POR PEDRO SANTANA RODRÍGUEZ /
Dice Roberto Saviano en su libro Gomorra que cuando la mafia corona su ascenso al poder político se expone a que sus negocios y sus personajes salgan a la luz pública. Así sucedió en Italia y ha venido sucediendo en Colombia a cuenta gotas. Aquí no se ha generado en el seno del aparato judicial un movimiento como el que se generó en Italia, el Movimiento de Manos Limpias, que llevó a un proceso judicial que condenó a centenares de dirigentes políticos y empresariales ligados a los poderes mafiosos y que cobró la carrera política del exprimer ministro socialista Bettino Craxi.
Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al Gobierno en el año 2002 sectores ligados al narcotráfico y a los grupos paramilitares ascendieron al poder político y con ello se expusieron al escrutinio de los medios de comunicación, a las denuncias de la oposición y de los movimientos sociales y a la actuación tímida, pero actuación al fin y al cabo, de un sector del aparato judicial, principalmente a partir del año 2005 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Aquí como se sabe jugó un papel muy destacado el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, que se puso al frente de la investigación de la llamada ‘parapolítica’ o sea de los nexos de congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales con los grupos paramilitares.
Esta investigación llevó a la condena y pérdida de los derechos políticos a 62 parlamentarios por sus comprobados nexos con los grupos paramilitares. Pero esa investigación no bajó a los territorios sino de manera muy limitada. Los clanes regionales no fueron tocados y desde allí han seguido actuando y siguen siendo un factor determinante en los procesos electorales en los departamentos y municipios. Hay cerca de 54 clanes regionales a los cuales la justicia no investiga pues ellos están incrustados en el seno de la Fiscalía y de la Procuraduría y tienen una presencia muy grande en el sistema judicial, en los tribunales judiciales de las regiones y llegaron a dominar años después de las investigaciones de la ‘parapolítica’ a la Corte Suprema de Justicia, con el llamado Cartel de la Toga, al frente del cual estaban el exmagistrado hoy condenado Francisco Ricaurte aunque el determinador principal era Leonidas Bustos con orden de captura por estos hechos. Otros tres togados de la Corte Suprema están siendo investigados o procesados entre ellos, Luis Gustavo Malo.
Pese a que estas investigaciones pusieron en el ojo del huracán principalmente al uribismo que era el principal beneficiario de la ‘parapolítica’ y frente al cual de manera desvergonzada el entonces presidente Álvaro Uribe señaló que estos parlamentarios enredados en este proceso judicial deberían votar los proyectos del gobierno antes que fueran privados de la libertad.
Uribe sigue gozando de impunidad a pesar de que el núcleo más cercano ha sido no sólo investigado sino condenado por diversos hechos ligados con el narcotráfico, con ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente llamados “falsos positivos”, con la corrupción en la contratación pública y con la compra de votos para su reelección.
Otro partido muy ligado a los clanes regionales como es Cambio Radical que dirige el exvicepresidente Germán Vargas Lleras también ha sido duramente golpeado por las investigaciones judiciales llevando a la condena a una docena de sus parlamentarios. Pero la corrupción sigue porque la impunidad es muy alta, las investigaciones son lentas, precluyen o se cierran, solo aquellas que no prescriben vuelven a reaparecer años después no por las investigaciones de la Fiscalía que es un organismo inoperante e infiltrado hasta la médula por los poderes mafiosos y corruptos, sino por las delaciones de implicados en investigaciones judiciales que en busca de acuerdos con la Fiscalía entregan pruebas para conseguir rebaja de penas, en contra de antiguos aliados. Es lo que ha sucedido con Oscar Iván Zuluaga.
La financiación ilegal de las campañas presidenciales en el año 2014
Que las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga del uribista Centro Democrático y de Juan Manuel Santos del partido de la U, recibieron financiación de la corrupta multinacional brasilera Odebrecht es cosa sabida. En el caso de Zuluaga se sabe no sólo en Colombia sino en Brasil y en los Estados Unidos que la corrupta Odebrecht financió al estratega y publicista, ya fallecido, Duda Mendoza para que asesorara la campaña presidencial del candidato uribista. La multinacional corrupta pagó 1.6 millones de dólares a Duda Mendoza. Como se sabe que la campaña de Juan Manuel Santos recibió un millón de dólares de Odebrecht para la asesoría electoral de la firma Sancho BBDO.
