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Un dantesco relato y un reporte del horror son los elementos constitutivos del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia (CEV), sobre el conflicto armado más largo de América Latina, que el pasado 28 de junio, tal organismo hizo entrega al país y a la comunidad internacional.
Según el mencionado informe, de los 700.000 muertos que deja el conflicto armado desde 1958 hasta 2016, una primera fase es política, la segunda narcotraficante, y solo el 1,5% de las víctimas murió en combate.
Si se compara con los muertos y desaparecidos durante las sanguinarias dictaduras cívico-militares del Cono Sur, el horror colombiano las supera con creces. En efecto, 110.000 personas fueron desaparecidas (en la dictadura chilena: 3.000; y en la de Argentina: 30.000 entre asesinados y desaparecidos); generó 700.000 muertos, en su gran mayoría jóvenes, campesinos y civiles (75%).
El informe, titulado Hay futuro si hay verdad, es el fruto de una investigación que empezó en 2018 y para la que se realizaron más de 14.000 entrevistas a 27.000 personas en Colombia y en otros 23 países.
El trabajo de la CEV, que se inició luego del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC en 2016, se ha considerado como histórico y es un importante referente en temas de memoria y reconciliación.
Origen de la CEV
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es una institución autónoma, aunque ligada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se creó como resultado del Acuerdo de Paz.
Sus 11 comisionados fueron elegidos después de un largo proceso. Entre ellos se encuentran algunos de los académicos, líderes sociales y periodistas con una destacada trayectoria.
La Comisión tuvo un presupuesto de 400.000 millones de pesos (US$100 millones) para cumplir con su mandato en un plazo de tres años. Ese periodo fue extendido siete meses por la Corte Constitucional para que el organismo pudiera recuperar, en parte, el tiempo de trabajo que se vio comprometido por la pandemia del Covid-19.
En desarrollo del trabajo para la elaboración del Informe se realizaron 14.000 entrevistas a 27.000 personas, entre las que se encuentran expresidentes, víctimas y victimarios. Asimismo se instalaron 29 casas de la verdad en varias poblaciones del país con el propósito de recoger y procesar información.
El pasado martes durante un acto especial al que asistieron el presidente y vicepresidenta electos, Gustavo Petro y Francia Márquez, respectivamente, se hizo entrega del resultado de ese trabajo en dos tomos, consistentes en un volumen de historias testimoniales del conflicto y otro que contiene hallazgos y recomendaciones. Durante los próximos dos meses se publicarán los capítulos que componen la extensa y documentada investigación.
Son 24 tomos, unas 8.000 páginas de informe, que no solo tendrá la versión de texto, sino que se va a divulgar mediante diversos ejercicios pedagógicos como obras de teatro, documentales, exposiciones y distintos formatos digitales.
Los hallazgos
Una encuesta contratada por la Comisión encontró que el 40% de los colombianos no conoce la historia de la guerra y 35% la conoce “más o menos”. Por ello el trabajo se centró en reconstruir la verdad entendida como colectiva y no como una única versión oficial e incontrovertible.
Más que establecer responsables, el informe busca determinar los factores de persistencia que hicieron de esta guerra una de las más largas de la historia y en la que el 80% de las víctimas fueron civiles no combatientes.
No se trata de contar una historia de buenos y malos ni de blancos y negros, explicó una fuente de la CEV.
Algunas de las conclusiones
El narcotráfico no solo fue financiador del conflicto, sino que ha sido un importante actor que logró arraigar una industria ilegal que permeó la economía y el sistema político hasta nuestros días.
El conflicto no solo tuvo causas armadas, sino también no armadas, parte de un entramado económico, político e incluso cultural que fomentaron el alzamiento en armas de campesinos y líderes políticos excluidos.
El modelo económico neoliberal que se implantó durante las últimas tres décadas, a partir de los años 90, fomentó la exclusión y desigualdad. Es decir, el genocidio en Colombia es una expresión más de la sinrazón neoliberal extendida a lo largo y ancho de la región latinoamericana a raíz del golpe de Estado de septiembre de 1973 contra el gobierno socialista del mandatario chileno Salvador Allende.
Dentro de ese contexto, el modelo de seguridad del Estado colombiano, en buena parte financiado por Estados Unidos e ideado en el marco de la supuesta lucha contra las drogas, puso a las Fuerzas Armadas en “modo guerra”. Eso impidió abordar el conflicto como un complejo proceso histórico en el que el Estado jugó, también, un rol como victimario.
