REBELIÓN TUMAQUEÑA /
La zona del Pacífico en el departamento de Nariño, de nuevo, es escenario de violencia y de toda clase de abusos y violación a los derechos de las personas y de su territorio. Como se sabe, a todo lo largo del Pacífico habitan y conviven comunidades ancestrales: afrodescendientes, indígenas awa y Eperãra Siapidaarã, además de una población mestiza y en menor medida blancos. Las comunidades indígenas, especialmente, han sido blanco de los grupos armados irregulares que permanente han incursionado en sus territorios, obligándolos y sometiéndolos a que se alisten en el negocio de la cocaína, ya sea para siembra, compra de tierras, cosecha o comercialización, que se traduce finalmente en un despojo de sus tierras y, por tanto, de su territorio.
La organización indígena del pueblo Awa (UNIPA) desde hace mucho tiempo ha denunciado ante los gobiernos departamental y nacional y a organismos de derechos humanos, entre otras, todas las arbitrariedades, vejámenes, asesinatos y despojo de sus tierras por parte de los grupos armados que operan en esa región, sin resultados de ninguna clase, pues, la violencia y el crimen siguen paseándose orondos por sus territorios.
Siguen las retenciones
Desde el 16 de febrero de 2021, dos miembros de su comunidad fueron retenidos y llevados por la fuerza por un grupo armado, y que hasta el momento se desconoce su paradero. Miguel García Pai de 23 años y Álvaro Pascal García de 18 años, quienes pertenecen al Resguardo Indígena Awa de El Gran Sabaio, Comunidad San Jacinto. Según informa la UNIPA, el grupo armado que se los llevó opera en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco.
Estas acciones no son nuevas en esta zona, muchos jóvenes awa han sido objeto de múltiples violaciones a sus derechos, y a los que se han resistido, los asesinan. La UNIPA no ha cejado de enviar a los gobiernos del uribismo –desde hace más de 20 años- solicitándoles que se garantice el respeto a los derechos humanos, entre ellos la defensa de sus territorios ancestrales, les ha recordado las obligaciones constitucionales, entre ellas, la defensa a la vida de su comunidad, a su autonomía y respeto a sus formas de vida que ellos han cultivado por cientos de años en esas tierras. La UNIPA ha solicitado, entre las muchas exigencias, se declare la crisis humanitaria que viven los resguardos Awa, salvaguardar a su pueblo de esa violencia atroz, y la integridad personal de cada uno de sus miembros, de los municipios de Tumaco y Barbacoas.
El saldo de toda esta violencia contra las comunidades ancestrales del Pacífico nariñense no ha podido ser otra que el abandono, la desesperanza, la agudización de la crisis humanitaria, la violación sistemática de los derechos más elementales que todo ser humano debe tener; tres décadas han dejado un saldo de cientos de indígenas asesinados, amenazados, heridos, desaparecidos y lo más trágico: la desarticulación y ruptura del tejido social y comunitario de sus resguardos. Es prácticamente la aniquilación y desaparición de toda una comunidad ancestral. Esto es, el etnocidio, a ojos vistos, de estos gobiernos que han sido permisivos.
Pero el avasallamiento es todavía más grande: vienen por la tierra, por las minas, por la profusa y profunda biodiversidad, el agua, y como zona de los negocios ilícitos con salida al mar Pacífico, todo esto en connivencia con los gobiernos locales, departamental y nacional. No solo es el negocio de las drogas, es también el negocio de los terratenientes, de la clase dirigente, la cual tiene nexos, negocios, con la mafia y con la cúpula militar, en una palabra, aquí concurren en este proyecto criminal contra las comunidades ancestrales del Pacífico colombiano todo el establecimiento, con lo que llaman pomposamente, “las fuerzas vivas de la sociedad”. El Estado colonialista en su última fase de decadencia, con su discurso del “desarrollo”, de la “competitividad”, de la paz con “justicia social y sin impunidad”, toda la palabrería hueca volcada sobre un territorio que reclama, brama, no al extractivismo, no al monocultivo, no a la violencia y expropiación de sus tierras, paz, justicia social, respeto a las comunidades, inversión social, mejor dicho, todo por hacer en este mundo olvidado y sometido a todas las violencias.
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