Javier Milei apuesta a la “iniciativa privada” y a la “innovación tecnológica”, por eso se acerca a Donald Trump y a Elon Musk, entre muchos otros “capos” del capitalismo contemporáneo. En ese marco alentó al empresario privado Julian Pehde, de la plataforma Kip protocol en donde se promovió la cripto moneda $LIBRA, que del desconocimiento saltó, gracias al posteo de Milei a cifras astronómicas motorizadas por unos 44.000 inversores tentados por la plata fácil de la economía especulativa. No contaban con la estafa de unos cinco retiros por casi 100 millones de dólares, que desplomó la valorización en el mercado de capitales y que conmueve a la Argentina y a buena parte del mundo, especialmente a los inversores estafados.
Ante las variadas denuncias, Milei posteó que «no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto» de la cripto $LIBRA. Sin embargo, contribuyó con su promoción a la iniciativa privada a consumar una gran estafa, que por estas horas se estima en casi 100 millones de dólares.
Solo para comparar, vale considerar que al senador Edgardo Kueider lo expulsaron por contrabandear 200.000 dólares en la frontera argentina-paraguaya. Los funcionarios gubernamentales y los seguidores de Milei minimizan el episodio. Señalan que solo se trató de un posteo, como si fuera un “influencer” despojado de su función de gobierno.
Además, en un tema sensible como es el DINERO, en tiempos de tecnología de la comunicación que favorece la difusión del posteo de un liberal libertario que destacan los principales operadores periodísticos del mundo especializado del capitalismo global. Vale interrogarse en estas horas como estarán opinando quienes consideran al gran ajuste del argentino como un milagro económico, donde las cuentas macroeconómicas cierran aun con inmenso deterioro de las condiciones de vida de la mayoría social empobrecida. Habrá que exigir pronunciamientos e investigaciones de los poderes del Estado: la Justicia y el Congreso; que operen los órganos de regulación, como la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que la sociedad asuma la irresponsabilidad de delegar al sector privado asuntos tan sensibles como el dinero.
No es la primera vez que Milei opina sin conocer, de hecho, es lo que hace con la teoría, especialmente con las denuncias de «plagio» en sus libros. Su «liberalismo» es tanto una estafa como esta, surgida desde su promoción de una cripto moneda que promocionaba como un logro de la Argentina liberal, que atraía capitales para la promoción de la economía liberal sustentada por el proyecto Milei.
La realidad nos devuelve este escándalo, que el Presidente y su equipo intentan minimizar. Es obvio que la oposición política actúa y el debate recién empieza. En rigor, el tema está en la sociedad, siendo evidente que el interés “privado” sigue la lógica de la maximización de la ganancia. No solo ocurre con las estafas piramidales, sino también con el “adelanto” de los precios que explica el Ministro de Economía sin impulsar acciones concretas. Solo alcanza con citar el ejemplo de la réplica oportuna del ministro Luis Caputo a las empresas pre-pagas de salud, que solo sirvió como propaganda, pero sin efecto para usuarios que quedaron subordinados a la lógica re-marcadora del capital privado invertido en salud.
El exsenador Kueider escondía 200.000 dólares, y quienes blanquearon durante el 2024 habían escamoteado al fisco unos 22.000 millones de dólares en billetes. La estafa en curso remite a unos 100 millones de dólares, parte de múltiples estafas, entre las que vale destacar es el préstamo del FMI por 45.000 millones de la moneda estadounidense. Crédito “logrado” en la gestión de Mauricio Macri bajo gobierno en EE.UU. de Trump en 2018. Todo, para que esos recursos se movieran por una puerta giratoria y consolidaran la fuga de capitales, con beneficios para pocos y a cargo de una cuenta a cancelar por el conjunto de la sociedad.
En materia de clientelismo, en Colombia la Constitución Política de 1991, puso el queso al ratón. Por ahora me refiero a un segmento del clientelismo judicial que constituye una desventura para la majestad, transparencia e independencia judicial.
La función electoral en cabeza de las cortes y de los tribunales, se convirtió en factor deslegitimante de nuestra justicia al desnaturalizar la hermosa, democrática, tradicional y sagrada misión de administrar justicia. Una sentencia impone el derecho, en cambio la elección de un funcionario impone intereses personales, familiares, de grupo o económicos.
