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Colombia -incluida la fuerte migración desde la vecina Venezuela-, Haití y Honduras son los tres países latinoamericanos donde la situación de inseguridad alimentaria aguda se agravará entre febrero y mayo de este año, indicó un reporte divulgado este 28 de enero por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El impacto económico de la pandemia Covid-19, la inestabilidad política y social, la crisis migratoria y de desplazados, la inseguridad y la falta de lluvias abonan la inseguridad alimentaria en esos países, según el informe “Focos del Hambre”.
El PMA indicó que en todo el mundo hay al menos 43 millones de personas que requieren alimentos de manera urgente, en 20 focos de hambre aguda que cubren 24 países, de los cuales 16 son de África al sur del Sahara y casi todos asaeteados por cruentos conflictos armados.
Cinco de los focos están en Asia: Afganistán, Líbano –que ha recibido centenares de miles de refugiados sirios-, Myanmar, Siria y Yemen, y los tres restantes en América Latina y el Caribe.
En una escala de uno a cinco, entre alimentación suficiente y situación de hambruna, los países con mayor cantidad de personas en las graves posiciones de tres a cinco son la República Democrática del Congo (25,9 millones), Afganistán (22,8), Nigeria (18), Etiopía (16,8) y Yemen (16,1 millones).
En Haití están en esa condición 4,5 millones de personas, y en Honduras 3,3 millones.
En Colombia se estima que cerca de 7,3 millones de personas (en una población de 50 millones) sufren algún grado de inseguridad alimentaria y necesitan asistencia. Esa cifra incluye 1,1 millones de los 1,8 millones de migrantes llegados de la vecina Venezuela en los últimos siete años.
Altos porcentajes de la población migrante venezolana en Perú y Ecuador también están en situación de inseguridad alimentaria, acotó el informe del PMA, y se aúnan las personas en tránsito de América del Sur y el Caribe hacia el norte del continente.
En el caso colombiano influyen, según el PMA, los retrasos en la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla FARC, que provocó violencia y nuevos desplazamientos masivos, así como la desigualdad amplificada por la pandemia, y la inflación que afecta el poder de compra de las familias pobres.
Para afrontar el problema, el informe recomienda medidas como las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria tanto para los migrantes venezolanos como para las comunidades de acogida, la distribución de insumos agrícolas, establecer áreas para la producción rápida de alimentos, y atención médica veterinaria.
En el caso de Honduras, la poca precipitación acumulada en 2021 por lluvias debajo del promedio en octubre y noviembre de 2021, y la crisis derivada de la pandemia, son las dos principales causas de un empeoramiento de la inseguridad alimentaria en los meses por venir, sobre todo en el Corredor Seco del país.
Aunque la producción de maíz disminuiría solo tres por ciento en comparación con la media de los cinco años anteriores, la reducción de 60 % que se espera en la producción de sorgo afectaría los medios de vida agrícolas.
Además, según el Banco Mundial, 32 % de las personas empleadas perdió o abandonó su trabajo como resultado de perturbaciones derivadas de la pandemia.
En la arena política, el estancamiento en el Congreso (con dos directivas confrontadas) y la desconfianza generalizada en las instituciones públicas sería un desafío para el nuevo gobierno, iniciado el pasado 27 de enero con Xiomara Castro como presidenta, y obstaculizaría sus políticas de combate a la pobreza.
El PMA recomienda ampliar la cobertura y calidad de los programas nacionales de alimentación escolar, brindar asistencia de emergencia a las poblaciones más vulnerables, impulsar los mercados locales y ampliar las transferencias de efectivo.
En Haití, la crisis económica, la sucesión de cosechas por debajo de lo normal, la inestabilidad sociopolítica y la violencia de las pandillas exacerban los de por sí alarmantes niveles de hambre, especialmente en los departamentos del sur del país.
Según cifras de las Naciones Unidas, para inicios de febrero unos 4,3 millones de personas requerirán ayuda alimentaria de emergencia, y de marzo a junio el horizonte se agravaría para alcanzar a 4,6 millones de haitianos en esas condiciones.
La depreciación de la moneda haitiana y el alza en los precios de los combustibles y las materias primas erosionarán más el poder adquisitivo de las familias, cuya canasta básica cuesta 40 % más que hace un año, por aumentos de precio de productos importados como aceite vegetal, harina de maíz y el trigo.
Para Haití se recomienda distribuir alimentos, implementar transferencias de efectivo e insumos para la agricultura y el ganado a las familias más necesitadas, y rehabilitar las infraestructuras agrícolas comunitarias afectadas por el terremoto, incluidas las áreas de almacenamiento de semillas, captación de agua y sistemas de riego.
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