LA JORNADA /
La inveterada derecha criminal colombiana recibió una respuesta popular contundente este miércoles 7 de junio cuando en Bogotá y varias ciudades del país millares de ciudadanos desbordaron sus calles y plazas en respaldo entusiasta al Gobierno del Cambio que lideran el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Toda la reacción fascista colombiana liderada por el uribismo, la canalla mediática del corrupto establishment y los instrumentos institucionales al servicio de sus mezquinos intereses: la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación que vienen organizando de manera coordinada un golpe blando contra el mandato legítimo de la coalición progresistas denominada el Pacto Histórico, recibieron un claro mensaje: no pasarán en su intento desestabilizador y antidemocrático.
Convulsión política
El gobierno de Petro fue llevado a una grave convulsión política a raíz del escándalo que involucra a la exjefa de gabinete Laura Sarabia, y al exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, apartados de la administración por el Presidente desde el pasado viernes 2 de junio.
La crisis se remonta a enero de este año, cuando Sarabia denunció el robo de un maletín con miles de dólares en su domicilio. A finales de mayo, un medio de comunicación de la recalcitrante ultraderecha colombiana publicó una entrevista con Marelbys Meza, quien trabajaba de niñera para Sarabia y asegura que la funcionaria la hizo detener y la sometió a un interrogatorio con polígrafo durante cuatro horas en el sótano de un edificio anexo a la residencia presidencial.
Las acusaciones de Meza cobraron mayor notoriedad por incluir presuntas intercepciones telefónicas ilegales, una práctica conocida en Colombia como “chuzadas” que resulta por demás discutible por identificarse con el autoritarismo de ultraderecha del cuestionado e impresentable expresidente Álvaro Uribe Vélez, acerbo crítico y rival político de Petro.
Como elementos de contexto, cabe mencionar que el medio que divulgó las informaciones que hicieron caer a los colaboradores cercanos del mandatario es de propiedad de una codiciosa familia de especuladores financieros y desde hace al menos cinco años fue tomada editorialmente por el sector fascista que lidera el uribismo.
Además, el fiscal general, Francisco Barbosa, un fanático uribista, impuesto por su amigo y compañero de aulas universitario, el títere exmandatario Iván Duque, atrajo con inusitada premura el caso y en pocos días lo ha convertido en una bandera de su gestión.
Este celo no debería resultar extraño ante la delicada naturaleza de las acusaciones, pero es inevitable vincularlo con el hecho de que Barbosa, es un instrumento del uribismo y de la derecha colombiana que está desplegando un oscuro accionar dirigido a desestabilizar el Gobierno de Petro.
Además, en diciembre el Ejecutivo debe enviar al Congreso una terna para reemplazarlo, por lo que las investigaciones se leen como un intento de torpedear la llegada de un sucesor que investigue los graves excesos del desgobierno de Duque. Por último, tanto las revelaciones como la actitud militante con que la Fiscalía ha decidido investigarlas se enmarcan en un clima de golpeteo permanente contra el primer gobierno de izquierda en la historia colombiana.
Por su parte, otra ficha del uribismo, la procuradora general, Margarita Cabello (encargada de investigar las irregularidades disciplinarias cometidas por servidores públicos), ha emprendido una campaña para reducir la representación de la coalición gobernante en el Congreso suspendiendo los derechos políticos de los legisladores oficialistas, una medida que desde 2014 fue desautorizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A principios de mayo, el exdirector de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Acore), John Marulanda, aseguró que los efectivos en reserva harán lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, en referencia a Petro, quien perteneció al M-19.
De manera reveladora, Marulanda llamó a los uniformados a actuar contra el mandatario tal como los militares peruanos procedieron con el depuesto Pedro Castillo, quien contempla desde la cárcel la sumisión de los golpistas al neocolonialismo estadunidense, así como la violencia represiva desatada por la usurpadora Dina Boluarte contra quienes exigen que se restaure la democracia.
La nación sudamericana asiste, pues, a un episodio de lawfare como los que llevaron al derrocamiento de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, o como el acoso judicial de la reacción oligárquica argentina en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández o el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa.
