POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO /
Por segunda oportunidad una jueza niega la preclusión del caso de Álvaro Uribe Vélez (AUV) por manipulación de testigos. Es paradójico lo que sucede en este caso, pero patognomónico de lo que estamos viviendo como país y sociedad. La Fiscalía y Procuraduría haciendo las veces de defensor del imputado, en vez de comprobar e investigar sus conductas y corroborar los testimonios de los testigos en su contra. La Fiscalía se ha empecinado en intentar invalidar las pruebas (ya estudiadas y validadas por La Corte Suprema de Justicia) con el fin de conseguir la impunidad del innombrable. Hoy la preocupación no es que no existan pruebas, investigaciones y evidencias suficientes que comprometen al señor AUV, sino que la justicia, empezando por la Fiscalía General de la Nación, quiere intervenir con todos los recursos a disposición para buscar su impunidad, incluyendo las maromas de dilatación del proceso para la prescripción de sus términos.
Este caso, al estilo de Al Capone, es uno de los menores en comparación a los delitos en los cuales está presuntamente involucrado el expresidente y exsenador AUV. Nos surgen varias preguntas: ¿por qué la Fiscalía y Procuraduría están empeñados en su defensa? ¿Por qué los Estados Unidos conociendo su historial no actúan en su contra? ¿Por qué la Corte Penal Internacional (CPI) cerró la investigación preliminar sobre Colombia[1]?
Como para aumentar la gravedad de la situación, las revelaciones de Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[2], comprometen al círculo cercano de AUV, conformado por exfuncionarios (incluyendo a su vicepresidente Francisco Santos, quién presionó para la creación del Bloque Capital, edecanes, jefes de seguridad, secretarios de gobierno, etc.), militares y policías (con convivencia directa, planeación de operaciones y patrullajes conjuntos), políticos (regionales y nacionales -parapolítica-), la financiación de esos grupos por grandes empresas (Bavaria, Ecopetrol, Postobon, Coca-Cola) y con recursos apropiados del sistema de salud[3], medios corporativos de comunicación (RCN, El Tiempo, etc., que replicaban su discurso para conseguir un posicionamiento y aceptación a nivel nacional, con un discurso de odio y estigmatización a sus contrarios, con periodistas directamente relacionados –del ámbito central, Bogotá (por ejemplo, Claudia Gurisatti) y regional (por ejemplo, El Meridiano de Córdoba), expresó Mancuso: “todo lo que escribíamos lo publicaban”– con el fin de justificar su actuar; el manejo de organismos como el DAS (puesto todo a su servicio), la influencia en la elección directa de presidentes (Pastrana, Uribe), la legalización e impulso del paramilitarismo a nivel nacional a través de las Convivir, entre otras tantas y graves declaraciones, vinculándolos en el entramado del delito, narcotráfico, expropiación de tierras, desplazamientos, asesinatos (recordó el impacto negativo causado por el asesinato del humorista Jaime Garzón para el cual influyó José Miguel Narváez posterior subdirector del DAS, de adscripción directa a la Presidencia de la República); masacres, persecuciones ilegales, desaparición de cuerpos utilizando ríos y múltiples fosas comunes, e incluso llegando a la barbaridad nazi de utilizar hornos crematorios[4]. Delitos catalogados como de lesa humanidad.
Con sus declaraciones queda claro que el fenómeno paramilitar en Colombia fue una estrategia no de lucha contra la subversión sino de apropiación y cooptación del Estado, de sus instituciones, la apropiación ilegal de las mejores tierras y negocios del país, incluyendo por supuesto el narcotráfico, por una élite degradada.
Para completar se presenta la denuncia en el portal La Nueva Prensa[5] –producto de la investigación bien documentada y sustentada del periodista Gonzalo Guillén- con respecto a la infiltración y/o defensa del Clan del Golfo en/por la Fiscalía General, investigación que involucra al fiscal Daniel Hernández, la vicefiscal Martha Mancera y el fiscal general, Francisco Barbosa; caso que a profundidad, conduce a otros famosos, el ‘Ñeñe’ Hernández, donde está directamente comprometiendo Iván Duque y su mentor AUV, con María Claudia Daza (la ‘Caya’ Daza), mano derecha en el Congreso y miembro de la UTL de AUV en el Senado.
Con la multitud de revelaciones, investigaciones y pruebas documentales que existen en la actualidad se plantea que en el Estado colombiano se instaló un aparato organizado de poder, una corporación criminal[6], que cooptó muchas de sus instituciones y parece permanecer en la actualidad, manejando los hilos de la Fiscalía General y otras importantes instituciones. Por ello, el halo de impunidad reinante y la burla desde dentro a la justicia, la burla a las 6.402 familias de los mal llamados “falsos positivos”, a los miembros de familias de desaparecidos, torturados, asesinados, abusados sexualmente, masacrados, los más de ocho millones de desplazados, los de terrenos usurpados y expropiados a través de la violencia, el terror, el exterminio; la burla a toda la población colombiana que ha sido víctima directa o indirectamente de todos estos años de violencia, testigos de la degradación moral y ética de esta élite, y que pide a gritos: verdad, justicia y reparación.
