POR JESÚS GONZÁLEZ PAZOS Y MUGARIK GABE /
La extracción y exportación de carbón del Cerrejón para los mercados españoles y europeos para la generación de energía eléctrica ha sido una constante, dejando en evidencia la responsabilidad de estas empresas transnacionales en la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia.
El Cerrejón, en la Guajira colombiana, es una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Por eso en ese extenso territorio, salvo el sol, ya casi nada reluce y una gran parte de la tierra se va ennegreciendo con el polvo contaminante del carbón. “Cuando ya teníamos nuestra tranquilidad llegó la tormenta, que fue la empresa. La multinacional tenía vigilantes, Policía y Ejército que hacían detenciones arbitrarias, retenes ilegales y nos prohibieron cazar y pescar. La contaminación comenzó a afectar nuestros cultivos y se secaron por el polvillo del carbón”, afirma uno de los moradores de la zona minera.
En este escenario, la mina se crece desde hace 35 años, extrayendo, según los últimos datos disponibles, unas 108.000 toneladas/día, para lo que consume una media de 30 millones de litros de agua al día, en un territorio semidesértico. Esto supone ingentes beneficios para las empresas transnacionales que han explotado esta mina, y que han contado siempre con la protección de los diferentes gobiernos colombianos, además de las tramas de corrupción y paramilitarismo. Y todo ello en perjuicio constante para la población wayuu, negra y campesina de la Guajira. No en vano, pese a los enormes beneficios económicos de la mina, este departamento es el segundo más empobrecido de Colombia (52%). Otras consecuencias directas son la desaparición de los ríos y arroyos que dan la vida, la destrucción del bosque seco tropical, o la contaminación del aire por el polvo y gases con graves consecuencias para la salud. Por último, esta explotación es fuente de tensiones sociales y violaciones continúas a los derechos humanos, provocando violencia contra la población y desplazamientos forzosos de comunidades para dejar sitio a la mina.
Por otra parte, hoy ya nadie pone en duda que la quema de carbón, junto al uso y abuso de otros combustibles fósiles (petróleo y gas), es la causa principal de la crisis climática en el mundo. Igualmente, desde las últimas grandes conferencias internacionales (COPs), se subraya que esta es también una crisis de derechos humanos, lo cual queda ampliamente refrendado por las consecuencias de la mina del Cerrejón.
Así, pese a los importantes avances dados en los últimos años en el proceso de descarbonización, no se puede olvidar que Europa, junto a otros gigantes en esta misma materia como Estados Unidos, Rusia o China, han estado (algunos de ellos persisten) quemando millones de toneladas de carbón. Por lo tanto, tienen una gran responsabilidad en la misma generación de la crisis climática que hoy vive el mundo. Y esa responsabilidad no se puede soslayar solo con dejar de contaminar, sino que a ello se le deben de acompañar procesos efectivos de descontaminación y reversión de la crisis climática que ya vivimos.
En el Estado español, según informes de Greenpeace, en tiempos tan cercanos como el año 2018, el 14,1% de la producción eléctrica se alcanzaba mediante la quema de carbón, combustión que generaba casi 40 millones de toneladas de CO² que iban a la atmosfera. Significativamente, hay una abundancia de datos que muestran al estado español en los últimos años en una aparente carrera desenfrenada por contaminar antes de que instrumentos internacionales como el Acuerdo sobre el Clima de París (2015) fueran firmes. Así, entre 1990 y 2017 el estado español fue el país europeo que más aumentó sus emisiones de gases, principalmente a través de la quema de carbón en centrales térmicas para este fin (en 2019 todavía había 16 centrales en el estado, aunque para julio de 2020 habían descendido a tan solo 3 y una cuarta con capacidad reducida). En el año 2017 el estado tuvo el dudoso honor de ocupar el primer puesto a nivel mundial como el país que más aumentó su porcentaje en el uso de carbón. Y todo esto ocurría mientras se cerraban las minas de ese mineral en el estado español y aumentaban las importaciones de este desde países como Rusia, Indonesia, Sudáfrica y Colombia, los principales productores del mundo.
Respecto a las empresas españolas responsables podemos hablar de los cinco grandes: Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Naturgy. Caracterizadas todas ellas por sus multimillonarias campañas de marketing y publicidad en las que, en los últimos años, se presentan casi como las abanderadas de la lucha contra el cambio climático desde el empuje de la llamada energía verde.
Pero parece que esa “preocupación verde” no necesariamente va unida a una preocupación por el respeto a los derechos humanos en todo tiempo y lugar. El segundo pilar de los Principios Rectores de Naciones Unidas, asumidos por el gobierno español en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos (2017), establece la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Sin embargo, las formas, pretextos y excusas para soslayar ese principio alcanzan una gran diversidad. Esta responsabilidad incluye aquellas operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, lo que se traduce en su responsabilidad también si se da cobertura, se ignora o no se previenen violaciones a los derechos humanos cometidos por filiales, subcontratas o terceras empresas con las que establecen relaciones. Este sería el caso cuando empresas energéticas españolas mantienen relaciones comerciales del tipo, por ejemplo, de compra del carbón de Cerrejón.
En el caso que nos ocupa, la extracción y exportación de carbón del Cerrejón para los mercados españoles y europeos para la generación de energía eléctrica ha sido una constante. Y ello deja en evidencia la responsabilidad, aunque se niegue o esta sea indirecta, de estas empresas transnacionales en la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia, además de en la parte consiguiente de generación y agravamiento de la crisis climática durante las últimas décadas.
En suma, la mina del Cerrejón evidencia, una vez más, que la gran minería a cielo abierto hoy practicada por las empresas transnacionales en el marco del modelo neoliberal supone el megaproyecto de mayor impacto ambiental y humano en el planeta. Se puede inferir también de todo lo anterior que esta mina es un ejemplo más de la relación entre empresas transnacionales y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Una relación altamente tormentosa, difícil y donde los segundos, hasta la fecha, casi siempre salen perjudicados en función de los intereses de las primeras, poniendo, una vez más, la vida del planeta y de quienes lo habitamos en juego.
Observatorio de Derechos en América Latina (ODAL)
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