DIARIO RED /
En su nota editorial de este miércoles 5 de marzo, el Diario Red que dirigen los fundadores de la formación política española Podemos, Pablo Iglesias Turrión y Pablo Echenique Robba, se refiere al proceso penal que afronta el cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El medio periodístico considera que con el desarrollo de esta causa penal “Colombia abre la posibilidad de construir una narrativa ejemplarizante contra los representantes globales del armamentismo y el narcotráfico”.
El editorial que lleva por título “Juicio contra Uribe y comienzo del post-uribismo”, está concebido en los siguientes términos:
Superando a “El Patrón” Escobar
En los últimos 50 años, Álvaro Uribe Vélez se ha adjudicado la potestad de borrar su pasado, el de su familia y falsear la historia de Colombia. Su biografía revela el triunfo de la principal estrategia de intervención norteamericana guiada desde los años de Nixon: instrumentalizar el narcotráfico para pagar y justificar las guerras en el tercer mundo.
La historia de Uribe Vélez se remonta a la génesis del narcotráfico en Colombia a mediados de los años 70, cuando su familia logró ascender en la escala social como testaferra y rejoneadora del Cartel de Medellín. Al interior del emporio que condujo Pablo Escobar también figuraban ilustres apellidos asociados al negocio de caballos y estupefacientes, como los Henao, los Ochoa y los Villegas Uribe. Oriundos del nordeste antioqueño, hacia los años 80 las familias del Cartel de Medellín definieron la toma gradual del Estado colombiano, el control territorial del país y la administración del tráfico internacional de cocaína.
En 1980, el joven mimado de los Ochoa, Álvaro Uribe Vélez, asumió la Dirección de la Aeronáutica Civil luego del asesinato de su predecesor, el periodista Fernando Uribe Senior, a manos del Cartel de Medellín. En menos de dos años Uribe Vélez firmó más de 200 licencias de vuelo que beneficiaron al cartel de Escobar. Entre los beneficiarios estuvo el banquero y narcotraficante Luis Carlos Molina Yepes, autor intelectual del homicidio del director del importante diario El Espectador, Guillermo Cano, en 1986. El rol del joven Uribe Vélez fue clave en el afianzamiento del comercio internacional de cocaína.
Entroncar al narco en el Estado
Uribe fue alcalde de Medellín en 1982, cuando Pablo Escobar ocupaba un asiento en el Congreso. Mientras Uribe se vio obligado a dimitir ese mismo año por sus escandalosos vínculos con el narcotráfico, Escobar se sostuvo dos años más como suplente a la Cámara, hasta cuando tuvo que renunciar por las denuncias del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Esa estrategia de entronque con el Estado quedó plasmada en la autobiografía ‘Mi vida en el mundo de los caballos’ del narcotraficante Fabio Ochoa. En los dos tomos publicados en 1988 quedaron inmortalizados importantes registros de la articulación entre el narcotráfico, los hacendados y el bipartidismo. En una de sus páginas se puede ver a Santiago Uribe, hermano del expresidente, abrazado con los asesinos del ministro Lara Bonilla, quien fue acribillado en 1984 luego de denunciar a Escobar.
Las familias nordestinas de Antioquia y las élites históricas del país se hartaron de los excesos de Escobar y le dieron muerte en 1993, echando mano de la organización paramilitar ‘Los Pepes’, o Perseguidos por Pablo Escobar. A partir de entonces, el entronque del narcotráfico con el Estado se selló como una boda de sangre. La nueva burguesía narcotraficante se vio llamada a conducir políticamente la inserción del ‘oro blanco’ en las fauces del proyecto globalizador del neoliberalismo, mientras fomentaba su propio esquema de seguridad privada. En 1994, el presidente de la apertura neoliberal, César Gaviria, legalizó la militarización del narcotráfico con el Decreto Ley 356, que buscaba regular nuevos “servicios especiales de seguridad privada” en zonas de conflicto. Las llamadas ‘Convivir’, o empresas de seguridad privada, permitieron a los hacendados instrumentalizar el paramilitarismo para llevar adelante la mayor expropiación de tierras de la historia, bajo la excusa de la lucha contra la guerrilla. En ese momento, Álvaro Uribe se convirtió en el capataz del país, coronándose como el gobernador del departamento de Antioquia y el mayor dirigente político del entronque en cuestión. Bajo su gobierno departamental se perpetraron las masacres de La Granja (1996), El Aro (1997), Santa Rita (1997), San Carlos (1998) y La Unión (1998). El modus operandi se basó en reforzar el accionar paramilitar con el apoyo de la fuerza pública, tal como lo reconoció en una de sus últimas indagatorias en la Fiscalía.
¿Qué será el post-uribismo?
Tras 50 años de escándalos velados por la toma de las instituciones con la aquiescencia de las clases dominantes del país, Uribe enfrenta su mayor reto jurídico. El político lo perdió frente a Gustavo Petro luego de quemar su última carta presidencial con Iván Duque.
