POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
El presidente Gustavo Petro con su victoria electoral sentó un precedente histórico: por primera vez las mayorías ciudadanas apoyaron y eligieron un mandatario que les prometió un programa de reformas sociales y democráticas y una lucha sin cuartel contra la corrupción de las castas gobernantes que hicieron de la codicia, el clientelismo y el saqueo de las riquezas de la nación y el patrimonio público, un principio de enriquecimiento ilícito y una fuente de acumulación de capital. La corrupción se hizo costumbre y los corruptos lograron que la gente percibiera la política como derecho exclusivo de los re-ricos billonarios y sus testaferros los partidos oligárquicos.
Con la pérdida del Gobierno, las poderosas corporaciones, los gremios empresariales y los carteles del narcotráfico, junto con sus testaferros los partidos políticos del uribismo y sus cómplices, liberales, conservadores, Cambio Radical, de la U, y sus arandelas de las sectas religiosas, se atrincheraron con sus mayorías en el Congreso de la República y en las altas cortes, la Fiscalía y los organismos de control, que también quedaron bajo su control, para seguir cumpliendo su misión de garantizarles absoluta impunidad, además de sumarse al boicot a las reformas sociales y la gestión del Gobierno del Cambio.
La llegada de Petro al Gobierno, generó entre las mayorías populares, la expectativa de que, en sus cuatro años de administración, se pondría fin a la corrupción y el abuso de poder que, a lo largo de 32 años, ocho periodos gobernantes neoliberales y autoritarios, hicieron del patrimonio público y los recursos del erario uso fraudulento; políticos, banqueros, gremios empresariales (ANDI, Fenalco, Fedegán, SAG, ACEMI, Gestarsalud, multinacionales, etc.), narcos, contrabandistas y paramilitares, todos a una, saquearon a su antojo las arcas del Estado, se robaron billones de la plata de la salud, financiaron las masacres de centenares de miles de colombianos y colombianas a manos de los paramilitares, robaron millones de barriles de petróleo y combustible del oleoducto de Ecopetrol, financiaron sus respectivas campañas electorales y las de sus cómplices parlamentarios, privatizaron el agua, la energía eléctrica, la salud, endeudaron a más no poder al país con la banca internacional; en fin, rasparon la olla del erario y se llevaron hasta la pega.
Como no logró mayorías en el Congreso, el Presidente, en el marco de su utópica intención de ponerle rostro humano al capitalismo y de su propuesta electoral de un “Gran Acuerdo Nacional”, recurrió a la inveterada práctica de los partidos del clientelismo y la corrupción, para hacer acuerdos de “gobernabilidad” mediante la asignación de cuotas (nombramientos) en la alta burocracia estatal, Ministerios, gerencias, presidencias, direcciones de entidades, etc., para garantizar apoyo en el Congreso de la República a los proyectos de reformas sociales y al Plan de Desarrollo. De esta manera, buena parte de la corrupción permaneció incrustada en la administración pública estatal, como verdaderos caballos de Troya, con sus respectivas cuotas en el Gobierno del Cambio: José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria, Cecilia López Montaño, Alfonso Prada, Mauricio Lizcano, Guillermo Reyes, Juan Fernando Cristo (arropados bajo la mentirosa etiqueta de “socialdemócratas”), etc.; además de los corruptos que ya se habían enquistado, desde la campaña electoral, en el partido del Gobierno y sus aliados desprendidos de los partidos de la corrupción, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Laura Sarabia, etc.
Los escandaloso casos de Fiduciaria La Previsora y la UNGRD
Un caso patético de estos acuerdos de “gobernabilidad” es el de La Fiduciaria La Previsora, una entidad mixta, con 90 % de capital estatal, que ha tenido a su cargo la administración de recursos públicos destinados a financiar programas estatales, que entre otros, administra los dineros de la Unidad Nacional de Gestión del riesgo de Desastres (UNGRD) que ascienden a $48 billones y el (Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) del orden de $18 billones.
