de edad, con el argumento poderoso de que eran potenciales “máquinas de guerra”. Así como en llenar de plomo las humanidades de jóvenes que protestaban en los días y noches bogotanos durante el estallido social, quienes caían sin vida, o los que tenían más suerte, perdían un ojo.  Ah, y en empeñarse en tumbar a Maduro. De Holmes Trujillo, en su obituario las Fuerzas Militares lo sitúan como un eficaz luchador contra los narcotraficantes y las guerrillas.

Antes de la Constitución de 1991, había sido ocupado por militares, quienes no sólo tenían esta prerrogativa, sino que sus tribunales podían investigar y juzgar a civiles implicados en asuntos de orden público: pertenencia a las guerrillas, manifestaciones estudiantiles, invasiones de tierras y toda la amplia gama que la legislación existente contemplaba.

La institución militar y su amplio radio de acción tenía la innegable y acentuada influencia de la Seguridad Nacional (el opositor político era el enemigo interno), inyectada durante mucho tiempo por la política exterior norteamericana. Fue famoso en el país el “Estatuto de Seguridad” del Gobierno de Turbay Ayala, que masificó con los Ministerios de Gobierno, de Justicia con Hugo Escobar Sierra y de Defensa, liderado por Luis Carlos Camacho Leyva, la tortura en las caballerizas de Usaquén de artistas, escritores, dirigentes políticos opositores, y los allanamientos. García Márquez y Feliza Bursztyn fueron víctimas de los desafueros “turboescobacamachistas”, pues debieron optar por el exilio. Algunos críticos del Gobierno Turbay, como el caricaturista Osuna, en El Espectador, graficó lo que a su manera él entendió como un Gobierno regentado por el Ministro de Defensa.

El represivo mandatario Julio César Turbay Ayala (1978-1982) rodeado de la cúpula militar que ejecutaba al pie de la letra la doctrina de Seguridad Nacional del combate a muerte al “enemigo interno”.

En un abullonado sillón con las piernas estiradas hacia adelante y en pose imperial estaba sentado el ministro de Defensa, Camacho Leyva, a su lado hay un periodista que lo interroga de esta manera: “¿habrá golpe militar?”. A lo que el interrogado responde: “No creo que Turbay se atreva”. Otro tanto se dijo de Belisario Betancur durante la retoma del Palacio de Justicia por el Ejército, en respuesta al asalto por el M-19 en noviembre de 1985: que le dieron golpe de Estado.

La pregunta resulta inevitable. ¿Resolvió el nombramiento, desde 1991 de un civil en el Ministerio de Defensa, los graves señalamientos por violaciones de derechos humanos y los demás problemas agudos de orden público, como la inseguridad, que debe prevenir y combatir la fuerza pública?

Pareciera que, en este como en otros tantos padecimientos de la Nación, la fiebre no está en las sábanas.