POR JACQUELINE CUTUMAY /
La Cumbre Nacional Minera, convocada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y desarrollada en Bogotá entre el 27 y 28 de mayo para recoger insumos para una nueva Ley de Minería, respondió a una exigencia de las asociaciones agromineras hecha el año anterior para hablar de su propuesta “debido a que nuestros territorios quedaron aislados de la propuesta minera”. Así lo cuenta Juan Hincapié, representante legal de la Asociación Agrominera Sur Sur de Bolivia (Asamisur). Para esta, y otras federaciones y asociaciones agromineras en el país, la cumbre representó un nuevo escenario de lucha para dar seguimiento a una disputa histórica.
“Exigíamos un espacio propio para debatir políticas encaminadas a resolver las problemáticas de los territorios, pero en especial, para hacer lo que hemos buscado históricamente: formalizar las pequeñas áreas mineras a favor de las comunidades campesinas”, resaltó.
Los pobladores agromineros de la Serranía San Lucas en el Sur de Bolívar, quienes se dedican simultáneamente a actividades agropecuarias y de la pequeña minería para subsistir, han librado una larga lucha para defender sus derechos y su territorio de intereses foráneos. Al principio de los años 80s comenzaron a explotar artesanalmente una serie de minas de oro que habían descubierto en su territorio. En 1994, “nos dimos cuenta que la familia Lleras Palacio se denominaba ser dueño de toda la Serranía San Lucas…y ni siquiera conocían el territorio. Las comunidades agromineras tampoco conocían a la familia Lleras Palacio y mucho menos a… María Fernanda Aramburu”. Sucede que Aramburu, además de ser abogada y arquitecta del Código Minero aprobada unos años después, era accionista de una transnacional que, según la revista Semillas (2007) quedaría con la propiedad a fin de un proceso tergiversado de compraventa.
“Ahí empiezan a darse escenarios de movilización de las comunidades para reclamar lo que nuestros padres y abuelos nos habían dejado”, cuenta Hincapié. Esto tiene como desenlace un proceso de negociación con la entonces Secretaría de Minas del Gobierno nacional. “Se logra demostrar que quienes tienen historia y posesión de estos territorios obviamente son las comunidades que están arraigadas en San Lucas… A raíz de tanta lucha, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar logró unos títulos mineros y logró sostenerse en el territorio. Esto a pesar de una ofensiva paramilitar que llevó la vida de decenas de agromineros y desembocó en un desplazamiento masivo que se conoce como “El éxodo de 1998” y que duró casi seis años. Los títulos fueron fruto de las movilizaciones imparables y una resistencia tenaz. No ha sido fácil”, cuenta Hincapié, “ha costado muertos, desplazados, todo tipo de sacrificio”.
Actualmente en el territorio hay tres tipos de minería. Hincapié registra la existencia de la minería artesanal que las comunidades han desarrollado históricamente sacando el oro en un pequeño bareque o batea. Esto no ocupa ningún tipo de químicos. Luego viene la pequeña minería, a través de socavones. Esto requiere algún uso de mercurio y cianuro, y la hechura de cementerios para la mina donde después se procesan para que no vayan directamente al agua. Según el dirigente, los químicos se pueden desactivar pero esto no es de un día para otro. Y existe en la zona la mediana minería a cielo abierto que se desarrolla con retroexcavadora, motores y minidragas o dragones. Esto es necesario para el mineral que se encuentra con cinco a diez metros de profundidad. En esta última categoría participa AngloGold Ashanti, transnacional sudafricana vinculada a la violencia en la zona al final del siglo XX y al principio del XXI.
El dirigente agrominero explica: “Nosotros como Asamisur tenemos una propuesta de Área de Reserva Especial para la Minería de Hecho. Ahí hay minería ancestral y artesanal. Pero también hay pequeña minería. Si en algún momento se logra unos acuerdos…con el Gobierno nacional, podríamos hacer también una mediana minería transformada de una manera que nos permitiría cuidar estos territorios”. La propuesta consiste en explotar un máximo de 30 % del área definido y cuidar un mínimo de 70 %, sembrando cultivos ambientalmente sostenibles como cacao, café, frutales y maderables. También contempla la apicultura como complemento.
Es una propuesta que llevaron todas las organizaciones de la zona de Dos Ríos a la Cumbre Minera recién realizada. “Creíamos que en este diálogo social íbamos a llegar directamente a un a formalización. Pero el Gobierno planteó una discusión por mesas temática para hacer una nueva política minera. Si se recoge todo lo que se planteó en esta cumbre no solo la síntesis final, sino todos los insumos de las mesas, nos parece que puede haber una nueva política minera muy importante que beneficia a la comunidad y que sea a favor de las minorías del sector y no a favor de las grandes multinacionales. Porque actualmente la política minera está hecha a favor de las grandes empresas, desplazando a las más pequeñas”.
“Históricamente nuestra lucha ha sido contra las transnacionales porque han venido apoderándose de nuestros territorios con el beneplácito de los gobiernos anteriores. Han hecho sus negocios con territorios que no les corresponden y si logran incidir en un proceso legislativo, todo lo que planteamos no sería posible”. Según Hincapié, el sector de las multinacionales mieras no salió contento de la Cumbre. En un primer momento, cuando se socializó la agenda y la metodología de la actividad, muchos pusieron mala cara y se retiraron. Pero dejaron ahí sus abogados. Simulan no estar, pero tienen sus intereses representados ahí.
Sin embargo, continúa el representante legal de Asamisur, “para desarrollar unas actividades con mayor capacidad, se necesitan inversiones”. Por esto, otra propuesta desde los territorios es para asociatividades con el Gobierno. “Que digamos -echamos a un lado las transnacionales y hagamos unas sociedades gobierno-comunidades organizadas. El Gobierno tiene capital y nosotros tenemos la fuerza de trabajo sin que nos desplacen de nuestros lugares. Esto permitiría generar una economía que al Gobierno le ayuda a sostenerse desde las regalías y la inversión social que se puede generar en los territorios y nosotros generar economías propias en nuestros territorio”.
En la cumbre también se abordó el tema de los Parques Naturales Nacionales, puesto que el establecimiento de éstos trae consigo el desplazamiento de las comunidades de estas zonas. Las comunidades ya tienen formas de proteger la naturaleza sin sacrificar su diario vivir y exigen que se les respete.
“Hoy, al Gobierno le toca sistematizar en una propuesta de ley con los planteamientos que hicimos en las audiencias mineras del año pasado que se realizaron en nuestro territorio, en Antioquia, en Chocó y en otras partes y también los planteamientos que hicimos en la cumbre”. Según Hincapié, antes de presentar el proyecto de ley a la Cámara y el Senado, el Gobierno debería hacer otra cumbre para socializar su propuesta “porque necesitamos saber si lo que se ponga ahí es verdaderamente lo que propusimos. Necesitamos poder ver que ahí están los Territorios Campesinos Agroalimentarios, si están las Reservas Especiales para la Minería de Hecho, los bienes comunes, las Zonas de Conservación Ambientales en vez de los Parques Naturales Nacionales. Cada organización tiene unas figuras propias que reivindica y hay que darles vida”.
Se espera ver reflejada en una nueva ley minera los territorios y las figuras ya definidas por cada comunidad. Sí se lograra esto, el sector agrominero podría respaldar esta iniciativa legislativa y presionar por su aprobación, a fin de generar otra victoria, otro salto en su ya larga lucha por defender su territorio.
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