Si los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley en la elección directa o indirecta de servidores públicos, el sometimiento no es otro distinto al de las prebendas, alejado del interés general.
Por ejemplo, al Procurador General de la Nación, lo elige el Senado, de terna presentada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República. En el sistema anterior, lo elegía la Cámara de Representantes. A partir de 1991, al clientelismo político congresional, se sumó el judicial y el Procurador así elegido queda atenazado en el nombramiento de cargos públicos por magistrados y congresistas. Si el elegido es ternado por el Presidente, se desvanece la condición de supremo director del Ministerio Público y se resquebraja la función disciplinaria contra funcionarios que violen la ley. Esta institución debe desaparecer como se ha propuesto.
Otro ejemplo tiene que ver con la elección de Fiscal General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia elige Fiscal de terna enviada por el Presidente de la República. Esta nociva mixtura, ha sido y es factor perturbante para la buena marcha del Estado Social de Derecho. Si la Fiscalía forma parte de la rama judicial, nada tiene que ver el Presidente de la República en su escogencia y menos en su funces de que el entonces gobernador Álvaro Uribe terminara su mandato, se habría planeado, según Mancuso, una operación militar ejemplarizante contra las poblaciones que rodean el río Cauca en el punto donde después se construyó Hidroituango. Las masacres de La Granja y El Aro se habrían gestado en las oficinas de la IV Brigada del Ejército en Medellín y por orden del gobernador Uribe.
“La primera planificación se inicia desde que yo voy a la oficina del general Manosalva, puente hecho a través del general Iván Ramírez (…) Él se fue, yo quedé con el general Manosalva planificando la operación (de la masacre de El Aro) sobre cartas satelitales, sobre la mesa de la sala de juntas que él tenía ahí, de toma decisiones de donde estábamos (…) intercambiamos información de inteligencia, sacamos los planos que él tenía allí, me mostró la ubicación, me entregó órdenes, detalles, información de campamentos, apoyo, corredores de movilidad. Me explicó todo”, les dijo Mancuso a los magistrados de la JEP.
Mancuso afirmó que con todo lo que le entregó Manosalva fue luego a donde Carlos Castaño y Vicente Castaño para terminar de afinar la incursión a Ituango. “Aquí lo novedoso es que cuando muere Manosalva quien termina de planificar la operación es el general Ospina, con Doble Cero”.
Uno de los magistrados pregunta: ¿cuál Ospina?
Y Mancuso responde: “El que después llegó a ser comandante de las Fuerzas Militares”.
Alfonso Manosalva Flórez fue comandante de la IV Brigada hasta el 20 de abril de 1997, fecha en la que murió a causa de un aparente aneurisma. El general en retiro Iván Ramírez Quintero, por su parte, actualmente comparece ante la JEP por hechos relacionados con el exterminio de miembros de la Unión Patriótica. Ramírez Quintero es, según las revelaciones de Mancuso, uno de los altos oficiales del Ejército que cumplió un protagónico rol de enlace con los paramilitares.
Mancuso fue más allá y dijo incluso que sostuvo un encuentro directo con Uribe en su finca El Ubérrimo en 1996, antes de la masacre. “Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suarez, comandante de la policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, con el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”.
El exparamilitar aseguró que Pedro Juan Moreno fue quien, de parte del gobernador, pidió que se cometiera la masacre: “El Aro se iba a hacer desde el 96, reunido en la oficina del general Manosalva, allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas (…) fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe”.
Mancuso dice que a paramiliatres los apoyó el helicóptero de la Gobernación
Los magistrados de la JEP le pidieron profundizar en las razones por las que se habría cometido esta masacre. Y Mancuso explicó que en esa área las FARC tenían un fortín impenetrable, adonde llevaban a las personas que secuestraban en la carretera entre Medellín y Caucasia, y entre Yarumal y Caucasia. “Tenían como una base carcelaria, los mantenían a los secuestrados de las FARC, así que, cuando nos dan esta información se planifica una operación, nunca habíamos entrado allá”, dijo.