La exclusión no fue solo económica: los patrones de discriminación racial, étnica, cultural y de género jugaron un papel crucial en la persistencia del conflicto.
El Estado desprotegió regiones y poblaciones vulnerables, sobre todo a jóvenes que, ante la crisis económica y las lógicas de guerra presentes en sus territorios, se vieron obligados a entrar a los grupos armados como una forma de vida posible.
Recomendaciones
Si Colombia no resuelve factores de persistencia de la guerra, el conflicto “no acabará de acabarse”, es una de las importantes reflexiones que hace el informe.
De hecho, durante los casi cuatro años de trabajo de la Comisión, el conflicto se ha recrudecido en algunas zonas remotas, en forma de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamiento forzado de poblaciones.
Justo hace dos meses, la CEV tuvo que cancelar varios eventos en regiones sensibles por cuenta de paros armados impulsados por agrupaciones al margen de la ley.
Y para encarar esa realidad, la Comisión hace una serie de recomendaciones al Estado colombiano, como consolidar una institucionalidad capaz de resolver los disensos sin violencia. También solicita a la comunidad internacional que apoye las iniciativas de paz en Colombia, negándose a entregar recursos para la guerra como tradicionalmente lo ha venido haciendo Estados Unidos.
El mandato constitucional de la Comisión de la Verdad termina el próximo 28 de agosto. Luego se formará un comité autónomo que durante siete años le va a seguir el paso a las recomendaciones y se activará la red de aliados de la Comisión (ONG, gobiernos, organizaciones multilaterales) que esperan contribuir en el proceso.
No solo es la primera vez que se realiza un trabajo colectivo de tal magnitud y rigurosidad en Colombia, sino que también constituye un hecho inédito que quienes estuvieron por años ubicados en bandos contrarios han podido escucharse y, en muchos casos, reconciliarse.
Durante el acto de la entrega del informe se vio, por ejemplo, un video en el que algunos indígenas embera escuchaban a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y narcotraficante, reconocer su responsabilidad y pedir perdón por el asesinato del líder de su pueblo Kimmy Pernía.
También se escuchó a Braulio Vázquez, excomandante de las FARC, hablar en nombre del “colectivo fariano” y reconocer su responsabilidad en los reclamos hechos por las victimas en el Cauca durante un encuentro que se llevó a cabo en 2021.
Por otro lado, se vio al exgeneral y exvicepresidente de la República, Óscar Naranjo, quien fue director de la Policía Nacional, reconocer que la estigmatización es una forma de violencia y que él contribuyó a estigmatizar la universidad como institución.
La labor de la CEV ha sido un proceso en el que se recnoce la complejidad del conflicto armado y la responsabilidad colectiva.
Asimismo se ha desescalado el discurso de los enemigos y se ha identificado la responsabilidad no solo de los grupos al margen de la ley, sino también de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de otros sectores de la sociedad que tienen directa implicación en todo lo sucedido.
Pero esa lectura, justamente, resulta políticamente incómoda para algunos, como los sectores políticos de derecha y uno de sus líderes como el cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Fue muy significativo el hecho de que el ultraconservador presidente Iván Duque, quien oportunamente fue invitado al acto de entrega del Informe Final se excusó porque tenía un viaje internacional. Nadie de su desprestigiado gobierno lo representó en dicho acto.
Así que la entrega de las recomendaciones se le hizo al presidente electo, Gustavo Petro, quien además hizo una destacada y reflexiva intervención.
El contenido que falta de la investigación
Además de la declaración y el capítulo de hallazgos y recomendaciones, durante los próximos meses se publicarán capítulos sobre la narrativa histórica de la guerra, las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado y los fenómenos de resistencia al conflicto que recrudecieron la violencia, como el paramilitarismo.
Hay un capítulo dedicado a los testimonios de víctimas, otro sobre las poblaciones étnicas y jóvenes que se vieron afectadas por el mismo, uno acerca del exilio de millones de colombianos (se estima que casi uno de los cuatro millones que hay en el exterior huyeron por la violencia) y otro sobre la complejidad territorial del conflicto.
Durante los próximos dos meses directivos de la Comisión realizarán una gira internacional para divulgar el informe en escenarios como la ONU, la Unión Europea y el Congreso de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que este país ha sido históricamente uno de los actores del atroz conflicto colombiano.
Acceder a los dos tomos del Informe Final
Cuando los pájaros no cantaban. Historias del conflicto armado en Colombia (volumen testimonial)
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