POR OMAR ROMERO DÍAZ /
En Colombia la justicia vuelve a quedar en la mira. El Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad al cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, tumbando la decisión de una jueza que había ordenado su detención domiciliaria. Los magistrados dijeron que la medida fue desproporcionada, que se violaba la presunción de inocencia y que no había razones concretas para privar de libertad a alguien que siempre ha asistido a las citaciones judiciales.
Hasta ahí, suena muy bien: respeto a la Constitución, garantías para el procesado, nada de sanciones anticipadas. Pero entonces surge la pregunta de fondo: ¿por qué esa misma justicia no actúa igual cuando se trata de líderes de izquierda, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos o exguerrilleros desmovilizados?
En esos casos, los jueces suelen mantener las detenciones preventivas, negar libertades y ratificar condenas, incluso con argumentos parecidos a los que ahora fueron tachados de “vagos e indeterminados”. ¿No es esto una doble vara, una justicia de ricos y otra de pobres, una justicia para los de arriba y otra para el pueblo?
Los fallos judiciales no son neutros. Cuando liberan a un expresidente de la catadura y la opacidad de Uribe Vélez con todo el poder político detrás, el mensaje es de protección a las oligarquías. Cuando mantienen tras las rejas a líderes sociales o populares, el mensaje es de castigo y disciplinamiento. En pocas palabras: la balanza de la justicia se mueve según los intereses de quienes dominan el poder en este país.
Y no olvidemos algo más grave: los casos de corrupción dentro de la misma justicia, como el famoso “Cartel de la Toga”, en el que venales magistrados vendieron sentencias al mejor postor. Eso nos muestra que las altas cortes no están aisladas de la política ni de la corrupción, sino muchas veces contaminadas por ellas.
Por eso la gran pregunta sigue en pie: ¿la justicia en Colombia es realmente independiente o es un engranaje más del poder político y económico?
El pueblo trabajador lo sabe bien: cuando se trata de defender derechos laborales, de exigir justicia por líderes asesinados o de enfrentar el abuso empresarial, la justicia casi siempre falla en contra. Pero cuando los poderosos tienen que responder, ahí sí aparecen todas las garantías, las nulidades y los beneficios.
Colombia necesita una justicia imparcial, que no mire apellidos ni cuentas bancarias, que castigue por igual al obrero y al cuestionado expresidente, que proteja al líder sindical y al dirigente político sin importar su color ideológico. Una justicia que sea realmente de todos, no solo de los de arriba.
