POR HORACIO DUQUE /
La ultraderecha uribista neonazi colombiana es maestra en la práctica de la guerra sucia contra el pueblo. Desde el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán, esa ha sido su metodología de subordinación y sometimiento del pueblo colombiano.
Es guerra sucia con mentiras, manipulación y despliegue desenfrenado de la violencia para destruir cualquier alternativa democrática y progresista que permita garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. A eso hoy lo designan como guerra hibrida, que es una forma bélica multidimensional para acribillar al adversario.
En tiempos más recientes es lo que sucedió con el genocidio de la Union Patriótica de Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo; con el Nuevo liberalismo de Luis Galán y Rodrigo Lara Bonilla; con el M-19 de Carlos Pizarro; con los 6412 “falsos positivos”; más reciente con la destrucción del proceso de paz, el exterminio sistemático de los líderes sociales, de los excombatientes de las Farc y con el reguero de masacres que asola el territorio colombiano como resultado de la acción de una tenebrosa maquinaria bélica activada por el Ejército y la política en complicidad con las bandas del neoparamilitarismo reactivadas por el gobierno de Iván Duque para promover un tercer ciclo de la guerra.
Hoy, durante la actual campaña electoral del 2022 para escoger el próximo presidente de Colombia (2022-2026), frente al formidable potencial del Pacto Histórico construido con mucho talento y cuidado por el liderazgo del senador Gustavo Petro, que ya se ha anotado un demoledor triunfo en las votaciones del pasado 13 de marzo, cuando el resultado electoral consolidó un potente bloque parlamentario sin antecedentes en la historia política del país, lo cual significó un contundente golpe a la ultraderecha neonazi, se configura una venenosa artimaña para enlodarlo a él y a su campaña presidencial con una supuesta alianza con reconocidas fichas de la criminalidad recluidas en distintos centros penitenciarios del estado.
Ya está visto que la ruta de la coartada urdida por reconocidos maestros de las guerras políticas de alcantarilla (J.J. Rendón y compañía) consistió en poner a circular por las cárceles un papel escrito, de apoyo a Petro por prominentes figuras de la delincuencia asociada con el narcotráfico (Marquitos Figueroa) y la corrupción (los hermanos Moreno Rojas), tirarle una carnada a un hermano de Petro y a varias organizaciones de derechos humanos (con una larga trayectoria y reconocida reputación) para a renglón seguido destapar un escándalo con gran resonancia en la red mediática neonazi y señalar a Gustavo Petro como el artífice de este plan para favorecer la escoria criminal, la misma que ha sido la aliada natural de la mafia política del caballista del Ubérrimo (el cuestionado Álvaro Uribe), para la cual han pedido amnistía e impunidades con saldos judiciales favorables para el expresidente de marras y sus roscas ministeriales (Sabas Pretelt, et.al).
Con ese tipo de artificios fue que enlodaron (desde las cuevas de Pablo Escobar), en el pasado, a Rodrigo Lara Bonilla, para luego acribillarlo en una avenida central de Bogotá con la intervención de reconocidos pistoleros de Escobar y sus socios (Uribe Vélez, incluido). Por eso causa tanto estupor ver hoy a uno de sus hijos colocado en posición subalterna del candidato presidencial de la mafiosa Oficina de Envigado. Es la misma tragedia que le costó la vida a Luis Carlos Galán, objeto del estigma y señalamiento del expresidente Julio Cesar Turbay Ayala, el abuelo de la actual cabeza de la bancada uribista del Centro Democrático en el Senado, Miguel Uribe Turbay, portador de los mismos vicios politiqueros de aquel.
Lo curioso de la presente orquestación es la presencia vocinglera de ciertos personajes participando del mismo escenario de señalamientos contra Petro, como es el caso del exsenador Jorge Enrique Robledo (del renegado MOIR que históricamente ha sido funcional a la derecha), de los hijos de Galán y de Sergio Fajardo, asediado este por el montaje mediático de la ultraconservadora revista Semana, la cloaca uribista de reciente adquisición por la cúpula mafiosa, que ha pretendido ridiculizarlo y extinguirlo del campo electoral presidencial.
Por fortuna el senador Gustavo Petro ha reaccionado con mucha claridad y firmeza, sin caer en las provocaciones. Petro y el Pacto Histórico tienen un camino recorrido con mucho aplomo y claridad.
Gustavo Petro es un líder hecho con la experiencia histórica del movimiento popular colombiano, con una estructura ética a toda prueba y con un talento político excepcional que le ha permitido ir tejiendo, con alianzas y sumas de otros dirigentes, un gran bloque popular transformador y contra-hegemónico, que ciertas plumas desubicadas intentan desconocer con seudo argumentaciones cantinflescas, tal vez fruto de su desconexión con el día a día de la contingencia política colombiana. Es que es muy fácil, desde la lejanía, inventarse fantasmas y hacer especulaciones para sacar conclusiones erradas sobre el papel de Gustavo Petro en el actual momento histórico colombiano, marcado por una potente movilización social y por la incidencia argumental y discursiva del candidato del Pacto Histórico que ha colocado contra la pared a la mafia asesina que tiene secuestrado al Estado.
Uribe y sus mafias sienten que les llegó el momento del fin y de rendir cuentas por toda su historia delincuencial y por eso lanzan este zarpazo desesperado contra la historia.
Lo que sigue es un mayor compromiso de todos quienes en Colombia (y también los colombianos residentes en el exterior) están inmersos en este proyecto contra la ultraderecha neonazi, empezando por los integrantes de la nueva bancada parlamentaria de izquierda que tiene grandes desafíos como la situación de los derechos humanos en el Putumayo, la moción de censura al cuestionado ministro de Defensa, Diego Molano, la violencia en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá resultado de la letal Operación Artemisa de la Fudra Omega del Comando Sur de EE.UU., las movilizaciones del 28 de abril y del 1 de mayo, y por supuesto, la organización de una poderosa red electoral que denuncie el fraude y el robo de las elecciones presidenciales que se tiene preparado como ocurrió en las votaciones del 2018.
Hoy, estamos delante de una descomunal maquinaria criminal con un candidato maquillado para engañar al pueblo y las clases medias. Federico Gutiérrez, un reconocido Opus Dei de Medellín (exasesor de seguridad del impresentable expresidente Mauricio Macri de Argentina), es la carta electoral de la vieja oligarquía colombiana para dar continuidad al dominio de los bancos, los generales y las castas políticas que despojan al Estado.
Gutiérrez es la punta de lanza de la tenebrosa Oficina de Envigado, la junta directiva de la rosca paisa que ordena masacres, campañas sucias (como la actual contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero) y campañas de limpieza contra los líderes sociales y excombatientes de las Farc.
La Oficina de Envigado es un mega conglomerado criminal heredera del Cartel de Medellín y máquina de guerra con todos los tentáculos paramilitares que han tenido el control del territorio en amplios territorios del país empezando por el Valle de Aburrá donde se encuentra Medellín y su área metropolitana. A esa estructura es que pertenece Federico Gutiérrez. Es la misma que financia su actual campaña publicitaria cargada de demagogia, discurso vacío y falsas promesas.
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