El FOMAG maneja los dineros de las prestaciones sociales y la contratación del servicio de salud del magisterio activo; así como las de docentes, pensionados, activos y retirados.
En el marco de ese círculo vicioso, se produjo el escándalo de los carrotanques, el primero en el Gobierno de Gustavo Petro, de amplia difusión en los medios corporativos, que siempre habían jugado al tapen–tapen de mega escándalos de corrupción de gobiernos anteriores, Odebrecht, Reficar, Centros Poblados, Ocadpaz, etc.
Los funcionarios corruptos, ejecutores del crimen, ya están judicializados y en proceso de colaboración con la justicia; son ellos: Olmedo López del Pacto Histórico; Sneyder Pinilla, miembro del uribista y aliado de paramilitares Clan Aguilar de Santander; Luis Carlos Barreto Gantiva, Luis Eduardo López Rocero, alias ‘El Pastuso’, contratista; quienes acordaron con la Fiscalía la devolución de los dineros que se apropiaron del desfalco por $48.000 millones.
Igualmente, se encuentra judicializada y detenida Sandra Ortiz del partido Alianza Verde, exasesora de Presidencia de la República, quien presuntamente entregó una coima de $3.000 millones al impresentable congresista Iván Name Vásquez, expresidente del Senado, y a Andrés Calle, representante liberal y expresidente de la Cámara, para que supuestamente promovieran y votaran positivamente el proyecto de reforma a la salud.
Figuran además, vinculados y/o mencionados en este escandaloso torcido, Carlos Ramón González, exdirigente del M-19, fundador de la Alianza Verde, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, liberal, exministro del interior, la canciller Laura Sarabia, el inefable ministro del Interior, Armando Benedetti; además de 26 congresistas de las bancadas de Gobierno y de sus aliados conservadores, liberales y de la U; el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, Cesar Augusto Manrique Soacha, cuota burocrática del exsenador Luis Carlos Avellaneda Tarazona.
En el contexto del mega entramado de corrupción reseñado ampliamente por la W Radio, titulado “El laberinto donde se pierden los recursos de la salud de los colombianos”, acoplado por una empresa de papel domiciliada en Madrid España, constituida con un capital de US$3.000 y denominada Venum Investments, “gran grupo empresarial construido para robarse los recursos de la salud” (La W) que de la mano del lobista del sector salud, Mario Urán, quien se hizo al control de cerca de 20 importantes IPS privadas, laboratorios y farmacias, involucradas en el escándalo de la EPS, Coosalud, desviaron los recursos hacia intereses privados y arruinaron gran parte de la red hospitalaria pública, se inscribe el proceso de corrupción del FOMAG.
Al interior de esta entidad además de robarse los dineros de la salud del magisterio y de los docentes pensionados, activos y retirados, varios de sus funcionarios han boicoteado la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, adoptado mediante el Acuerdo 03 de 2024.
El presidente Petro denunció el saqueo de los dineros de la salud del magisterio y declaró que no permitiría que “se robaran la plata de la salud de los maestros”; reemplazó al entonces presidente de la fiduciaria, Ricardo Castiblanco Ramírez, por el abogado Jhon Mario Marín, cuota burocrática de Dilian Francisca Toro, la cuestionada gobernadora del Valle del Cauca del partido de la U, sometido a proceso judicial por presunta defraudación del Fondo de Pasivos Sociales de Ferrocarriles Nacionales, del cual fue su presidente en 2018, en complicidad con el secretario general de dicho fondo, Rubén Méndez, hijo de la parapolítica Zulema Jattin.
En la Vicepresidencia de Fiduprevisora, al parecer por decisión de Laura Saravia, fue nombrada Daniela Andrade; ambas estuvieron al frente de la puesta en marcha del nuevo modelo de salud del magisterio.
