POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
“El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza”.
– Karl Marx (El Capital. La acumulación originaria, cap. XXIV).
La corrupción ha sido uno de los componentes estructurales del capitalismo desde que este sistema económico, social y político emergió en la historia de la humanidad, una de sus fuentes de acumulación de capital. El Estado burgués y sus instituciones, fueron diseñadas para administrar los negocios de los capitalistas, garantizar la plusvalía extraída de la explotación de fuerza de trabajo, la protección de sus intereses y la garantía de otras fuentes de acumulación, sea cual fuere su origen. La llamada institucionalidad del Estado liberal, con sus tres ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, cumplen la misión de garantizar el control del poder político y ejercerlo al servicio del poder económico. Las leyes económicas regulan y protegen los negocios de los empresarios o patrones, sean estos nacionales o extranjeros. La ley penal castiga los delitos que se puedan cometer contra la sacrosanta propiedad privada.
“Lo que se hereda no se hurta”
Las leyes laborales salvaguardan los privilegios del patrón y legalizan el despojo de los derechos sociales y colectivos de la clase trabajadora. En síntesis, todo el andamiaje jurídico – político ha sido estructurado para garantizar y salvaguardar las ganancias del capital, en la industria, en el comercio, en el sector agrario, financiero, etc. y despojar a la clase trabajadora y sus familias de sus derechos y garantías laborales y de seguridad social en salud.
Desde que surgió, el sistema capitalista ha ejercido el poder económico y político a través del control hegemónico del Estado burgués y sus instituciones, cumplen como función primordial salvaguardar sus intereses, garantizar la acumulación de capital y proteger las fuentes de donde provienen las grandes fortunas del empresariado y sus corporaciones, sin importar su origen. Se trata de la concentración de la riqueza, producto de la sobrexplotación asalariada de la fuerza de trabajo, de la esclavización de la clase trabajadora, el robo, el asesinato, el despojo de tierras, la expoliación del erario, la guerra, el asesinato, “la violencia, en una palabra”, como bien lo ha señalado Karl Marx. Este ha sido, desde que el capitalismo vino al mundo, el método de acumulación a sangre y fuego.
La imposición del modelo neoliberal amplió las fuentes de la corrupción
Las ideas neoliberales colonizaron la economía y la política de los Estados capitalistas del mundo; desde que adoptaron el Consenso de Washington, sustentado en tres argumentos:
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Que el Estado es incapaz de administrar lo público.
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Que el mercado; es decir, la empresa privada, debe asumir la administración y la prestación de los servicios, porque con su fórmula de maximizar las ganancias y reducir los costos, administrarían dichos servicios con más eficacia, mayor eficiencia y a menores precios.
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Que el Estado debe dejar de intervenir en su regulación, porque el mercado es capaz de autorregularse.
El entonces presidente Cesar Gaviria (1990 -1994) decidió, con el consentimiento del poder político y el poder económico, aplicar en Colombia a rajatabla las políticas neoliberales ordenadas por la banca multilateral (FMI, Banco Mundial, BID, OMC, etc.) y los Estados Unidos de Norteamérica. Aprobó, con el apoyo de las mayorías bipartidistas del Congreso de la República, la Ley 100 de 1993, con la cual privatizó los recursos públicos de la salud y los entregó a las EPS, empresas privadas creadas para que administraran los billonarios recursos provenientes del régimen contributivo (aportes de los trabajadores), del régimen subsidiado (aportes del Estado) y recaudos de otras fuentes (impuestos a las loterías y otros juegos de azar) y contrataran los servicios de salud con clínicas y hospitales públicos y privados (IPS). En 2024 le será entregada a las EPS la astronómica cifra que supera los 90 billones de pesos.
Se crearon en esa época 157 EPS que se disputaron en el recién creado mercado de usuarios o clientes (antes llamados pacientes) cerca de 30 millones de afiliados, que debían ser atendidos por las IPS privadas, públicas y mixtas, contratadas por las respectivas EPS. Pasados más de treinta años de funcionamiento que entregó los recursos públicos de la salud, a través de las llamadas Unidades por capitación (UPC) a operadores privados, las EPS (creadas con capitales exiguos, 2 millones de pesos en muchos casos) para manejar billones. Fue el más rentable negocio con una exigua inversión, 2 millones de pesos, una máxima tasa de ganancia y mayor acumulación para el gran capital; con todo y defraudación al erario garantizada. El Estado, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), recolecta los dineros y le gira a cada EPS, según la cantidad de afiliados, millonadas sin ningún control, ni auditaje. Son dineros públicos gastados por entidades privadas; pero que se rigen por el derecho privado, precisamente para blindar la corrupción.
La función misional de las EPS fue asegurarle las ganancias a sus inversionistas (grupos financieros, Grupo Empresarial Antioqueño, Sarmiento Angulo, Gilinski, Keralty, SaludCoop, familia Vargas Lleras etc.) a costa de la salud de sus afiliados y afiliadas; razón por la cual se dedicaron a construir sus propias clínicas (integración vertical), a vincular, mediante contratos basura, a los profesionales y trabajadores de la salud, a quebrar la red hospitalaria pública, con la cual acumularon una deuda billonaria, junto con las clínicas que no eran de su propiedad, a proporcionar tratamientos precarios (Ibuprofeno para paliar todo tipo de enfermedades), restringieron procedimientos quirúrgicos, y aplazaron tratamientos vitales a pacientes con enfermedades de alto costo, paseo de la muerte, etc.
