POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Por años, la corrupción ha sido el telón de fondo del poder en Colombia. Gobiernos del caduco bipartidismo que se presentan como “democráticos” han operado bajo una lógica profundamente antidemocrática: proteger a una oligarquía económica y política que se ha enriquecido saqueando el Estado. La historia reciente y la más oscura tiene nombres y cifras: Odebrecht, Iván Duque, FMI, ANI. ¿Qué tienen en común? Todos son piezas de un sistema de encubrimiento que sigue vigente.
El escándalo de Odebrecht sacudió América Latina. Hubo presidentes investigados, funcionarios encarcelados, empresarios condenados en tribunales internacionales. Pero en Colombia, el caso se diluyó entre aplazamientos judiciales, maniobras políticas y un silencio institucional cómplice. Mientras en Estados Unidos se obtuvieron confesiones y pruebas contundentes, en Colombia ni siquiera se han solicitado formalmente. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que debería actuar como acusadora, se ha comportado como encubridora. ¿Por qué no trae las pruebas? ¿A quién protege?
La corrupción no se disimula: se blanquea. Y uno de los episodios más graves fue la forma en que el expresidente Iván Duque manejó los recursos durante la pandemia. Mientras el mundo buscaba proteger a sus ciudadanos, Colombia activó una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. La única nación que lo hizo con condiciones altamente riesgosas: deuda a tres años, altos intereses y poca transparencia. Ese dinero, en vez de llegar a los hospitales y a las microempresas, terminó en manos de grandes empresarios: subsidios multimillonarios a conglomerados como Avianca, a bancos, a medios como RCN y El Tiempo, mientras los pequeños negocios quebraban sin recibir un solo peso.
Hoy, el Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una tormenta fiscal que no creó. Tiene que pagar una deuda que no pidió, responder por recursos que no usó y enfrentar la narrativa de quienes, habiendo saqueado al país, se presentan ahora como víctimas del “gasto público”. Lo cierto es que el gasto no creció por inversión social, sino por la deuda que dejó Duque para salvar a sus amigos del “Club del Norte”.
A esto se suma un fenómeno aún más grave: la censura. Se nos dice qué pensar, qué creer, qué ignorar. Se persigue al Gobierno actual por atreverse a investigar, por tocar intereses que estaban acostumbrados a reinar sin control. Se busca silenciar la verdad porque la verdad es peligrosa: revela que no se han robado miles de millones, sino billones; que la salud fue saqueada, que la justicia se vendió y que el Estado fue capturado por una oligarquía que desprecia al pueblo.
La democracia no se mide solo en votos. Se mide en verdad, en justicia, en equidad. Y hoy Colombia enfrenta una encrucijada: o se resigna a seguir gobernada por un régimen de facto que no está en la Constitución, o despierta y exige saber qué pasó, quién se benefició y cómo se va a reparar el daño.
El pueblo tiene derecho a saber. Porque lo que está en juego no es un gobierno, sino el alma misma de la República.