Odebrecht invirtió en ambas campañas para seguir obteniendo jugosos contratos por parte el Estado como lo hizo en el gobierno de Uribe en que obtuvo el jugoso contrato de la Ruta del Sol II junto a Sarmiento Angulo y su grupo Aval.
Lo que tiene a Zuluaga ad portas de ir preso dado que este lunes 10 de julio la Fiscalía le imputará cargos por tres delitos: falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, fue que en la negociación con la Fiscalía, su antiguo aliado y confidente Daniel García Arizabaleta, grabó dos extensas conversaciones con el excandidato uribista en que este reconoce que sabía de la financiación ilegal de su campaña por la firma Odebrecht. García Arizabaleta entregó estas grabaciones a la Fiscalía para negociar un principio de oportunidad y se comprometió a testificar contra Zuluaga. De modo que a la Fiscalía no le quedó otro camino que imputar a Zuluaga. Pero hay un dato que publicó el diario El Tiempo en su edición virtual del pasado martes 4 de julio y es que el FBI de los Estados Unidos está investigando estos delitos de acuerdo con lo que los directivos de Odebrecht han confesado a este organismo norteamericano. Esto explicaría la celeridad con la que obró la Fiscalía para la pronta imputación de cargos a Zuluaga. Mejor procesarlo aquí que en los Estados Unidos pareciera ser la lógica de Francisco Barbosa. De paso se quita un posible rival para una eventual candidatura presidencial en el año 2026 en el espectro de la extrema derecha colombiana.
Como es ya habitual en el comportamiento de Uribe, éste toma distancia de Zuluaga, victimizándose, se declara desconsolado y traicionado por su antiguo y estrecho colaborador, lo propio ha hecho en decenas de casos en que sus más cercanos subalternos han terminado condenados por la justicia. Así lo hizo con Sabas Pretelt, su ministro del Interior, con María del Pilar Hurtado, con sus dos jefes de Seguridad condenados por delitos de narcotráfico los generales Flavio Buitrago y Mauricio Santoyo, con Salvador Arana y con Jorge Noguera para mencionar solo algunos de los personajes más cercanos del cuestionado expresidente. En todos estos casos Uribe señala que ha sido traicionado y que nada sabía de las andanzas criminales de sus más cercanos colaboradores. A esa narrativa del patrón del Ubérrimo han contribuido los organismos judiciales que no investigan, la gran prensa que minimiza los hechos y da rienda suelta a esa narrativa y en el caso concreto de la corrupción en las campañas electorales a la inoperancia del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo politiquero que encubre y exculpa de esos delitos a quienes los han cometido.
El CNE cerró en el mes de octubre del año 2017 la investigación sobre financiamiento ilegal de la campaña de Oscar Iván Zuluaga con ponencia de quien es hoy el flamante Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. En las grabaciones en poder de la Fiscalía aparece otro inefable personaje que en aquel entonces era el presidente del CNE, Alexander Vega, hoy Registrador Nacional del Estado Civil.
Según esas grabaciones Vega insistió ante sus colegas magistrados que lo que había era que cerrar las investigaciones de las dos campañas, tanto la de Zuluaga como la de Santos porque sino vendría “una crisis institucional berraca”, razón por la que era mejor dejar las cosas en tablas.
Vega ya no era el presidente del CNE cuando se cerró esa investigación, pero durante la mayor parte del tiempo en que se desarrolló la misma se desempeñó como tal. Una vergüenza para los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado el haber nombrado a este personaje al frente de la Registraduría.
Y en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez estas investigaciones no avanzaron, se les puso a dormir el sueño de los justos y fueron a parar al cuarto de San Alejo. Así que lo que este caso demuestra una protuberante falla del diseño institucional existente en Colombia. Mientras los integrantes del CNE sigan siendo nombrados por el Congreso de la República de listas confeccionadas y presentadas por los partidos políticos todas estas denuncias no prosperarán y la corrupción en la política colombiana seguirá su curso. Por eso hay que insistir en que los organismos y autoridades electorales deben ser nombrados garantizando la independencia de los mismos sin injerencia de los partidos políticos y la necesidad de un Tribunal Electoral autónomo e independiente adscrito a la rama judicial del poder público. Ahora en esta coyuntura, el presidente de la República, Gustavo Petro, debe presentar una terna impecable para reemplazar al fiscal de bolsillo del uribismo, Francisco Barbosa. Esa terna debe estar conformada por juristas penalistas independientes que sean una garantía para la reestructuración de la corrupta Fiscalía que nos han heredado sus titulares anteriores.
Revista Sur, Bogotá.
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