POR OMAR ROMERO DÍAZ
En una decisión sin precedentes, el Consejo de Estado ha optado por censurar, sí, censurar al Gobierno democráticamente elegido por más de 11 millones de colombianos, al impedir la transmisión en directo de los Consejos de Ministros del presidente Gustavo Petro. Esta no es una simple controversia jurídica; es una jugada política disfrazada de legalismo, una acción de contención institucional frente al ejercicio de un poder popular que incomoda a la oligarquía que históricamente han usufructuado el Estado como si fuera su finca privada.
El fallo del Consejo de Estado se reviste de una supuesta defensa de derechos individuales, pero lo que verdaderamente encubre es el miedo de la clase dominante a que las decisiones del Ejecutivo se hagan públicas, abiertas y transparentes. ¿Desde cuándo un tribunal que debería velar por el equilibrio democrático se convierte en curador del privilegio informativo de los grandes conglomerados mediáticos? ¿Por qué se protege el silencio impuesto por los monopolios informativos mientras se restringe el derecho del pueblo a ver y oír directamente a su Presidente?
La oligarquía colombiana, apoyada por sus brazos tradicionales la gran prensa, los gremios empresariales y ahora sectores del poder judicial, no soporta que el pueblo acceda sin intermediarios a la política. Quieren mantener la mediación manipulada, editorializada, editada y sesgada por las empresas de comunicación que han mentido, encubierto y desinformado durante décadas. La decisión judicial no busca proteger derechos individuales; busca proteger los intereses del viejo régimen.
Esta no es una simple diferencia de interpretación legal. Es una clara muestra de cómo el poder judicial, en algunos de sus estamentos, ha decidido legislar desde la toga, pero no para la justicia social, sino para salvaguardar los intereses de los privilegiados. Nunca en la historia reciente de Colombia una rama del poder público se había atrevido a restringir el derecho colectivo a la información directa sobre el quehacer del Ejecutivo, en nombre de una supuesta imparcialidad que, en el fondo, sólo protege el statu quo.
¿Dónde está el equilibrio si el Presidente no puede hablar, pero RCN y Caracol sí pueden manipular? ¿Dónde está la equidad si los medios públicos se ven limitados, pero los medios privados gozan de libertad total para tergiversar? El fallo del Consejo de Estado debe ser leído como lo que es: una agresión institucional al proyecto de cambio que hoy representa Gustavo Petro, una señal inequívoca de que el poder económico y mediático está dispuesto a todo para frenar cualquier posibilidad de democratización real.
La respuesta del pueblo y de sus representantes no puede ser tímida ni meramente jurídica. Este hecho ratifica, con más fuerza que nunca, la urgencia de una Asamblea Nacional Constituyente, que reconfigure el pacto social, democratice de verdad el acceso a la información, ponga freno al poder desmedido de los monopolios mediáticos y garantice que los poderes públicos respondan al interés general, y no a los caprichos de una oligarquía atrincherada.
Es hora de que la soberanía popular recupere su lugar. No podemos gobernar para todos mientras unos pocos sigan teniendo el control del relato, del poder judicial y de las decisiones que frenan el cambio. La democracia no puede seguir siendo administrada por quienes siempre han gobernado a espaldas del pueblo. ¡Es tiempo de cambiar las reglas del juego!
