POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
El título de esta columna, es la frase que se popularizó en una de las campañas de Bill Clinton en USA, que le viene como anillo al dedo a los neoliberales encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, quienes, como en ”fuente ovejuna todos a una”, se vinieron lanza en ristre contra el proyecto de ley de Reforma a la Salud del Gobierno y en defensa de las EPS, entidades de intermediación financiera o aseguradoras en salud, principalmente privadas, que administran billonarios recursos que el Estado invierte en la supuesta prestación del servicio a las personas que se afilian a determinada EPS, que a su vez contrata las IPS, 80 % privadas, para que presten el servicio POS o subsidiado a colombianos y colombianas que, por arte de la magia jurídica, dejaron de ser pacientes, y se convirtieron en usuarios o clientes, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993.
La realidad de este gigantesco negocio es que, según datos de la Superintendencia de Salud, hasta octubre 22 de 2022, 16 EPS, entre ellas, SALUDCOOP, CAPRECOM, CAFESALUD, COOMEVA, MEDIMAS, COMFAMILIAR, COMFACUNDI, que cuentan con mas de 12 millones de personas afiliadas, están en proceso de liquidación y 10 más, que cuentan con casi 8 millones de afiliados, se encuentran “en proceso de evaluación rigurosa”, con seguridad terminarán liquidadas. Quedan activas cerca de 30 EPS, una de las cuales es la NUEVA EPS, entidad público-privada. En estos cinco renglones se sintetiza la gran crisis de la salud de los colombianos y colombianas, sometida al lucro, a la voracidad del capital financiero, que cuenta con una bancada mayoritariamente neoliberal en el Congreso de la República, con la misión de defender la permanencia de las EPS, so pena de quedarse sin quien les financie sus campañas políticas para continuar abrochados a sus curules.
La Superintendencia de Salud, en su momento, se ha apresurado a aclarar que los 20 millones de afiliados/as a las EPS, liquidadas, en liquidación y las que se liquidarán, no deben afiliarse nuevamente al sistema, porque serán trasladados automáticamente a una de las que quedan activas. Pero, muy seguramente, de persistir como intermediarias financieras, más temprano que tarde, también entrarán en proceso de liquidación. Razón tiene la Ministra de Salud al señalar que, resulta un eufemismo decir, palabras más, palabras menos, que el Gobierno acabará las EPS, si se están acabando solas.
La confrontación es entonces entre dos bandos claramente definidos: en uno, están los que defienden las EPS, que teóricamente pueden ser “públicas, privadas, cooperativas, mutuales”, como “un sistema mixto, solidario” en el que “los colombianos tengan libertad de afiliación”, (Álvaro Uribe); actualmente solo existe una EPS público-privada: la Nueva EPS. Se trata de proteger el modelo de mercantilización de la salud, no porque presten el mejor servicio de calidad, sino porque es un negocio rentable, que garantiza la acumulación de capital; específicamente, protegen a “los dos banqueros mas ricos del país” (Gustavo Petro). ‘El patrón del mal’, falazmente argumenta que con el proyecto de reforma el Gobierno pretende crear “un monopolio estatal” y, según él, reproduce “el modelo cubano”.
Bandola neoliberal se resiste a perder negocio de la salud
La bandola neoliberal al mando del los expresidentes Uribe, Cesar Gaviria, Pastrana, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con el concurso de exministros/as de sus extintos gobiernos y ministros del actual gobierno, banqueros, gremios económicos, bandas criminales, los clanes mafiosos, Char, Gerlein, Aguilar, los Ñoño Elías, medios de comunicación masiva; es decir, el establecimiento hegemónico que, al amparo de la cacareada “confianza inversionista” saqueó miles de billones de los recursos de la salud, en detrimento de la vida y el bienestar del pomposamente ostentado 99 % de afiliados/as, que murieron por decenas de miles sin atención, en sus casas o en las puertas de los hospitales, que llenaron los anaqueles de los juzgados con cerca de tres millones de tutelas para exigir que los atendieran o les ordenaran hospitalizaciones o procedimientos quirúrgicos, que construyeron con los recursos de la salud hospitales y clínicas privados, en fin, que después de asegurar la acumulación a los dueños de la EPS, destinaron parte de la bolsa a financiar grupos paramilitares y campañas de partidos y políticos corruptos para perpetuar el régimen corrupto y mafioso que ha gobernado el país (Jaime Ardila Barrera, exauditor General de la República); esa alianza mafiosa es la que se ha puesto al frente de la lucha contra el proyecto de ley de reforma de la Salud, porque se resisten a perder el inhumano negocio que crearon con la expedición de la Ley 100, con la cual expropiaron el derecho a la salud y la vida digna de la inmensa mayoría de la población colombiana.