Es claro que las derechas continentales han encontrado en fiscalías, tribunales y poderes legislativos sucedáneos más presentables que las instituciones castrenses para perpetrar derrocamientos de gobiernos progresistas e interrumpir mandatos populares incómodos para las decadentes y corruptas élites político-empresariales.
Chomsky y Pérez Esquivel encabezan mensaje de solidaridad a Petro
En medio de esta situación política convulsa en Colombia, un grupo de intelectuales y dirigentes políticos –entre ellos Noam Chomsky y el Premio Nobel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel– suscribieron una carta mediante la cual advierten que se gesta un golpe de Estado blando en esta nación andina, organizado por los poderes tradicionales de ese país con la finalidad de revertir la voluntad popular.
Manifestaron su solidaridad con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, quienes encabezan el primer gobierno progresista del país y desde que fueron elegidos por el pueblo colombiano enfrentan a las “fuerzas conservadoras” que buscan “restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado”.
Señalaron que el objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los protervos intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían “paz total” al país.
“A menos de un año de la toma de posesión de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”, se advierte en la carta firmada entre otros por Ada Colau, Yanis Varoufakis, Gleisi Hoffman, Adolfo Pérez Esquivel y Ione Belarra, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapaterp y Rafael Correa, entre otros, a fin de articular expresiones de solidaridad internacional en respaldo al gobierno popular y en rechazo al “método antidemocrático golpe blando”.
Por tal razón, urgieron “al pueblo colombiano y a los aliados de la democracia de todo el mundo a oponerse a estas infames tácticas e impedir el avance de un golpe blando en Colombia”.
Desde la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación respectivamente, Margarita Cabello y Francisco Barbosa están persiguiendo activamente a los representantes del Pacto Histórico, cuyas ilegales acciones pueden resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas como Alex Flórez y Alexander López, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, la representante Susana Gómez, la senadora y líder negociadora de paz, María José Pizarro —e incluso el propio presidente Petro.
En el caso del senador Wilson Arias, por ejemplo, Cabello —estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe y quien fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque— abrió un proceso disciplinario contra el congresista por el supuesto “delito” de pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021: “una violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos”.
Entretanto, generales y coroneles en retiro y reservistas miembros de las Fuerzas Militares colombianas no sólo han proclamado su oposición al presidente Petro, sino que incluso han marchado frente al Congreso para llamar a un golpe de Estado contra su gobierno, advirtieron los promotores de la carta.
El texto completo de la misiva y sus firmantes ingresando al siguiente enlace:
La Jornada, México.
“Creían que el pueblo estaba dormido”: Petro cierra gran movilización en apoyo a sus reformas
ACTUALIDAD RT /
El presidente Petro, cerró este miércoles 7 de junio en Bogotá una multitudinaria manifestación popular en respaldo a sus reformas sociales, que se replicó en otras ciudades colombianas.
El mandatario, acompañado de la vicepresidenta, Francia Márquez, destacó la importancia de esta gran movilización, que envía un claro mensaje a sus detractores. “Creían que el pueblo estaba dormido […] El pueblo que eligió al Presidente sigue con el Presidente”, enfatizó.
“Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado, creen que fue simplemente una moda, una fiebre pasajera, un delirio que ya pasó y que dejó a un presidente abandonado en su palacio presidencial, pues hoy decimos, hoy lo decimos con toda claridad, no fue así”, añadió Petro.
El jefe de Estado dijo que este acto en apoyo a su gestión le reafirma el rumbo que tiene que seguir, “el camino difícil de volver realidad una verdadera democracia en Colombia”.
Ante la multitud, Petro hizo un pacto. Dijo que su gobierno estará “hasta la muerte” al servicio del pueblo; pero les pidió que “no tengan pereza de salir a la calle” en defensa de sus políticas en favor de todos, porque “llegó el momento de luchar, con la fuerza y con la dignidad, con la alegría y la cultura”.
“Nosotros no vamos a luchar con armas, hoy las armas están al servicio del pueblo, hoy no están contra el pueblo, pero ustedes no nos dejen solos”, sostuvo.