Hoy en Colombia persiste la “banalización del mal” debido a la influencia de los grandes medios corporativos que esconden la verdad, intentando imponer su relato donde se resalta como héroes a los victimarios.
Con los más de 20 años de dominio de esta alianza: élites, fuerza pública, paramilitares, medios de comunicación, en el poder, se nos ha impuesto una lógica retorcida: la existencia de víctimas sin victimarios, victimarios sin determinantes, delitos sin responsables, pruebas sin protagonistas, etc. Fenómeno sintetizado providencialmente por Tola y Maruja cuando comparan la doctrina del uribismo con la fe católica: “creer en lo que no se ve, fe uribista: no creer en lo que se ve”; y menos, si es por “el gran colombiano”.
Del gobierno de Estados Unidos sabemos que lo que le interesa no es ni la democracia, ni la libertad, ni mucho menos la justicia, sino que sus intereses son económicos y geopolíticos, de dominación imperial, por ello no actúan sobre AUV y su círculo próximo al ser quién les ha brindado terrenos, recursos naturales, riquezas y negocios para sus multinacionales, los tratados de libre comercio (TLC ) con múltiples beneficios tributarios, la construcción de bases militares y la posibilidad de intervención sobre los países vecinos con ideologías contrarias.
De quién si esperamos acción es de la Justicia universal e internacional (CPI) al ser subsidiarias en países que habiendo firmado el Estatuto de Roma en 1998[7]–como Colombia- su propia justicia no actúe frente a los delitos de lesa humanidad para juzgar a los culpables. Dado el caso que la Fiscalía General de la Nación actúa es en pro de la impunidad de estos delitos, lo mismo que la Comisión de Acusaciones de la Cámara, se hace un llamado a estas dos jurisdicciones internacionales para que intervengan sobre el caso colombiano. Una de las posibles vías para activar estos organismos internacionales es a través de la JEP por sus relaciones directas con la CPI y la ONU.
Dice el dicho: “la esperanza es lo último que se pierde”. Pero en cuestiones de justicia en Colombia, para estos macro crímenes de lesa humanidad donde están vinculadas directamente éstas élites, “grandes” personajes de la vida nacional, sí que la tenemos perdida con el grado de impunidad reinante.
Mientras no se cambie de Fiscal y Procurador, mientras no se depuren mucha/os miembros de las grandes cortes y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, no veremos la luz al final del túnel. Es por ello, que se requiere del Gobierno del cambio una terna independiente con penalistas probados para la elección del nuevo Fiscal General de la Nación que puedan adelantar con imparcialidad y verticalidad todas las investigaciones que se encuentran desviadas o engavetadas, empolvadas en los anaqueles, durmiendo los sueños que representan la ignominia para la mayoría de nuestras poblaciones y comunidades; investigaciones que involucran a estos “grandes” personajes.
Es necesario, además, que la población general presione con movimientos sociales por la justicia, en contra de la impunidad, por encontrar a los determinadores, a los grandes responsables, los que dieron las órdenes, para que paguen frente a los delitos de lesa humanidad. Necesitamos unos movimientos sociales fuertes, una población consciente, que no coma cuento, que esté por encima de los medios corporativos que manipulan la verdad. Hoy las circunstancias exigen para el cambio de esta situación un gran compromiso colectivo frente a la barbarie.
[1] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-cpi_la-cpi-cierra-investigaci%C3%B3n-sobre-colombia-por-solidez-de-la-justicia-de-paz/47066358
[2] https://www.youtube.com/watch?v=a1Zk9lxlsF8&ab_channel=JEPColombia
[3] https://www.eltiempo.com/salud/salvatore-mancuso-se-financio-a-paramilitares-con-recursos-del-sistema-de-salud-768602#:~:text=Hoy%2C%2015%20de%20mayo%2C%20se,pa%C3%ADs%2C%20como%20los%20Llanos%20Orientales.
[4] https://www.youtube.com/watch?v=Nh7u9idxHk0&t=7s&ab_channel=DWEspa%C3%B1ol
[5] https://www.lanuevaprensa.com.co/uribe-el-asesino-que-nos-puso-la-mafia-2/el-fiscal-daniel-hernandez-no-impidio-y-encubre-mas-de-200-homicidios-del-clan-del-golfo-en-la-costa-norte-revelan-autoridades-y-documentos
[6] https://www.youtube.com/watch?v=1_wBxZahBEs&ab_channel=MatarifeOficial
[7] https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Roma
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