POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Por fin, en Colombia comienza a abrirse un camino que por años pareció prohibido: el de la justicia contra los poderosos. En una nación donde los presidentes y expresidentes han sido tratados como figuras sagradas, intocables incluso cuando las evidencias apuntan a delitos graves, el senador Iván Cepeda Castro ha tenido el valor de romper con ese pacto de silencio.
Cepeda no está actuando por odio ni por revancha, como quieren hacer creer algunos medios aliados del poder. Lo hace porque los crímenes no pueden ser sepultados bajo el mármol de los honores. Porque el pueblo tiene derecho a conocer la verdad, y porque nadie ni siquiera quien ha ocupado la Casa de Nariño puede estar por encima de la ley.
Hoy, cuando ya el expresidente Álvaro Uribe ha sido condenado en primera instancia por fraude procesal y manipulación de testigos, y mientras avanza su proceso por otros delitos aún más graves, Cepeda ha presentado una denuncia penal contra el también cuestionado expresidente Iván Duque. ¿Los cargos? No son menores: lavado de activos, interceptaciones ilegales, abuso de autoridad, concierto para delinquir, entre otros. Se habla incluso de un aparato de inteligencia clandestino para perseguir a los opositores políticos durante su mandato.
¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Significa que mientras el pueblo luchaba por sobrevivir en medio del hambre, la pandemia y el desempleo, desde el poder se espiaba, se perseguía, se violaban derechos fundamentales y, al parecer, se robaba el erario. Esas no son acusaciones cualesquiera. Son crímenes de Estado.
Pero esta no es solo una denuncia jurídica. Es también una lucha ética y política por rescatar la democracia. Es la confrontación entre dos modelos de país: uno donde la justicia sirve al pueblo, y otro donde la justicia se arrodilla ante el poder. Cepeda está haciendo lo que debería hacer cualquier servidor público decente: defender la ley incluso cuando el acusado sea el más poderoso.
Hoy, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos la obligación de acompañar esta lucha. No se trata de partidos ni ideologías: se trata de que, si en Colombia queremos un país distinto, con justicia real, debemos comenzar por dejar claro que ningún expresidente puede pasar por encima de la Constitución.
Ya no nos tragamos el cuento de que todo es persecución política. No, señores: lo que hay es una historia de crímenes, espionaje y corrupción que el país tiene derecho a conocer y castigar.
Es hora de decir con fuerza: la justicia no se vende, no se rinde y no se calla. Hoy apoyamos la valiente acción del senador Iván Cepeda porque él no habla en nombre propio, sino en nombre de las víctimas, de los perseguidos, de los sin voz, de los que sufrieron las consecuencias del poder mal usado.
Colombia merece saber la verdad. Colombia merece justicia, aunque duela, aunque incomode, aunque tiemblen las corruptas y poderosas oligarquías.
Y la historia, esta vez, no va a absolver a quienes usaron el poder para dañar al pueblo.
