POR OMAR ROMERO DÍAZ /
En la calurosa Barranquilla, donde la brisa del Caribe acaricia sus calles y la familia Char gobierna como una dinastía moderna, un escándalo de proporciones colosales comienza a tomar forma. Un informe de origen norteamericano ha destapado la red de corrupción que conecta a esta poderosa familia con el Cártel de Sinaloa, el narcotráfico y el financiamiento ilegal de campañas políticas. Pero, más allá de los titulares sensacionalistas, lo que este caso revela es un mecanismo sofisticado de captura del Estado, donde los límites entre la legalidad y el crimen organizado se desvanecen.
El secreto a voces
En los pasillos del poder, todos lo sospechan, pero pocos se atreven a decirlo en voz alta. Las acusaciones son precisas: José Galo Abondano, Fuad Char, Alejandro Char y Luis Miguel Cotes habrían operado con dinero del narcotráfico, usando Serfinanza y la cadena Olímpica como fachadas para el lavado de activos. No es la primera vez que se señala a los Char. En 2015, Bloomberg ya había alertado sobre sus vínculos con redes de lavado de dinero. Y, sin embargo, la pregunta persiste: ¿Cómo una familia con tanta influencia política y económica ha logrado moverse en este pantano sin hundirse?
El engranaje del poder
El esquema es perversamente eficiente. Abondano, el “banquero de la parapolítica”, actúa como arquitecto de un sistema de financiamiento donde los préstamos para campañas políticas no dependen del mérito ni de la ideología, sino de la capacidad de pagar con favores y lealtades. Con el dinero del Cartel de Sinaloa disfrazado de inversiones legales, las campañas de políticos afines se convierten en apuestas seguras para la perpetuación de un régimen donde el crimen y la política son dos caras de la misma moneda.
Mientras tanto, la Fiscalía y otros organismos de control miran hacia otro lado o, peor aún, participan del festín. Alejandro Char, alcalde de Barranaquilla y exgobernador del Atlántico, representa la cúspide de esta simbiosis: un hombre con el respaldo del pueblo, pero con los bolsillos llenos de dinero cuya procedencia es todo menos limpia. Su ascenso no es un accidente, sino la manifestación de un sistema diseñado para que los poderosos se protejan entre sí.
La red global del crimen
Pero esto no es solo una historia local. El Cartel de Sinaloa no pone su dinero en Colombia por capricho. Barranquilla, con su puerto estratégico, es una joya en el tráfico de drogas. Las cadenas de supermercados y los bancos no solo mueven productos y dinero, sino que sirven como vehículos para lavar millones provenientes del narcotráfico. El dinero ilícito se convierte en capital “legítimo”, y quienes deberían combatir este fenómeno parecen ser parte del negocio.
Estados Unidos, siempre atento al tráfico de drogas cuando se trata de justificar intervenciones en el sur, en esta ocasión mantiene una postura ambigua. La globalización del crimen es un hecho: el narcotráfico se entrelaza con las economías legales de tal forma que desmantelarlo significaría afectar intereses que van más allá de las fronteras colombianas.
Estado capturado por la mafia
Este no es un caso aislado; es la manifestación de un Estado capturado por los mismos poderes que debería combatir. La democracia se convierte en una farsa cuando las campañas políticas dependen del dinero sucio y las leyes se escriben para proteger a quienes financian el sistema.
Mientras los Char continúen intocables; mientras los bancos sigan lavando dinero sin consecuencias; y mientras el crimen organizado tenga un asiento en las altas esferas del poder, Colombia seguirá atrapada en un ciclo donde la justicia es un privilegio y la impunidad, la norma.
La pregunta no es si este modelo colapsará, sino cuándo. Y cuando lo haga, la historia no recordará a los Char como líderes visionarios, sino como los arquitectos de un imperio de corrupción que, como todos los demás, estaba condenado a caer.