Uribe es investigado en la Fiscalía por presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos en actuación penal. Es decir, tres cargos de baja monta en relación con su expediente histórico. De comprobarse, el expresidente y líder de la ultraderecha podría enfrentar de 6 o 12 años de prisión. Entre los testigos en su contra se encuentran el exparamilitar e hijo del capataz de su hacienda las Guacharacas, Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, y el senador y fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda.
En el 2011, mientras cubría la problemática carcelaria, el congresista Iván Cepeda recibió un inquietante testimonio de Monsalve en el que aseguraba tener pruebas de la participación de la familia Uribe en la conformación del Bloque Metro de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde entonces, el expresidente intentó por todos los medios torcer el testimonio del paramilitar e incriminar al congresista Cepeda, llegando a exigir a la Corte Suprema de Justicia que le investigara por, supuestamente, buscar testigos falsos para incriminarlo en denuncias por paramilitarismo. Esa estrategia ya la había usado contra el magistrado Iván Velázquez, responsable de investigar al 40% del Congreso salpicado por relaciones con el paramilitarismo tras el debate impulsado en el 2007 por el entonces congresista Gustavo Petro. No casualmente, los implicados en las investigaciones por parapolítica pertenecían a la bancada del presidente Uribe, incluyendo a su primo Mario Uribe.
En el 2014, Iván Cepeda realizó un debate en el Congreso en el que sacó a la luz el resultado de las investigaciones que comprobaban la relación entre la familia Uribe y las organizaciones paramilitares del nordeste antioqueño.
En el 2018, la Corte Suprema de Justicia promulgó un acto inhibitorio contra Cepeda y decidió investigar a Uribe, quien para la fecha se desempeñaba como jefe de su bancada en el Congreso. Para huir de la investigación de la Corte, Uribe renunció a su cargo. El proceso quedó entonces en manos de su hijo político, el Fiscal Francisco Barbosa, denunciado por favorecer a los paramilitares del Clan del Golfo en el Pacífico colombiano.
En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia imputó formalmente a Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal. Ese mismo día, la Corte ordenó su arresto domiciliario como medida preventiva, argumentando que existía riesgo de obstrucción a la justicia. En octubre de 2021, la Fiscalía General de la Nación (que tomó el caso después de que Uribe dejara de ser investigado por la Corte Suprema al renunciar a su curul como senador) decidió archivar la investigación por “falta de pruebas suficientes”.
Desde entonces, no han faltado los atentados de muerte y las campañas de difamación contra Monsalve, Cepeda, los magistrados a la cabeza de las indagatorias y sus familias. Basta leer los titulares de la prensa al servicio de los banqueros beneficiados con el entronque paramilitar para entender el alcance del proyecto de Uribe Vélez. Los intentos dilatorios de su defensa, centrados en buscar el vencimiento de términos en octubre, han incluido desplantes, recusaciones y tutelas contra la jueza a cargo, Sandra Liliana Heredia. En este escenario, no resulta peculiar la constante pedida de ayuda a los gobiernos estadounidenses. Finalmente, Uribe también es su invento, por lo que su caída arrastraría a todos los mandatarios estadounidenses desde el Plan Colombia (1999) hasta el presente.
A modo de balance, podría decirse que el posible apresamiento de Uribe Vélez es el mayor aporte latinoamericano a la lucha internacional contra las drogas y el tráfico de armas. Pero, sin el narco y sus organizaciones criminales, ¿cuál sería la excusa para imponer Noboas y Bukeles? ¿Qué sería del sistema financiero que se lucra con el 98 % de las ganancias de la cocaína depositadas en los paraísos fiscales? ¿De qué se alimentarían las redes armamentistas sin las transacciones que se esconden a la vista de todos desde que Reagan implementó el Irán-contras para impulsar su guerra contra los proyectos soberanistas de la región? ¿Qué fundamentos tendrían las periodistas emanadas del silenciamiento, como Salud Hernández, Claudia Gurisatti o Vicky Dávila? En últimas, ¿qué sería de la historia contemporánea de los países del tercer mundo sin la escritura a muerte de imbatibles como Uribe Vélez y sus voceadores del horror?
La gesta impulsada por el senador Iván Cepeda en el contexto de mediana apertura institucional del Pacto Histórico, solo se entiende con la posibilidad de responder esas preguntas en un marco que contemple el futuro de Colombia anidado con un proyecto de paz para la región y para el mundo. Más que un anhelo, juzgar a los operarios internacionales de las armas, el narcotráfico y el saqueo como -Uribe Vélez- pretende enarbolar la posibilidad de recuperar la escritura de la historia y el futuro de las periferias latinoamericanas y caribeñas, convertidas, solo entonces, en potencias mundiales de la vida.
Diario Red, España.
