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“Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”.
– Gustavo Petro.
¿Por qué tanto espanto y temor por parte de las tradicionales y decadentes élites económicas y políticas de Colombia ante la simple mención de una propuesta de convocatoria de una Constituyente como la que ha hecho el presidente Gustavo Petro?
El primer mandatario lo que ha hecho con su “escandaloso” planteamiento que atemoriza al establishment colombiano no es más que sacudir el alma y el sentir de un pueblo para que las reformas sociales históricamente aplazadas tengan un masivo apoyo popular y esta expresión ciudadana sea el detonante para superar el statu quo y se produzcan las transformaciones socioeconómicas a las que se resisten los sectores retardatarios. Se trata de una convocatoria a la discusión, un ejercicio dialéctico, de conciencia política, no entre las élites y los sectores políticos tradicionales sino entre los ciudadanos, en las poblaciones, en las regiones de la Colombia profunda.
“El pueblo es el soberano, está escrito en nuestra Constitución en su artículo primero. Todo poder deriva de la soberanía popular, dice. Entonces ¿por qué tanta amargura ahora? ¿Si el Presidente de la República de Colombia, poder constituido, quiere que el pueblo se declare en poder constituyente? Eso no lo hago yo por mi voluntad, yo solo quiero, pido, solicito, porque el que se determina como constituyente es el pueblo mismo», dijo Petro durante una alocución en Montería el pasado lunes 18 de marzo.
Un proceso legítimo
Lo de la convocatoria de una Constituyente no es un debate nuevo pero sí legítimo. La posibilidad de su convocatoria está contemplada en la Carta del 91 y desarrollada legalmente dentro de la gama de mecanismos de participación ciudadana. No obstante a las élites económicas, políticas y mediáticas del país no les importa la lógica ni la honestidad intelectual sino mantener a como dé lugar sus intereses. Por eso ante la propuesta de Petro, lo acusan paradójicamente de antidemocrático.
Al fin y al cabo las reformas que el mandatario propuso en su campaña electoral y por las que recibió el apoyo en las urnas constituyen una nueva carta de navegación en cuanto al modelo económico que prácticamente entierra la esencia neoliberal del que se impuso y está vigente desde hace más de 30 años con la Constitución del 91, sustentado en la privatización de los activos públicos, la garantía a la actividad especulativa del gran capital y la conversión de los derechos sociales en rentables negocios.
Es obvio entonces la oposición acérrima de la parasitaria élite colombiana a oponerse a la aplicación de un nuevo modelo económico democrático que garantice mínimamente los derechos sociales de las grandes mayorías. Es decir, que procure materializar el concepto constitucional de Estado Social de Derecho.
Por un nuevo acuerdo de país
Lo que asusta a los sectores conservadores es que se avance en la reivindicación y garantía de derechos sociales. Por eso el bloqueo de las reformas que promueve el Gobierno nacional en el Congreso.
Sin embargo, como lo planteó en la plenaria del Senado del pasado 18 de marzo la congresista del Pacto Histórico, Clara López Obregón, tras el fracaso del modelo económico neoliberal que solo ha sido de gran utilidad para la plutocracia colombiana, “se requiere de un nuevo acuerdo de país”, un nuevo contrato social, en virtud del cual se pueda avanzar en combatir las grandes inequidades sociales.
No importa la lógica política sino imponer el relato
La propuesta de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente se puede discutir en términos de conveniencia política a partir de la correlación de fuerzas y el proyecto de país al que se aspira, pero no se puede tachar de antidemocrática. En efecto, este es un mecanismo legítimo, su convocatoria es posible habida cuenta que está contemplado en la Carta Política de 1991. Se trata de llamar al pueblo para que soberanamente posibilite una nueva correlación de fuerzas mediante un nuevo contrato social. Esto puede ser una obviedad para muchos pero no lo es para el establishment colombiano que alega que es antidemocrático. Es que a las fuerzas tradicionales no les importa la lógica política ni jurídica sino la imposición del relato para enmascarar y proteger sus intereses. Aprovechan esta oportunidad para meter miedo, descalificando a Petro como ‘rojo’ y ‘castrochavista’, atemorizando porque Colombia, según su narrativa, va camino a convertirse en una distopía (sociedad futura de características negativas).
Las reformas sociales que impulsa el Gobierno de Petro son un mandato popular, ¿pero qué se puede hacer si el Congreso de la República que es un fortín del viejo, decadente y corrupto régimen las bloquea? Lo que está haciendo el Presidente es agitar a la ciudadanía para que participe en el debate, se haga sentir y asuma su condición de constituyente primario, como sucedió con la Octava Papeleta en 1990. En ese entonces el clamor ciudadano de los jóvenes por la convocatoria de una Constituyente se consolidó en un hecho político, ese sí extra-constitucional, pues la Constitución de 1886 no contemplaba la utilización de este mecanismo y sin embargo fue posible su realización.
El propósito de este interesante debate promovido por Petro es el de lograr garantizar una serie de derechos sociales colocando la institucionalidad del Estado al servicio de la gente.
El debate es saludable en términos democráticos, de ahí la reacción negativa de las élites que no creen en la democracia, sino en una que sea a su medida. Porque si algo las ha caracterizado históricamente es que le tienen miedo a la voz del pueblo. Es por el mismo motivo por la que la protesta social ha sido tratada por el establecimiento colombiano como amenaza existencial.
