POR ARMANDO G. TEJEDA /
El ‘lawfare’, o guerra judicial, se ha utilizado como táctica de guerra para neutralizar a enemigos políticos, suele estar la huella de Estados Unidos, el apoyo de medios de comunicación, y es el arma con la que se ha golpeado a los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, o Rafael Correa, de Ecuador, entre otros, señala la politóloga catalana Arantxa Tirado Sánchez, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Autora del libro recientemente publicado Lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley (Editorial Akal), Tirado Sánchez reflexiona sobre la manera en la que se han ido adulterando los procesos de transformación de muchos países, sobre todo cuando asume un mandatario con afán transformador.
En entrevista con La Jornada de México, la politóloga explica la estrategia que actualmente suple al golpe de Estado y analiza detalladamente este fenómeno que afecta sobre todo a América Latina y que ella ha visto durante su residencia en México, Venezuela, Costa Rica y Cuba.
Táctica para deponer presidentes
¿Qué se entiende por ‘lawfare’?
Es un término que se usa mucho, pero que quizá se desconoce todavía más, sobre todo porque se usa de una manera laxa y se le ha dado muchas interpretaciones. Para mí, el lawfare o la guerra judicial se trata de una táctica bélica que, en esencia, es utilizar la ley y los tribunales para neutralizar a un enemigo político. Es decir, hacer uso de esos elementos que están legitimados a ojos de la sociedad para provocar un cambio de régimen o cuando menos tener una injerencia política en el Estado o en una lucha de los movimientos sociales.
¿Se puede decir que es el sustituto del clásico golpe militar, que hoy en día es inviable?
Exactamente. Es una táctica bélica para un objetivo estratégico, como deponer a una persona, ya sea evitando que se vuelva a presentar a unas elecciones, mancillando su imagen pública o socavando su legitimidad para finalmente intervenir en los procesos políticos.
Desde la Casa Blanca
Y tiene su origen en Estados Unidos y en su práctica histórica de intervención en América Latina, ¿verdad?
Así es, cuando uno rastrea los casos emblemáticos de lawfare en la región, siempre aparece la huella de Estados Unidos en mayor o menor medida, más evidente o menos evidente, pero siempre está ahí y siempre vinculada a los poderes fácticos locales. Washington siempre es como el actor en la sombra que aparece tarde o temprano.
¿En qué consiste esa estrategia?
Es un sistema complejo, en el que participan las distintas agencias de inteligencia, tanto internacionales como nacionales, que muchas veces ni siquiera se sabe para quién están ejerciendo. Pero, finalmente, es una teorización militar, la cual proviene de la reflexión que hacen mandos castrenses como el general Charles Dunlap, entre otros, quien dice abiertamente que ha visto que Estados Unidos y otros estados, como Israel, han sido llevados a tribunales internacionales por otros actores con menos fuerza, con el fin de desacreditarlos. A partir de ahí, plantea que también utilicen el sistema judicial para vencer a sus enemigos.
Obviamente, es muy difícil demostrar que hay un diseño en una intervención concreta, porque no existen documentos públicos, al menos ahora; por ejemplo, si pensamos en el golpe de Estado a Salvador Allende, los documentos en los que se probó la intervención de Estados Unidos se desclasificaron muchas décadas después, aunque había indicios que apuntaban en esa dirección.
¿La utilización de América Latina como laboratorio de pruebas de este tipo de prácticas ya es una cosa probada?
La historia habla por sí misma. Sobre todo en el siglo XX, pero incluso en el XIX si nos queremos aproximar a la Doctrina Monroe. Y ya en tiempos de la guerra fría se encarniza más por el afán de evitar que América Latina se convierta en un espacio del entonces enemigo del bloque comunista. Bajo esas premisas, se justificaron todo tipo de intervenciones, abiertas y encubiertas. Hoy es innegable la injerencia de la Casa Blanca con los Contras en las guerrillas centroamericanas, en el golpe contra (el presidente chileno Salvador) Allende (septiembre 1973), en el adiestramiento de golpistas argentinos que desaparecieron a decenas de miles de personas en la dictadura (1976-1981, en Argentina) de (Jorge Rafael) Videla y en apoyo a golpistas brasileños (1964).
América Latina, por la proximidad geográfica y la importancia geoestratégica, siempre va a ser ese laboratorio de pruebas. Y se ve en casos recientes como el de Venezuela, o si nos vamos más atrás en el bloqueo a Cuba y la política de hostilidad hacia una isla que decidió rebelarse contra el capitalismo.
¿Qué otros casos recientes hay?
Toda América Latina y el Caribe es potencialmente un área de intervención estadunidense. Y eso lo va a determinar el cariz de la persona que esté al frente del país: si se trata de mandatarios que apuesten por políticas soberanas de explotación de los recursos minerales, petrolíferos, ya es suficiente para que Estados Unidos le ponga en la lista de personas non gratas, cuando no en la de enemigos públicos. Es importante recalcar que, a diferencia de otros momentos históricos, en los que sí había la posibilidad de romper con el modelo capitalista, ahora el cambio de régimen se hace a mandatarios que ni siquiera pretenden romper con el capitalismo, sino simplemente querer administrar de forma soberana los recursos de su nación. O incluso por hacer contratos o estrechar relaciones comerciales y políticas con potencias contrahegemónicas del sistema internacional, como pueden ser Rusia y, sobre todo, China.
¿Los líderes que quieren cambiar las cosas de fondo tienen recursos para defenderse?
Es verdad que los poderes fácticos son tan poderosos que lo que demuestran muchas veces los casos de lawfare es que llegar a dirigir un gobierno no significa tener el poder. Y un presidente o una presidenta gestionan presupuestos, trata de hacer cambios, pero aquellos gobernantes que se pasan de la línea en las transformaciones, pronto se encuentran con los límites del propio Estado y de los sectores que no se presentan a las elecciones, pero que tienen mucho poder, como la cúpula empresarial.
El caso de López Obrador
Incluso en países con sistemas presidencialistas, como es México, es difícil llevar adelante transformaciones, y no porque haya grupos de la sociedad que estén en contra, como se demuestra en los altísimos niveles de positiva valoración de (el presidente Andrés Manuel) López Obrador, sino porque hay unos poderes fácticos que hacen lo posible de obstruir esa acción transformadora, ya sea vía los medios de comunicación o de su capacidad de chantaje económico o de seguridad.
Es evidente que López Obrador es una anomalía del sistema político mexicano por lo que representa, por su intento de democratización de un Estado como el mexicano, tan renuente durante décadas a la democracia, y por eso estamos viendo las reticencias de ese sistema que se niega a ser democratizado.
La Jornada, México.
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