LA ROSA ROJA /
El sistema de salud en Colombia fue convertido en un rentable negocio para un puñado de empresarios, dueños de las denominadas Entidades Promotoras de Salud (EPS). Dicho sistema no ha sido más que un expolio a los recursos públicos en detrimento de la salubridad de los colombianos. Esa es la gran conclusión de más de 30 años de imposición del despojador modelo neoliberal que va contra la garantía de los derechos sociales.
“Hay más de 13 billones de pesos refundidos de dineros públicos de la salud. La nueva EPS tiene más de $6 billones que no aparecen”, aseguro la exministra del ramo Carolina Corcho y vocera de la Comisión de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, durante una rueda de prensa realizada este martes 2 de abril
Lo cierto es que las evidencias de los malos manejos y las realidades financieras ponen de manifiesto los cambios urgentes y de fondo que deben realizarse al sistema.
De dicha Comisión de Seguimiento hacen parte entidades médicas, científicas, de pacientes, profesionales de la salud, académicas y sindicales, entre otras.
Corcho denunció que Acemi, la agremiación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), ha mentido al afirmar que no se pueden resguardar las reservas técnicas que por ley deben hacerse debido a la supuesta falta de fondos suficientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La exministra a nombre de organizaciones de la sociedad civil presentó una investigación que arrojó una serie de desfalcos y prácticas irregulares en el sistema de salud que han pasado desapercibidas durante años
Una de las acusaciones que hizo fue la falta de seguimiento por parte de la Corte Constitucional a la alerta ciudadana emitida sobre la pérdida de recursos públicos en el sistema. Según Corcho, este descuido ha permitido que los responsables de administrar estos fondos actúen impunemente.
Los números presentados durante la conferencia de prensa revelan un desvío masivo de fondos. Según los estados financieros de las EPS y los datos del Ministerio de Salud entre 2019 y 2023, se han refundido más de 13 billones de pesos de dineros públicos de la salud.
Especificando, la investigación señala que la Nueva EPS tiene un faltante de más de $6 billones, Sanitas de más de 3 billones, Compensar de más de 982 mil millones, Salud Total de más de 828 mil millones, Famisanar de 671 mil millones, Sura de 263 mil millones, Asmet Salud de más de 206 mil millones y Mutual Ser de más de 198 mil millones. Estas cifras evidencian una gestión financiera cuestionable por parte de las EPS, dejando en el aire el destino de estos recursos.
El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar ante esta revelación. En su cuenta de X escribió: “Hemos encontrado en la Nueva EPS una falsa contabilidad. Seis billones de pesos destinados por el gobierno para la atención en salud de sus afiliados no fueron utilizados para ese propósito”.
Ante este cúmulo de irregularidades, Corcho solicitó una auditoría por parte de un organismo internacional independiente de intereses políticos.
Por su parte, Ana María Soleibe, presidenta de la Federación Médica Colombiana, añadió otro elemento preocupante al denunciar un aumento desmesurado en los precios de los medicamentos desde 2019. “Hay un aumento descontrolado del precio de los medicamentos que afectan directamente los valores de la UPC”, señaló.
Ejemplificó con casos como el de la Trazodona, cuyo precio pasó de $396 a $3.339 entre 2019 y 2023, el Acetaminofén que subió de $82 a $2.872 y el Losartán que aumentó de $502 a $1.117 en el mismo periodo.
Frente a estas graves irregularidades, los participantes en la rueda de prensa, entre ellos Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Josefina Ayala, auxiliar de enfermería representante de la Cumbre Social; y Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Asojuntas de Acción Comunal, convocaron a la ciudadanía a marchar este martes 9 de abril en defensa de la reforma a la salud.
Los participantes en la conferencia de prensa señalaron que la reforma a la salud que cursa en el Congreso a iniciativa del Gobierno nacional podría solucionar muchos de los problemas sistémicos que han permitido estas prácticas corruptas.
Sigue la billonaria pérdida de recursos públicos de la salud
La rueda de prensa ofrecida por los integrantes de la Comisión de Seguimiento en el siguiente video:
Conflicto de intereses
Las graves irregularidades denunciadas por la mencionada Comisión de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 del alto tribunal constitucional se suma a la conocida hace pocos días sobre la financiación de los dueños de dos EPS a los partidos de los senadores de la Comisión VII del Senado que firmaron la ponencia de archivo a la reforma a la salud.
Se trata del grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, y el grupo Bolívar, propietario de Salud Bolívar EPS. Los dos financiaron las campañas al Congreso de los partidos Liberal, Conservador, La U, Alianza Social Independiente (ASI), Centro Democrático y Colombia Justa y Libres en 2022, según los informes consignados por las mismas colectividades en el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.
En total, los aportes fueron de 365.000 dólares, lo cual es causal suficiente para recusar a los congresistas por posibles conflictos de intereses.
