POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO
Durante la pasada semana hemos conocido que la escandalosa cifra de ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado Colombiano, mal llamados “falsos positivos”, no eran 2.248 muertes como lo decía la Fiscalía sino 6.402 según informe presentado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Escandalosa cifra que puede seguir aumentando en la medida en que continúen las declaraciones de los militares ante este tribunal de paz. Increíble que por dos directrices nacionales del gobierno de la “Seguridad Democrática” se incrementara estrepitosamente el asesinato de jóvenes inocentes e indefensos pertenecientes a los estratos más bajos de la población a través del engaño y la manipulación de las escenas del crimen; dichas directrices son: Directiva Ministerial Permanente Nro. 29 de 2005, firmada por el Ministro de Defensa de la época Camilo Ospina, en la cual se estableció el pago de recompensas a los miembros de la fuerza pública por información que llevara a la captura o el abatimiento de miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley, con cifras que oscilaban entre 3 y 5 millones de pesos, según el rango del implicado; y el Decreto 1400 de mayo del 2006 firmado por el expresidente Álvaro Uribe, el ministro de Defensa, Camilo Ospina, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; y el director del DAS, Andrés Peñate, con el que se instituyó la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional (BOINA). Ambas directrices tuvieron una correlación directa con el aumento de las muertes por esta nefasta práctica, 265 en 2005, 470 en 2006 y 733 en 2007 (según las cifras de la Fiscalía)[1]. Los denominados “positivos” aumentaron como respuesta a la solicitud de “litros de sangre” por el general Mario Montoya. La JEP estableció que el 78% del total de los 6.402 casos ocurrieron durante los gobiernos de Uribe y lo calificó como un “fenómeno macrocriminal”[2].
Los seguidores del Centro Democrático buscan defender a su jefe a toda costa, para ello justifican sus actuaciones bajo el argumento de que el fin –“la lucha contra la guerrilla”- justifica los medios –incluso pasando por encima del Estado de Derecho y las normas constitucionales-. Las ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos” son delito de Lesa Humanidad, injustificables; las masacres realizadas por los paramilitares en múltiples poblaciones del territorio nacional a sus gentes indefensas son un delito de Lessa Humanidad y conllevan el desplazamiento de millones de campesinos, afros e indígenas; a lo que se suma, la expropiación de sus tierras, su despojo, todo injustificable; las chuzadas ilegales, perfilamientos, montajes a opositores, periodistas y abogados independientes, organismos defensores de derechos humanos, profesores, líderes sociales, etc., como lo hizo el DAS y está demostrado, también es un delito injustificable. Eso solo por mencionar tres elementos gruesos del gobierno de la supuesta “Seguridad Democrática”.
Después de hacer un análisis serio de los últimos 30 años en Colombia, periodo dominado por las élites económicas a través de los partidos de extrema derecha, con Álvaro Uribe como su líder político más sobresaliente, podemos sacar varias conclusiones:
- Su plan principal pretendió y pretende en la actualidad la concentración de la riqueza urbana y fundamentalmente la rural[3].
- Su modelo económico de desarrollo se basa en el extractivismo, la explotación y destrucción de nuestros recursos naturales por el capital internacional –multinacionales- con la gran minería y el petróleo, sin importar si son zonas protegidas como las reservas naturales, páramos, bosques, selvas, minería a cielo abierto y técnicas como el fracking; al capital nacional, se le deja, en la periferia, la ganadería extensiva, los cultivos de palma, azúcar, etc., y a nivel urbano, el poder financiero y los jugosos contratos del Estado después de la privatización de la banca, las pensiones, los servicios públicos, la salud, la educación, las concesiones viales, aeroportuarias, en infraestructura, etc., acompañados de la flexibilidad laboral, todo acorde con el modelo neoliberal implantado en el país desde los 90s, modelo que destruyó nuestra poca industria y nuestra producción agrícola importando a causa de los Tratados de Libre Comercio TLCs la mayoría de productos y quebrando a nuestros campesinos, haciendo nuestra economía dependiente de las fluctuaciones del dólar; además, del deterioro de las condiciones de las/los trabajadores con el aumento de la tercerización, intermediación e informalidad laboral, del deterioro de la prestación de los servicios públicos esenciales: luz, acueducto, alcantarillado, del deterioro de la prestación del servicio de la salud y la educación, como consecuencia de su mercantilización.