Gobierno de la gente sencilla
El presidente dijo que la fase que sigue en su mandato “es el Gobierno popular” y que “la gente sencilla debe gobernar en Colombia”.
“Nuestro Gobierno tiene que estar en la calle, nuestro Gobierno no puede estar en los palacios, nuestro Gobierno no es de los palacios, no es de la burocracia, nuestro Gobierno es de la gente sencilla, debe estar siempre rodeado de la gente sencilla”, manifestó.
Insistiendo en ello, Petro indicó que “de ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia” para tomar decisiones sobre su territorio. También señaló que “todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular” y que en caso de no hacerlo, esos funcionarios deben dejar sus cargos.
Petro pidió que no lo inviten “a grandes bacanales” ni a los “cocteles sociales de los banqueros”, porque no irá. “Invítenme a tomar una cerveza allá en una esquina, sentados en una acera; invítenme a un baile popular, con viche del Pacífico; invítenme a bailar porros en la veredas de mi pueblo campesino de Córdoba”, agregó.
Golpe de Estado
El presidente reiteró su denuncia sobre las pretensiones de sectores de la oposición de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra, similar a lo ocurrido con Pedro Castillo en Perú; sin embargo, advirtió que el pueblo colombiano no lo permitirá.
“Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular, aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo”, indicó.
En su discurso añadió: “Que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia, porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia en las calles de este país”.
Reformas
Para el mandatario, esta movilización demuestra que “tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de Gobierno” por el cual el pueblo votó. “Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida”, señaló.
Entonces, habló sobre uno de los principales motivos de la movilización, que fue la defensa de los proyectos de reformas de salud, laboral y de pensiones que ha presentado el Ejecutivo ante el Congreso en busca de “justicia social”.
Ante la multitud, Petro insistió a los miembros del Legislativo “que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos”.
El mandatario señaló que a los proyectos de reformas que ya presentó se sumarán en el próximo semestre otras relacionadas con servicios públicos, “para que el eje no sea el empresario”; y en el caso de las iniciativas para transformar la educación superior, indició que buscarían “que la juventud acceda al derecho de educación”.
En su alocución, el mandatario colombiano también anunció que viajará a Cuba este jueves8 de junio. “Voy a algo que puede ser importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país”, expresó, sin dar mayores detalles al respecto.
En La Habana se desarrolla el tercer ciclo del proceso de diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que se estudia un posible cese al fuego bilateral.
Asimismo, Petro reiteró este miércoles que, pese a que algunos sectores se opongan, presentará una terna a la Fiscalía General de la Nación.
“Vamos a presentar, y no lo quieren, una terna a la Fiscalía, que garantice una Fiscalía contra la corrupción, que garantice una Fiscalía contra el genocidio, que cese la impunidad en Colombia”, refirió.
Turbulencias en el Ejecutivo
Aunque la marcha fue convocada por sindicatos y organizaciones de base hace varias semanas, coincidió con la primera crisis política de gran calado a la que ha tenido que hacer frente el mandatario, en medio de crecientes denuncias de que se intenta perpetrar un golpe de Estado en su contra.
El pasado 6 de junio, la representación del Pacto Histórico en la Cámara Baja del Congreso —donde es mayoría— informó que la discusión de las reformas entraría en receso por un lapso no definido para evitar que la votación resultara afectada por las turbulencias en el Ejecutivo.
Aunque no se ofrecieron precisiones, se dedujo que ello obedeció al escándalo ‘niñeragate’ que involucró a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, y al exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, así como a unos audios filtrados por la neofascista revista Semana, en los que presuntamente el diplomático habría amenazado a Sarabia con revelar irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2022.
Personeros de la oposición de ultraderecha como el impresentable excandidato fascista Federico Gutiérrez, ligado al uribismo, han aprovechado la coyuntura para asegurar que Petro fue electo por medios irregulares y han pedido que sea suspendido de su cargo.
Al respecto, en su participación en la movilización, Petro dijo que en su campaña “no entró ni un solo peso sucio”.
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