MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y JUSTICIA /
La Ley de Jurisdicción Agraria y Rural aprobada en Congreso es un hecho sin precedentes para Colombia, materializa el cumplimiento de los acuerdos paz con la insurgencia de las FARC y salda una deuda histórica con los campesinos.
Esta ley que fue aprobada el pasado martes 4 de junio en la Cámara de Representantes con una votación de 96 a favor y 30 en contra, significa un hecho histórico para el país, en tanto que, permitirá el funcionamiento en pleno de un aparato judicial para solucionar problemas y diferencias en materia de tierras en Colombia.
¿Cómo beneficiará esta ley al campesinado colombiano?
La Jurisdicción Agraria y Rural hace parte de la Reforma Agraria que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que en palabras de su ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, “supone la compra y distribución de un millón y medio de hectáreas de las mejores y fértiles tierras del país, a lo que se suma un gran plan de formalización y reconocimiento de la propiedad”.
Además, la recién aprobada ley estatutaria deja en firme la protección jurídica del campesinado exigida en los acuerdos de paz con las FARC. Es decir, que la aprobación de esta normativa y su futura implementación hace parte del avance en el cumplimiento de los mandatos del Acuerdo Final de Paz, garantizando los recursos necesarios para la implementación de juzgados especiales en todo el país.
Igualmente, el Ministerio de Agricultura explicó que las decisiones judiciales de la Jurisdicción Agraria y Rural estarán orientadas hacia:
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Justicia social agraria
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Protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria, bienestar y el buen vivir de la población rural.
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Función social y ecológica de la propiedad
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Protección de la producción agrícola y asociatividad
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Propiedad agrícola familiar
Además, estos principios deben llevarse a la práctica a través de un procedimiento judicial que se caracterice por:
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La celeridad para que la justicia llegue rápido y sin dilaciones.
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La oralidad para facilitar el acceso y la comprensión de los procedimientos judiciales.
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La oficiosidad para que los jueces adelanten todas las acciones necesarias para resolver de fondo los conflictos.
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La itinerancia para que los jueces puedan desplazarse en los territorios sobre los que imparten justicia a fin de -por ejemplo- recaudar pruebas, conocer los contextos y realizar audiencias.
Las decisiones integradoras, es decir, que los jueces decidan y resuelvan de fondo -y en un mismo proceso la totalidad de conflictos que afecten un mismo predio independiente de si se trata de conflictos entre personas y/o aquellos en los que esté involucrado el Estado.
¿Qué camino debe recorrer la nueva Ley de Jurisdicción Agraria y Rural para su implementación?
Los textos aprobados en Senado y Cámara pasarán a conciliación para ser unificados en una sola versión. Este procedimiento debe realizarse antes del cierre de la actual legislatura, es decir, el 20 de junio.
Paso seguido, dado que es una ley estatutaria, la ley pasará a revisión por parte de la Corte Constitucional que determinará si lo aprobado se ajusta a la Carta Magna.
Finalmente, pasará a sanción presidencial para ser implementada en todo el país.
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el impacto fiscal de la Jurisdicción Agraria podría ascender a los 135 mil millones de pesos anuales.
Se espera que la Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, entre en plena vigencia para finales de este año garantizando que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica por jueces y magistrados especializados.
¿Por qué es necesaria una Jurisdicción Agraria?
Los objetivos y alcances de esta Jurisdicción están contenidos en un instructivo elaborado tanto por el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Justicia y del Derecho y se puede acceder ingresando al siguiente enlace:
