POR OMAR ROMERO DÍAZ /
El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del pasado martes 11 de marzo la convocatoria a una consulta popular para que los colombianos definan el futuro de las reformas laboral y de salud.
El jefe de Estado aseguró que las fuerzas retardatarias que tienen asiento en el Congreso de la República están liderando un “bloqueo institucional” que no se debe tolerar.
Oligarquía busca perpetuar sus privilegios
La lucha por los derechos laborales en Colombia ha sido una constante en la historia del país, marcada por la resistencia de los trabajadores frente a los intereses de una oligarquía económica que busca perpetuar sus privilegios. En este contexto, la reciente decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro representa un claro atentado contra los derechos de la clase trabajadora.
Si examinamos el papel de los senadores que firmaron la ponencia de archivo y las razones que esgrimieron para ello, se evidencia cómo responden a intereses ajenos al bienestar del pueblo.
El bloqueo de la reforma laboral como estrategia de la oligarquía
El archivo de la reforma laboral no es un hecho aislado, sino una manifestación de una lucha estructural entre dos fuerzas antagónicas: por un lado, la clase trabajadora que exige condiciones laborales dignas, y por el otro, una oligarquía representada por sectores políticos retardatarios que defienden los intereses del capital. La Comisión Séptima del Senado, dominada por partidos tradicionales y de derecha, actuó en defensa de los empresarios y la élite económica, negando la posibilidad de una reforma que beneficiaba a los trabajadores.
El discurso de la “productividad” y el “empleo”
Los senadores que votaron por el archivo justificaron su decisión con el argumento de que la reforma no promovía el empleo ni combatía la informalidad. Sin embargo, este discurso es una falacia repetida históricamente por quienes buscan mantener un modelo laboral precario que garantice mano de obra barata y desprotegida.
Analicemos individualmente a algunos de los protagonistas de esta decisión:
Nadia Blel (Partido Conservador): representante de una colectividad que históricamente ha defendido los intereses de los sectores más privilegiados. Su oposición a la reforma laboral se alinea con la visión conservadora de mantener el statu quo empresarial.
Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático): miembros del partido uribista que ha sido la voz política de la gran burguesía y los terratenientes en Colombia. Sus acciones reflejan la intención de perpetuar el modelo neoliberal que ha precarizado el trabajo.
Esperanza Andrade y Miguel Ángel Pinto (Partido Conservador y Partido Liberal, respectivamente): pese a representar partidos con raíces distintas, ambos han demostrado que, en la práctica, defienden los mismos intereses económicos que han dominado Colombia por décadas.
Berenice Bedoya (ASI), Ana Paola Agudelo (MIRA) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres): senadoras que, aunque pertenecen a movimientos con discursos supuestamente alternativos, han terminado actuando en beneficio de la oligarquía, demostrando la cooptación de ciertas fuerzas políticas por intereses económicos.
Un llamado a la conciencia política del pueblo colombiano
El bloqueo de la reforma laboral debe interpretarse como una alerta para la clase trabajadora. La decisión de estos senadores no responde a un análisis técnico ni a un interés legítimo por el empleo, sino a la presión de los empresarios que financiaron sus campañas.
Ante esto, es imperativo que los trabajadores identifiquen a estos políticos como representantes de la oligarquía y actúen en consecuencia en las elecciones de 2026. No se puede seguir cayendo en la trampa de elegir a quienes legislan en contra del pueblo y a favor de los grandes capitales.
La dialéctica de la lucha de clases se hace evidente en cada decisión legislativa que afecta a los trabajadores. El archivo de la reforma laboral por parte de la Comisión Séptima del Senado es una muestra de cómo los intereses de la oligarquía siguen prevaleciendo en la política colombiana. Sin embargo, la historia ha demostrado que la organización y la conciencia política del pueblo son las herramientas más poderosas para cambiar esta realidad.
El desafío ahora es movilizarse, visibilizar a estos “verdugos de los trabajadores” y consolidar un movimiento que permita que, en el futuro, las reformas que dignifican la vida laboral sean una realidad y no un sueño frustrado por los mismos de siempre. Es un imperativo la concientización social y el trabajo de los sectores democráticos y progresistas del país para que en las próximas elecciones se escoja un Congreso que legisle a favor del pueblo.
La consulta popular y la movilización
Ante la imposibilidad de aprobar las reformas por vía legislativa, el presidente Gustavo Petro ha propuesto convocar una consulta popular. Este mecanismo, consagrado en la Constitución de 1991, permite que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre asuntos de interés nacional.
Una consulta sobre la reforma laboral y de salud no solo legitima la voluntad del pueblo, sino que también obliga al Congreso y a las élites económicas a respetar el mandato ciudadano.
No obstante, el éxito de una consulta popular depende de una movilización ciudadana masiva y de una campaña pedagógica que informe a la población sobre el alcance y beneficios de las reformas. En un país donde la desinformación y la manipulación mediática juegan un papel clave en la opinión pública, es fundamental que la sociedad civil y los sectores progresistas impulsen un debate basado en datos y evidencia.