El Sistema de Salud creado por la mencionada ley, ha sido el gran negocio, de ganancias sin límites y con bajo riesgo de pérdidas, el atraco fue a mansalva y sobreseguro. Las EPS reciben del erario 70 billones de pesos cada año para contratar con las IPS, 80 % son de su propiedad, el servicio de salud para sus afiliados/as; de ese voluminoso monto, cobran 6.6 billones anuales como cuota de administración; adicionalmente, cobran cuotas moderadoras y copagos por consultas y entrega de medicamentos, que son miles de millones, quizá billones, que entran a sus arcas. Adicionalmente, para reducir gastos, niegan o demoran servicios, mediante el sistema de “agendas” para citas de medicina general y de especialistas y de “autorizaciones” para entrega de medicamentos, realización de exámenes clínicos y quirúrgicos. Así mismo, ahorran miles de millones cada año, mediante contratos basura que imponen a médicos/as, especialistas y demás trabajadores de la salud, con pésimos salarios, sin garantías laborales y de seguridad social. Igualmente, construyeron IPS de su propiedad con los dineros de la salud (integración vertical) para contratar los servicios médicos e impusieron el odioso servicio en salud para pobres, POS para régimen contributivo y subsidiado y planes complementarios y de medicina prepagada, salud para los ricos.
El riesgo de pérdidas lo endosaron al Estado, porque, según reciente informe del Ministerio de Salud, las EPS liquidadas, en proceso de liquidación o en proceso de evaluación y activas, deben a las IPS y a los trabajadores de la salud 23 billones de pesos distribuidos así: 16.6 las EPS activas, 5 las EPS en liquidación, 1.7 las EPS liquidadas 2016-2022 y 407 millones las EPS liquidadas 2003-2015 (Alejandro Quintero MD. En larosaroja.org). Billones que fueron saqueados de los recursos públicos que les entregó en administración el Ministerio de Salud, deuda que seguramente será asumida por el Estado, caso en el cual, el robo será por partida doble.
En el lado de la defensa de la reforma democrática de la salud se agrupan, el presidente Gustavo Petro Urrego, la vicepresidenta Francia Márquez Mina, la ministra de Salud, Carolina Corcho y el conjunto de ministros, ministras y demás altos funcionarios del lado progresista, antineoliberal del gobierno, la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, parlamentarios/as del Partido Verde y, seguramente muchos/as congresistas liberales, y de la U, que forman parte de la coalición de gobierno, los/as 11.500.000 ciudadanos y ciudadanas que votaron por las reformas democráticas prometidas en su campaña, las academias de medicina, la Federación Médica de Colombia, los colegios médicos del país, los/as asociaciones y sindicatos de los demás trabajadores/as de la salud, las facultades de medicina, las centrales sindicales, las comunidades indígenas, afrodescendientes, las poblaciones indígenas y el pueblo colombiano en general, que se manifestaron en todo el país el pasado 15 de febrero en defensa de la reforma democrática de la salud y las demás reformas sociales por las cuales votaron y eligieron al actual gobierno y que además sufrieron las consecuencias de la voracidad de verdaderas mafias que trafican con la salud de la mayoría ciudadana y sus familias.
Los/as defensores del proyecto de Ley de reforma al Sistema de Salud vigente, esperamos que, después de 30 años de robo sistemático de los dineros de este importante sector y de enriquecimiento ilícito de propietarios y banqueros, y de millones de muertes que se hubieran podido evitar, lo ordenado por la Ley 1751 de 22015, Ley Estatutaria de la Salud, se cumpla con la aprobación del proyecto de reforma. Es decir, que el Estado garantice y proteja “el derecho fundamental a la salud, como derecho autónomo e irrenunciable en lo individual y lo colectivo” (artículo 2), “garanticeacceso gratuito y universal a los servicios de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, en condiciones de igualdad, retome su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecute bajo la INDELEGABLE dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado” (Artículo 49 de la Constitución Política. Citado por el médico y profesor universitario. Francisco Gómez Ceballos. En ¿De qué reforma me hablas viejo?), lo cual implica que se termine la especulación y la intermediación financiera con los recursos de la salud que, desde 1993 ha favorecido el crecimiento ilícito de las fortunas de los propietarios de las EPS.
El cuestionado expresidente Uribe Vélez miente al afirmar que el Gobierno pretende crear un monopolio público de la salud, pues el 80 % de la red hospitalaria es privada y así continuará, lo que el proyecto de reforma propone es que el Estado asuma y no delegue la función constitucional de administrar los recursos de la salud, para que las mafias de las EPS no se las continúen robando.
Hay que continuar con el ejercicio de la democracia en las calles, acompañando la tarea legislativa y presionar la alianza amplia del Gobierno, para que en el Congreso el gatopardismo no haga modificaciones al proyecto de ley y se termine aprobando una reforma para que todo siga igual.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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