POR LUZ MARINA LÓPEZ ESPINOSA
El reconocimiento que acaba de hacer este 24 de marzo de 2023 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del sindicalismo como sujeto colectivo de reparación al ser víctima del conflicto armado colombiano es un elemental acto de justicia que no por tardío debemos registrar con satisfacción. Y es que tenía que ser en el gobierno que postula a Colombia como Potencia de la Vida y a las víctimas como centro de una auténtica implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC, en el que se incluyera a la actividad por tantos ingratos títulos legitimada para ello, en el registro oficial de ellas.
Y sí, hay que decirlo, esas dificultades y mora en el reconocimiento es parte de la persecución que hoy se admite: como si no hubieran sido bastantes los 15.481 hechos victimizantes del sindicalismo cometidos entre 1970 y 2021 que identificó la Comisión de la Verdad en su Informe Final, incluidos 3.295 homicidios. Cifras de escalofrío en cualquier época y lugar del mundo. Máxime si no se está hablando de una nación en situación de guerra civil generalizada o en anarquía total, sino de un régimen de derecho y una democracia perfecta según reclamaban orgullosos los regidores del Estado donde tal masacre sucedía.
Y es que no es poca cosa este reconocimiento. Porque una de sus consecuencias, que en una democracia así fuera imperfecta no tendría por qué ser un favor sino algo elemental no supeditado a declaración alguna, es la de garantizar la no repetición del holocausto sindical. Es decir, que ser sindicalista en Colombia no sea ni la más peligrosa de las vocaciones, ni otorgue a nadie título –muchísimo menos a agentes estatales-, para atentar contra él en la forma que sea: matándolo, desapareciéndolo, torturándolo o la más aséptica, encarcelándolo bajo el expediente coartada de ser cómplice de la subversión. Manida vulneración que inclusive era reivindicada públicamente. ¿Alguien ha oído acaso hablar de algún sindicalista preso bajo cargos de pertenecer a una organización guerrillera? Y aquí sí que toman vigencia y valor las palabras del temible narcoparamilitar Salvatore Mancuso, quien en sus declaraciones ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), ha sido reiterativo e insistente en que miles de crímenes por ellos cometidos, partieron de la estigmatización que mandos militares y policiales hacían de sindicalistas, señalándolos de estar al servicio de la subversión. Con la correspondiente orden de asesinarlos; cosa que los paramilitares hacían gustosos. Confesión del autor material de los crímenes. ¡Cómo cambiará esto en el Gobierno de la Vida!
Son muchos más los efectos del reconocimiento de la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas del sindicalismo como víctima colectiva sujeto de reparación, al cual se llegó después de siete años de una Mesa de Concertación presidida por la directora de la Unidad, Patricia Tobón, con la presencia de la más fiel interprete de la política del presidente Petro en materia de Paz, Vida y Justicia para las Víctimas, la actual ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Quien tenía autoridad para esa misión y sabía de lo que se trataba como militante comunista y activista sindical que ha sido, precisamente del sindicato más victimizado del país Fecode, el del magisterio, con sus 6.301 hechos victimizantes incluido el asesinato sistemático de sus miembros. Dentro de esos efectos de esa Resolución está el deber del Estado de reconocer al sindicalismo como actor de la democracia, hacer un mea culpa por la estigmatización de que fue objeto, realizar el balance del daño multidimensional causado, identificar a las autoridades que idearon, prohijaron y encubrieron los crímenes, e impulsar los procesos judiciales a los que han debido dar lugar.
Una labor ingente sin duda la que le corresponde al Estado en este campo, la cual recae principalmente en el actual Gobierno nacional que debe reparar los múltiples agravios de los gobiernos de por lo menos los últimos cincuenta años. Y esto incluye el reconocimiento de la sindicalización como un derecho fundamental, dignificar y enaltecer historias de vidas de cientos de mujeres y hombres cuyos sacrificios luchan contra el olvido y la impunidad que quiere cubrirlos, actos públicos de desagravio de las organizaciones exterminadas y de las más victimizadas, y desde luego las medidas de protección que se enmarcan dentro de la obligación de no repetición. Porque ya lo estamos viendo, no basta el férreo compromiso del Gobierno con la vida para que organizaciones del crimen organizado, y los “enemigos agazapados de la paz” de que hablara algún Comisionado de Paz, sigan inmolando a quienes ejercen el noble oficio del liderazgo social dentro del cual las y los sindicalistas ocupan sitial de vanguardia.
Un primer paso concertado con la Mesa de reparación del movimiento sindical será el acto de desagravio que tendrá lugar el próximo 14 de septiembre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, donde con la presencia del presidente Gustavo Petro y la participación de los Ministerios del Trabajo y de Justicia, la Unidad para la Atención y Reparación de las Victimas, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se dará inicio a una nueva etapa en la relación Estado-Trabajadores; la que tiene que ser, la que nunca ha debido dejar de ser: la de colegas solidarios en la construcción de un destino que es inexorable, nos cobija a todas y todos. El Gobierno del Cambio.
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