La operación a la que se refiere tenía como objetivo desatar el terror en la población y quitarle la base de apoyo a la guerrilla. Su relato es descarnado:
“Uno pone en práctica no solamente un teatro de operaciones, sino la puesta en escena de un teatro de terror, así de horrible como suena (…) Usted tiene que atemorizarlos tanto que, o dejan de apoyar a la guerrilla, o se van de la zona o se enfusilan. Así de crudo como suena, entonces por eso esas operaciones eran de castigo, se imponía un terror y luego salíamos de la zona”.
En la declaración, el exjefe paramilitar también reveló que en la masacre de El Aro contaron con apoyo aéreo y que él mismo piloteó uno de los helicópteros: “Yo fui a llevar municiones, a sacar heridos, muertos. También hubo un helicóptero de la guerrilla en la zona que seguramente estaba haciendo lo mismo que nosotros. También estuvo sobrevolando un helicóptero de la gobernación y un helicóptero del Ejército”.
Salvatore Mancuso
Uno de los magistrados le preguntó: “¿de la Gobernación de quién?”.
A lo que Mancuso respondió: “de Antioquia”.
Mancuso explicó que los helicópteros de la Gobernación y del Ejército estaban prestando apoyo logístico a toda la operación. “El helicóptero del ejército no lo solicitamos nosotros, seguramente lo solicitó alguien de la tropa del ejército que estaba en el aérea, porque estaban apoyándonos. Como se planeó la operación nosotros ingresábamos y ellos bloqueaban por fuera. Ellos no ingresaban, de hecho, iban a impedir que cualquier persona ingresara. Ellos impidieron el acceso de la Cruz Roja, de la Defensoría, o sea, todo lo que iba para allá, nadie podía entrar hasta que nosotros saliéramos del área”.
Iván Ramírez: el general que amenazó a Mancuso
Al general Iván Ramírez Quintero, uno de los oficiales con mayor trayectoria en la inteligencia militar, Mancuso lo describe como un hombre peligroso que incluso lo amenazó dos semanas atrás de la diligencia judicial, y lo responsabiliza de ser uno de los artífices de la alianza entre los militares y los paramilitares. A veces lo llama ‘don Iván’.
“¿Qué pasa con Iván Ramírez? ¿Por qué todo el mudo le tiene miedo y no declara?”, se preguntó Mancuso de forma retórica en la audiencia. Y él mismo se contestó: “Porque saben de lo delicado que es el general. Entre otras cosas fue uno de los que me mandó amenazas recientemente”.
Según el excomandante paramilitar, meses atrás de la audiencia reservada, Ramírez le mandó a decir que no fuese a hablar absolutamente nada de él: “que yo sabía cuáles eran las consecuencias de eso. Le conoce la historia a todo el mundo porque él estaba dentro de estos batallones de inteligencia que hacían interceptaciones, le conoce lo bueno y lo malo a las personas de ciertos niveles y de ciertos cargos importantes”. Y agregó: “Es un hombre conocedor como ningún otro de los entramados de la legalidad y la ilegalidad en el conflicto armado. Él fue uno de los que manejó esto desde adentro, era el encargado de las fuerzas militares para esa relación con nosotros”.
La relación de los paramilitares con la Fuerza Pública no solo se tejió a través de operaciones conjuntas, apoyo logístico e intercambio de información. Mancuso contó incluso que los comandantes de las autodefensas tenían la influencia suficiente para despedir o ascender oficiales según su interés. En este apartado mencionó un episodio en el que estuvo involucrado Ramírez cuando era jefe de inteligencia. Relató que un coronel llamado Iván Velásquez fue removido de su cargo por órdenes de Carlos Castaño. El máximo jefe de las AUC le habría pedido a Ramírez que sacara al oficial y, según Mancuso, así se hizo.
“Entregué 2.000 millones pionamiento. Un sistema que tenga origen exclusivo en la rama judicial, con prevalencia del concurso de méritos en su designación, sería más sano y se acabaría con el clientelismo judicial, que se apoderó hace rato de este organismo.
Los daños morales que se causan a la justicia colombiana, por semejante espectáculo circense que se presenta mediante artilugios y cálculos electorales que, como ha sucedido, dilatan la elección de Fiscal, son irreparables. Se impone un revolcón constitucional, mediante un mecanismo extraordinario distinto al Congreso.