La construcción y dotación de las clínicas de su propiedad fue financiada ilícitamente con dineros de la salud, con el fin de contratar servicios con sus propias IPS. Su propósito era sacar de competencia (una ley del mercado), a los hospitales públicos y clínicas privadas independientes, mediante la dilatación del pago de servicios contratados, hasta el punto que acumularon una deuda que, según la Super Intendencia de Salud, la Contraloría General y las organizaciones de la sociedad Civil, supera los 23 billones de pesos. Deuda que por impagable terminará en el cajón de las cuentas por cobrar del Estado.
Con estos métodos de acumulación fraudulentos llevaron a la ruina al sistema de salud; pero no a las EPS y sus inversionistas, muchas de las cuales escalaron posiciones en la bolsa como las más grandes y más rentables empresas. La profunda crisis que atraviesa el sistema de salud hunde sus raíces hasta el momento en que fue privatizado y se desarrolló durante tres décadas de expoliación de los recursos, a lo largo de las cuales, fueron intervenidas y liquidadas mas de 130 EPS, cuyos afiliados y afiliadas, fueron asumidos por las que continuaron con vida; pero dejaron deudas sin respaldo económico por cerca de 25 billones de pesos, que el Estado pagó sin posibilidad de recuperar un solo peso. Modalidad de robo protegido por la impunidad.
El proyecto de ley de reforma a la salud tenía el propósito de superar la crisis, mediante la creación de un nuevo sistema público, basado en la sentencia T-760 y la Ley Estatuaria de la Salud, financiado con los recursos públicos, para terminar con el lucrativo negocio privado que esquilmó al erario y causó la muerte de centenares de miles de colombianas y colombianos que se hubieran podido evitar. Pero las EPS, agremiadas en ACEMI y Gestarsalud, junto con sus inversionistas ordenaron a sus congresistas prepago, no por su cínica preocupación por la salud del pueblo colombiano, sino por continuar el negocio y garantizar el lucro a sus inversionistas, el hundimiento del proyecto de ley de reforma a la salud. La más enérgica exigencia “para solucionar la crisis” de las 27 EPS activas era el aumento de las UPC contributiva y subsidiada, por insuficiencia nunca comprobada.
Hundido el proyecto, la crisis de la salud se hizo más dramática y, por consiguiente, el sistema se hizo más insostenible. La Superintendencia de Salud intervino, por presuntos delitos cometidos con el mal uso de los recursos públicos de la salud, ocho (8) EPS: Servicio Occidental de Salud (SOS), con 750.000 afiliados, Nueva EPS, con 10.800.000 afiliados, Sanitas -Keralty con 5.800.000 de afiliados, Asmet Salud, con 1.800.000, Famisanar, con 2.900.000, Emssanar, con 1.700.000, Savia Salud, con 1.600.000 afiliados. Por su parte, EPS Sura del Grupo Económico Antioqueño (GEA), con 5.300.000 afiliados y Compensar, (de la Compañía de Jesús), con 2.200.000 afiliados, solicitaron un plan de retiro voluntario. Solo quedan 10 que no están intervenidas. Pero, la bicoca de 30.870.000 seres humanos colombianos quedó en grave riesgo de su derecho fundamental a la salud, por la crisis que ni los padres del neoliberal sistema, ni el Congreso prepago, ni las EPS, ni los grupos de inversionistas, permitieron que se solucionara y, por el contrario, ordenaron el archivo de la ley. No es la salud sino “el negocio socio” lo que concentra sus caros intereses.
La cereza que le faltaba al lucrativo pastel de la corrupción, fue puesta por las denuncias de la Contraloría, del grupo “Dónde está la Plata” y la Superintendencia de la Salud, que se concretan en lo revelado por esta última. Las EPS intervenidas, Nueva EPS y Colsanitas, “no cumplen con los requisitos financieros, es decir, un patrimonio adecuado y carencia de reservas técnicas comprobadas”. Además de la deuda de Colsanitas que asciende a dos billones de pesos; se encontraron facturas por 5.5 billones de pesos que habían sido ocultadas y no justificadas por la Nueva EPS y, en EPS Colsanitas, (grupo Keralty), hallaron $134.000 millones, en pagos de telefonía y servicios públicos ejecutados con dineros de la salud. En total, cerca de medio billón de pesos, saqueados a la salud de los colombianos. Agréguese, como caso juzgado, el robo en la EPS SaludCoop, de la que saquearon $1.5 billones de la salud, para hacer negocios internacionales del grupo SaludCoop.
Al final de estos claros hechos de corrupción, se ha informado que las EPS agremiadas en ACEMI, han declarado estar dispuestas a pasar de ser intermediarias en salud a “gestoras de salud y vida”, según sea el tamaño de la comisión que devengarán, y su inclusión en un posible nuevo proyecto de reforma a la salud concertado y presentado al Congreso por el Gobierno.
Nuevamente, ¿será el lucro el que prime sobre el derecho fundamental a la salud? No se puede abandonar el rol de mal pensantes. Seguiremos denunciando la corrupción.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