- Después de múltiples investigaciones en el transcurrir de estos años se puede expresar que el fenómeno paramilitar en Colombia va de la mano del Estado, de muchas de las élites políticas, económicas, militares; por supuesto, del narcotráfico.
Estos son los elementos que se encuentran detrás de los famosos “tres huevitos” de Uribe, detrás de los pilares de sus gobiernos:
- “Confianza inversionista” para las multinacionales y el gran capital nacional.
- “Seguridad Democrática” control del territorio por la violencia y desplazamiento de los pobladores que ocupan lugares de interés para el capital nacional e internacional.
- “La Cohesión Social” a través del miedo, la violencia y el engaño, con los grandes medios de comunicación privados –que hacen parte del bloque de poder-; la cooptación de la mayor cantidad de instituciones del Estado incluyendo los organismos de control: Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Comisión de Acusaciones de la Cámara; asegurar el control del Consejo Nacional Electoral CNE, La Registraduría, El Congreso de la República, que le permitieran/ permitan al gran capital asegurar su dominio total. Todo a través de un Estado autoritario que utiliza sus mecanismos de represión y violencia para controlar a la población crítica a sus políticas: estudiantes, profesores, sindicatos, líderes sociales, de oposición, etc.
Queda muy claro como en los planes de desarrollo históricos implementados por las élites y en este periodo desde los 90s, concretados por la extrema derecha no estaban incluidos los intereses de los sectores populares, los de las/los ciudadanos de a pié. No, el plan se traduce en un país para las élites, no para las mayorías. Un país no pensado para nosotros. La famosa “economía naranja” del inepto de Duque no es más que otro distractor y disparate de un bufón muy útil para el poder. Bajo este panorama, queda muy claro lo que pasa en el país de “Polombia” y lo que nos jugaremos en los próximos años y en las próximas elecciones del 2022.
LA UNIDAD es el reto de los movimientos sociales, populares, de intelectuales, líderes y lideresas sociales, sindicatos, partidos de izquierda, campesinos, afros, MINGA indígena, mujeres, LGTBI, los partidos de centro verdaderamente democráticos y progresistas. La estrategia divisionista de algunos de los líderes del partido Verde solo beneficia a la misma derecha, derecha a la que juegan Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Claudia López e Iván Marulanda, entre otros.
Nuestro llamado es a apoyar la consolidación del gran “Pacto Histórico”[4]. Es nuestra mejor alternativa, debemos conocerlo, aportar, desarrollarlo. Cómo bien lo expresaron los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Gustavo Petro[5]: la propuesta está hecha a todas y todos. Lo que está en juego es el futuro de Colombia, la Colombia que nos soñamos, una en paz, donde se respeten y se cumplan los acuerdos, donde se respeten los derechos, el derecho a la vida, al territorio, la salud, la educación, el trabajo digno, las pensiones, etc., el desarrollo de una verdadera democracia, incluyente, solidaria y soberana. Para ello se deben anteponer los programas a las aspiraciones personales. Ante esta realidad y esta grave situación que vivimos hoy no son aceptables ni la “neutralidad”, ni las tibiezas, mucho menos la indiferencia. Solo la unidad de voluntades de todas y todos nos asegurará el gran triunfo histórico para realizar las reformas
[1] https://www.laorejaroja.com/camilo-ospina-el-mindefensa-que-impulso-los-falsos-positivos/
[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56119174
[3] Ante un patrón significativamente concentrado en la tenencia de la tierra tanto por el uso del suelo GINI 0.808 como a nivel departamental GINI 0,750 a 0,855, resulta claro que Colombia es un país con uno de los tres a cinco mayores índices de concentración promedio y con una muy baja dispersión inter-territorial en la posesión de tierra en el mundo.
Garay LJ y Espitia JE. Dinámica de las desigualdades en Colombia. Desde abajo. Pág. 205-6.
[4] https://www.youtube.com/watch?v=MoPRsExx0MI&ab_channel=LaDirekta
[5] https://www.youtube.com/watch?v=-bQ_nd4d1fY&ab_channel=IMPACTOGLOBALTV-COLOMBIA
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