POR CAMILA OSORIO /
El exjefe paramilitar arribó a Bogotá con la promesa de contribuir con la verdad a sus varios procesos judiciales en los tribunales ordinarios y especiales que lo investigan.
Salvatore Mancuso, un temido excomandante paramilitar que el presidente Gustavo Petro ha designado como gestor de paz, aterrizó en Colombia el pasado martes 27 de febrero en Colombia después de 15 años en Estados Unidos, donde cumplió una condena por tráfico de drogas. Regresa a su país de origen para enfrentar también a las justicias ordinaria y transicional, en las que ha sido señalado por mucho más que narcotráfico: actos de terrorismo, concierto para delinquir, homicidios, torturas, secuestros, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones, amenazas, extorsión, lavado de activos, entre muchos crímenes. Su libertad en territorio colombiano dependerá no solo de su voluntad para contribuir a la verdad del conflicto armado, en los tribunales y ante la sociedad, sino de cómo se resuelvan muchos retos jurídicos. Su defensa dice que Mancuso ya ha cumplido sus condenas y debería moverse en libertad mientras se resuelven otros procesos judiciales. Los tribunales, por su lado, tendrán que ponerse de acuerdo sobre cómo resolver los miles de hechos delictivos, aún no investigados, que señalan a Mancuso. El excomandante paramilitar ha aterrizado sobre todo en un laberinto judicial. Por ahora estará en la cárcel La Picota, en la capital del país.
“Soy consciente que mi retorno es un desafío para los mecanismos transicionales de juzgamiento y cooperación interjurisdiccional”, dice Mancuso en una carta publicada después de su aterrizaje en Bogotá. Pero, añade, a pesar de que estará siendo investigado por distintas jurisdicciones, “creo que los modelos de justicia transicional que empezaron a operar en Colombia (…) son mecanismos ciertos y legítimos para el cierre judicial definitivo del conflicto armado interno”.
Recapitulando la historia
Mancuso entró a los grupos paramilitares en los años noventa y se desmovilizó en 2004 con cientos de sus compañeros para acogerse a un proceso de justicia especial impulsado por el Gobierno de Álvaro Uribe. El expresidente logró aprobar, en 2005, la llamada Ley de Justicia y Paz, en la que los paramilitares recibían penas más bajas a cambio de la verdad que ofrecieran a las víctimas. Mancuso se acogió a ese sistema de justicia transicional en 2006. Pero cuando empezaron las versiones libres de los paramilitares para revelar la verdad de la guerra, el excomandante empezó a ser una figura incómoda para Uribe y otros poderosos: señaló al expresidente de estar implicado en un asesinato y una masacre, a los militares de darle listados para matar civiles, a varias empresas de financiar el ejército sanguinario que fueron los paramilitares.
El Gobierno de Uribe decidió extraditarlo en 2008 a Estados Unidos, junto a otros exlíderes paramilitares, argumentando que desde la cárcel seguían delinquiendo. Para muchos defensores de derechos humanos era más bien un esfuerzo del Gobierno para callarlos. Mancuso vivió la que fuera la pesadilla de Pablo Escobar, una cárcel en Estados Unidos, y fue condenado a 15 años en prisión por narcotráfico. La Fiscalía norteamericana dijo que el jefe paramilitar “dirigió la fabricación y envío de más de 100.000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos y otros lugares”.
Mancuso se acogió a ese sistema de justicia transicional en 2006. Pero cuando empezaron las versiones libres de los paramilitares para revelar la verdad de la guerra, el excomandante empezó a ser una figura incómoda para Uribe y otros poderosos: señaló al expresidente de estar implicado en un asesinato y una masacre, a los militares de darle listados para matar civiles, a varias empresas de financiar el ejército sanguinario que fueron los paramilitares.
El Gobierno de Uribe decidió extraditarlo en 2008 a Estados Unidos, junto a otros exlíderes paramilitares, argumentando que desde la cárcel seguían delinquiendo. Para muchos defensores de derechos humanos era más bien un esfuerzo del Gobierno para callarlos. Mancuso vivió la que fuera la pesadilla de Pablo Escobar, una cárcel en Estados Unidos, y fue condenado a 15 años en prisión por narcotráfico. La Fiscalía norteamericana dijo que el jefe paramilitar “dirigió la fabricación y envío de más de 100.000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos y otros lugares”.
A distancia, Justicia y Paz siguió trabajando, y Mancuso siguió dando sus versiones libres. En 2014 fue condenado en dos instancias en Colombia, por tribunales de Justicia y Paz, por más de 2.000 hechos delictivos cometidos en ocho departamentos del país. Una sentencia que en la justicia ordinaria hubiera sido de 40 años en prisión, resultó de solo ocho en ese régimen especial. Y esos ocho años, que jurídicamente empezaron a correr en 2006, cuando se acogió a Justicia y Paz, los pasó en las cárceles de Estados Unidos.
Desde 2014, el ganadero convertido en paramilitar tiene abierto otro proceso en la justicia ordinaria, por lavado de activos, que la Fiscalía dice que cometió tras su desmovilización en 2004. Incluso, si quedara absuelto en este proceso, es en Justicia y Paz donde tiene más pendientes: ha sido acusado de más de 60.000 hechos criminales. En esa justicia transicional los paramilitares no solo responden por los crímenes que cometieron directamente, sino por los que serían responsables por línea de mando. Las dos condenas de 2014 solo cubren unos 2.500 de esos crímenes. Es decir, le falta enfrentar el 96% de los hechos.
Testimonio ante la JEP
Además de la justicia ordinaria y la justicia especial para los paramilitares, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial que nació en 2016 de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, también tiene espacio para Mancuso. En noviembre del año pasado aceptó acogerlo en su jurisdicción, argumentando que el jefe paramilitar fue una “bisagra” entre los paramilitares y los altos mandos de la fuerza pública. Mancuso se comprometió a entregar a la JEP toda la verdad ante sobre cómo operó la fuerza pública con ayuda de los grupos paramilitares, a cambio de tener beneficios jurídicos.
La JEP aceptó su postulación después de cuatro días en los que Mancuso habló ante ese tribunal, desde Estados Unidos, sobre sus alianzas con militares, empresarios o políticos. Los magistrados consideraron que está “dispuesto a dignificar a las víctimas”. Pero, al tanto del lío jurídico que esto representa, la JEP resolvió que se necesitará una mesa técnica interjurisdiccional entre esa jurisdicción y la de Justicia y Paz, para que actúen como sistemas de justicia complementarios, con presencia de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría. Lo primero que la Justicia deberá resolver es si Mancuso puede estar en libertad: el exparamilitar ha argumentado que ya cumplió con los ocho años de condena que le profirió Justicia y Paz, cuando estaba encerrado en Estados Unidos, y que puede enfrentar los otros procesos en libertad.
El futuro jurídico de Salvatore Mancuso parece un laberinto sin fin, lo que no debería sorprender si se considera que fue uno de los jefes paramilitares más sanguinarios durante una década y media. Pero vuelve a Colombia con un gran punto a su favor: el presidente Gustavo Petro, quien considera que el confeso delincuente es fundamental para conocer toda la verdad sobre los paramilitares. Mancuso tendrá que demostrar que no solo tiene mucho que decir, sino también cómo comprobarlo.
El País, España.
