CLACSO /
Colombia muestra de manera nítida, a través de su historia y sus conflictos irresueltos, el gran nudo ciego latinoamericano, a saber: la disputa por la tierra y los recursos naturales. Este es uno de los países más controlados por Estados Unidos, al punto de ser considerado el Israel de América Latina y, al mismo tiempo, sostiene la lucha insurgente más prolongada del continente. A la tensión del poderío militar norteamericano con las guerrillas y la organización popular indígena, negra y campesina, debe añadirse el narcotráfico y su irrupción en las diferentes instancias gubernamentales del poder judicial, legislativo y ejecutivo.
Esta tensión histórica, expresada como un conflicto permanente entre el campo popular organizado bajo la lógica de la insurgencia y un Estado regido por una matriz narco-neoliberal, ha convertido a Colombia en uno de los países más desiguales, violentos y con mayores índices de desplazamiento forzado de la región.
De ahí la importancia de la investigación bibliográfica que acaba de publicar CLACSO que lleva por título El rol de Colombia en la disputa por el derecho a la democracia y a la igualdad en América Latina y el Caribe en el capitalismo tardío del siglo XXI (junio, 2024) que se centra en estudiar la conflictiva relación entre capitalismo y democracia a través del prisma de la igualdad socioeconómica y de sus consecuencias políticas.
El libro, como señalan sus autores, tiene un enfoque optimista para permitir centrarse en la consecución de la igualdad y no tanto en los problemas que provoca la desigualdad socioeconómica. De esta manera, se enfoca el objeto de estudio en las dinámicas que, en este sentido, se producen en la región de América Latina y el Caribe poniendo especial énfasis en el caso de Colombia como ejemplo paradigmático de la intersección que conforman democracia y desigualdad socioeconómica.
En desarrollo de la investigación se analizan diferentes indicadores macroeconómicos —en la región y en Colombia— se estudian los diferentes procesos históricos y se intentan establecer —partiendo de marcos analíticos e interpretativos diversos— los efectos que han tenido sobre la salud democrática las variaciones constantes en materia de desigualdad social y económica.
El significado del triunfo electoral del Pacto Histórico en Colombia
El triunfo del Pacto Histórico (PH) vino a cortocircuitar esta histórica tensión irresuelta entre el narcoestado y el campo popular insurgente. Desde agosto de 2022 el campo popular, mediante una coalición de partidos aglutinada bajo el Pacto Histórico, irrumpió por primera vez en el poder ejecutivo y adoptó como medida prioritaria transformar el Estado colombiano. O, para decirlo en otros términos, el gran desafío del Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro consiste en desarmar y abandonar la matriz estatal narco-neoliberal y construir una matriz institucional alternativa triangulada por el eje “paz, territorio y vida”.
No se trata de una tarea fácil por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque exige un aprendizaje acelerado por parte del campo-popular –acostumbrado a ejercer una práctica de resistencia y desobediencia civil con poderes focalizados en algunas alcaldías o gobernaciones mediante la creación de cuadros técnico-burocráticos con capacidad para tomar decisiones rápidas, creativas y eficaces que les permita desmontar burocráticamente los sofisticados nexos entre las oligarquías, la institucionalidad y el crimen organizado.
En segundo lugar, por las desventajas que tiene el Pacto Histórico respecto de la experticia y resistencia que expresa la lógica narco-neoliberal para permanecer y contraatacar mediante técnicas paraestatales (persecución armada, amenazas, asesinatos), mediáticas (estigmatización permanente a los líderes del PH en los principales conglomerados comunicativos) e institucionales (Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y otros órganos de control que paralizan, tumban y entorpecen la capacidad de toma de decisión del poder ejecutivo y sus respectivos ministerios).
A todo esto hay que sumarle que el PH no tiene mayorías parlamentarias en ninguna de las dos cámaras (Representantes y Senado) y tampoco una clara hegemonía territorial en las regiones con las diferentes alcaldías y gobernaciones. De manera que la hegemonía narco-neoliberal, en clara decadencia en el plano social, se resiste a desaparecer haciendo uso de su poder oligárquico, paraestatal, mediático e institucional.
El Pacto Histórico, entonces, y a pesar de los obstáculos que experimenta, puede ser considerado como un laboratorio político progresista de primer orden en la región, dado que su vocación por transformar la actual matriz institucional tiene por finalidad adentrarse y dar una respuesta democrática y novedosa a la disputa por la tierra en el siglo XXI. En esa dirección, esta respuesta, organizada bajo el eje paz-territorio-vida, busca contrarrestar la hegemonía narco-fascista de la que Colombia está intentando salir; y países como El Salvador, Argentina o Ecuador están comenzando a entrar. O para decirlo más sencillo, en este momento estamos asistiendo a una ‘colombianización’ de la región a través de los gobiernos de extrema derecha y su articulación internacional.
Esta es hoy, en pleno siglo XXI, la paradójica situación de nuestro continente: mientras Colombia incursiona en una reforma agraria y productiva tras el fracaso del narco-fascismo, el resto de países de la región, en cambio, están comenzando a experimentar ese narco-fascismo como un novedoso modelo estatal.
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