Al parecer, el boicot comenzó con el cambio del modelo de contratación previsto en el acuerdo 03/2024, propuesto por Marín al Consejo Directivo del FOPMAG, el cual era una copia literal del que ya habían aplicado para defraudar el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles, Ni siquiera borraron el nombre de ferrocarriles, razón por la cual anularon el proceso. Pero, finalmente, con el aval del Consejo Directivo del FOMAG, “se cambió sin ninguna justificación el manual de contratación para que pudieran elegir a dedo a los operadores de salud para los profesores” (La W).
Así comenzaron las irregularidades, Marín, junto con la vicepresidenta de contratación de la Fiduprevisora, Daniela Andrade, en conciliación irregular, por la que cobraron el 7 % de coima, pactaron con los antiguos prestadores del FOMAG y giraron $1.3 billones. Además, fijaron el “cobro de millonarias coimas a las IPS del país para entregarles los contratos para que siguieran prestando sus servicios en el nuevo modelo de salud” (La W).
Contrató y aceptó pagar los precios que quisieron a las operadoras de medicamentos que están relacionadas con políticos de las regiones, principalmente a Farmart, ligada a los intereses de la gobernadora Dilian Francisca Toro, del Partido de la U, a quien le entregó el monopolio del 70 % de la dispensación de medicamentos para los maestros de toda Colombia, por la bobadita de $30.000 millones mensuales.
A la Red de farmacias Remédicas de Bucaramanga, cercana al Partido de La U, le adjudicaron el contrato de medicamentos para Cundinamarca, Chocó, Antioquia, y Arauca, y a Emcosalud, empresa de propiedad de Abel Sepúlveda, exmilitante del M-19, le adjudicaron la distribución de medicamentos para el magisterio del Huila y Tolima.
No obstante, estas adjudicaciones, la entrega de medicamentos al magisterio sigue siendo traumática y sometida a la vieja traba de las autorizaciones del FOMAG en cada región. Las colas para reclamarlos siguen siendo interminables.
Jhon Mario Marín salió de la Fiduprevisora en mayo de 2024, aunque todavía sigue siendo el poder en la sombra del Grupo Bicentenario S.A.S. que agrupa las entidades financieras del Estado Colombiano. Según La W, quedaron en la entidad sus fichas: Magda Lorena Giraldo, presidenta de Fiduprevisora; Oscar Carmona, vicepresidente de la misma, Cristian Fandiño, gerente de Adquisición; Andrés Escarria, gerente de Servicios de Salud del FOMAG; Daniela Andrade, exvicepresidenta de la Fiduprevisora, premiada con una notaría; y Vanessa Gallego, vicepresidente jurídica de Fiduprevisora, quien fue abogada del despacho de la cuestionada e impresentable exministra de las TIC de Iván Duque, Karen Abudinen.
La W echa la culpa a la crisis de la salud del magisterio y de los docentes pensionados activos y retirados al nuevo modelo de salud, al que califican de desastroso, que, sin duda, es infinitamente mejor que el pésimo servicio que prestaban los operadores privados, a sabiendas de que son las mafias que continúan controlando la prestación del servicio para seguir enriqueciéndose a costa de boicotear la regularización del nuevo modelo.
Este nuevo modelo requiere que el Fomag agilice el proceso de inscripción de prestadores y de operadores de medicamentos, que hagan viable la libre escogencia de las y los maestros y pensionados, así como la atención en el sitio de trabajo, que se eliminen las autorizaciones, etc.
El presidente Petro, que reiteradamente se ha autocriticado por haber realizado acuerdos de gobernabilidad con sus corruptos opositores y algunos oportunistas como los que se disfrazan ideológicamente de “socialdemócratas”, seguramente será consciente de que, no solo ha pagado un alto costo político por persistir en dichos acuerdos, sino de que el cambio democrático que pregona será imposible mientras se mantenga la hegemonía de los amos del poder económico y político.
La gran lección que va quedando para el pueblo colombiano es que la corrupción es consustancial al Estado capitalista, una fuente inescrupulosa de acumulación de capital, imposible de ser sometido a cirugías estéticas que le pongan “rostro humano” y apariencia humanitaria, por cuanto su razón de ser es la explotación en grado superlativo, la codicia y la avaricia.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
