POR RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL* /
El verdadero debate entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa que se quiere diluir (el “tapen, tapen”, que señaló Jorge Eliécer Gaitán) es la denuncia del periodista Gonzalo Guillén desde La Nueva Prensa. Consiste en la responsabilidad del Fiscal General y del fiscal Daniel Hernández en el genocidio cometido por el Clan del Golfo en los últimos años, que arroja una cifra aterradora de doscientos muertos.
Hernández dice que posiblemente son solo veinte. La vicefiscal Martha Mancera y el fiscal Barbosa defienden a Hernández, pese a que está procesado en la propia Fiscalía por conductas reprochables. El abogado investigador Fernando Romero, que es fuente informativa de La Nueva Prensa, ha revelado la magnitud y circunstancias de tiempo, modo y lugar de esta cadena de crímenes puestos en conocimiento de la Fiscalía y que, en su mayoría, podrían haberse evitado, pero se desestimó su gravedad.
El periodismo inicialmente destacó la denuncia de Gonzalo Guillén, pero rápidamente no volvió a mencionarla. El jurista y exfiscal Eduardo Montealegre sí tomó partido a favor de las denuncias y señaló la gran responsabilidad del fiscal Barbosa en estos hechos.
Volvieron el tema constitucional un asunto de espuma de los acontecimientos, una cortina de humo sobre nuestra más secreta vergüenza: el genocidio permanente.
El presidente Petro reiteró su exigencia a la Fiscalía que le informe a él, como jefe de Estado y primer responsable del orden público y la seguridad de los colombianos, sobre los procesos en curso. El comportamiento de la Fiscalía no puede ser el de un poder paralelo y cómplice del crimen organizado. Por supuesto que la mayoría de los fiscales son juiciosos cumplidores de sus deberes; aquí de lo que se trata es de la camarilla que dirige con el “tapen, tapen” la Fiscalía General de la Nación.
De dónde acá los juristas que critican “todos a una” al Presidente, como en Fuenteovejuna, por su equivocada expresión de ser el jefe del Fiscal, no enfatizan que éste sí tiene el derecho constitucional de exigir información formal sobre el más grave asunto del país. Él es el Jefe del Estado y centro de las ramas y órganos del poder estatal, en colaboración armónica con las otras entidades. Acertado que el Presidente siga pidiendo explicaciones.
El comunicado del Presidente de la Corte Suprema de Justicia exageró al decir que las declaraciones de Petro ponen en riesgo el orden jurídico, pero guardó silencio sobre la gravedad del genocidio que se denuncia. La reunión de las cortes con el Presidente fue fructífera, pero el comunicado de las mismas muestra una política de avestruz: silencian lo central en cuestión.
Dos conspiraciones interestatales han abortado contra el gobierno de Gustavo Petro. La del fiscal Barbosa, quien se atrevió en los Estados Unidos a acusar al gobierno de complicidad con el narcotráfico y lo repitió en la reunión de Fiscales de América en Santo Domingo, abusando del poder, calumniando, transgrediendo la Constitución, que establece que el representante de la nación es el Presidente. El fiscal Barbosa está denunciado por el senador Iván Cepeda ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Complot contra la reforma a la salud
La otra conspiración fue la que organizó Alejandro Gaviria y otros contra la ministra Carolina Corcho, la reforma de la salud y el Presidente, promoviendo una movilización mediante un documento, verdadero manifiesto de oposición a la reforma a la salud. Todo esto, al interior del Gobierno, a nombre de la libertad de expresión. Ya habían tenido oportunidad de defender su política neoliberal en el gabinete.
De allí pasaron a reunirse y a elaborar el manifiesto que filtraron a los medios de comunicación. Y todos con “cara de yo no fui”, en sintonía con otros conspiradores, señalando a Carolina Corcho de ser la responsable por haber defendido con coherencia la reforma cocinada en luchas de médicos, enfermeras, con la ciudadanía durante años, defendida en la campaña electoral y asumida por Petro.
Hoy los conspiradores festejan la salida de Carolina del Ministerio, sin asumir el reconocimiento que le damos a esta mujer millones de colombianos por su carácter, conocimiento del tema y lealtad en lo social y público. La gravedad de lo que se vive hace conveniente, por motivos de salud pública, la renuncia del fiscal Barbosa.
*Profesor emérito Universidad Nacional de Colombia.
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