POR ORLANDO PÉREZ SÁNCHEZ /
Frágil ecosistema de la región y la población civil corren riesgos, advierten ambientalistas.
El Gobierno ultraconservador de Daniel Noboa Azín dispuso que las islas ecuatorianas de las Galápagos se conviertan en base militar de Estados Unidos y en los próximos días llegarán los primeros buques y tripulaciones estadounidenses.
Con la decisión del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos, entran en vigor los tratados de cooperación militar de Estados Unidos con Ecuador firmados por Noboa el 15 de febrero de 2024.
De esta manera, buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos podrán instalarse en ese archipiélago declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, por la Unesco, en 1978.
El pasado martes 10 de diciembre se aprobaron el “Proyecto de seguridad integral en la región insular” y el “Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos”.
Explícitamente con la decisión referida se plantea que la finalidad es “Operativizar el proyecto con el fin de hacer frente a los retos de seguridad compartidos” en la provincia de Galápagos, a 600 millas (965 kilómetros) de la costa continental ecuatoriana.
Además, se propone “combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas en esta región del Ecuador. Es importante evitar conflictos violentos y otros delitos conexos entre los grupos narcoterroristas vinculados a cárteles internacionales que se disputan las rutas para exportación de estupefacientes y el dominio territorial para el expendio de drogas”, se indica.
Eso sí, se menciona que los naves de guerra, buques de Estado, aeronaves y tripulaciones estadunidenses están exentas de tasas (impuestos) administrativas y tendrán controles ambientales rigurosos para ingresar a la isla.
De facto se da también la cesión de uno de los máximos y más frágiles tesoros naturales del planeta, pues el establecimiento de instalaciones militares de poderes foráneos se encuentra expresamente prohibido por la Constitución, cuyo artículo 5 declara a Ecuador “un territorio de paz en el cual no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares; se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. En septiembre pasado, Noboa anunció una reforma constitucional para revertir la conquista ciudadana contra el injerencismo, pero no esperó a su trámite parlamentario para confirmar la subordinación de su Gobierno a Washington y dar lo que, confía, será un golpe propagandístico de cara a las elecciones de febrero próximo.
Cabe recordar que, mediante el Decreto del 15 de febrero de 2024, Quito ratificó el Acuerdo con Washington relativo al Estatuto de las fuerzas, firmado el 6 de octubre de 2023, durante el régimen del banquero neoliberal Guillermo Lasso Mendoza. Ahí se adelantó que se otorgaría al personal militar y civil del Departamento de Defensa y sus contratistas, privilegios, exenciones, e inmunidades equivalentes a lo recibido por el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena.
En la práctica, lo anterior constituye el establecimiento de una base militar, tal como ocurrió desde 1999 hasta 2009 en la costera ciudad de Manta, cuyo acuerdo el entonces presidente Rafael Correa no renovó y, además, en la nueva Constitución de 2008 se prohibió la presencia de fuerzas o bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
No obstante, hace dos semanas Noboa envió a la Asamblea Nacional (órgano legislativo) una reforma parcial a la Constitución para eliminar el artículo que prohíbe esa presencia de bases de otros países, pero la Legislatura todavía no lo trata.
El exvicecanciller Fernando Yépez dijo al respecto: “es inaceptable, vergonzoso, peligroso, indigno servilismo colonial. No hay conciencia de la soberanía nacional, ni de los intereses del Ecuador ni de las experiencias negativas con bases militares extranjeras, siempre de Estados Unidos”.
Sacar provecho del patrimonio natural
Según el proyecto, el acuerdo se activa en virtud de la caracterización geopolítica, social, así como la ubicación geográfica y su particularidad ecosistémica, además del reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad, las islas Galápagos son un lugar sensible que amerita su debido cuidado mediante el marco legal y acciones del Estado ecuatoriano, así como apoyo internacional.
Al mismo tiempo, dice que, mediante el Servicio de la Guardia Costera, la Casa Blanca viene colaborando con la Armada de Ecuador para la interceptación y erradicación del tráfico ilícito de estupefaciente que se realiza vía lanchas rápidas y semisumergibles desde la vecindad de las Galápagos hacia países de Centroamérica, así como controlar la pesca ilegal, la no declarada y no reglamentada.
Frente a ello, la decisión aclara que con el fin de prevenir impactos que puedan devenir en daños ambientales, se deberá remitir dicha resolución al Gobierno de Estados Unidos y solicitar la firma de declaraciones sobre el cumplimiento de dichos estándares.
En tanto, en opinión de los representantes de organizaciones sociales y ambientalistas sobre Galápagos, esto no tiene ningún sentido porque ya se han producido algunos eventos de presencia militar estadounidense en los que se documenta que no respeta las mínimas normas establecidas en la misma Constitución del Ecuador. Aunque por temor a represalias prefieren mantener el anonimato, los activistas y dirigentes apelan al artículo 258 que establece un “Gobierno especial para la provincia de Galápagos: su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. Lo cual, a decir de ellos, esta norma se viola flagrantemente a pesar de que en el proyecto aprobado se establece que se encuentra prohibido “el uso de armas que puedan poner en riesgo el frágil ecosistema de Galápagos”.
Los activistas consultados dijeron desconocer “de qué forma se expresa que todo el proyecto se trata de una compra de consciencias de las autoridades y que el entreguismo a Estados Unidos es evidente”.
“En una sesión del pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos se aprobó, sin consulta a la comunidad, un proyecto de ordenanza provincial donde se le entrega la potestad a Washington de ingresar a la reserva marina de Galápagos con buques militares/bases”.
Uno de los entrevistados manifestó a este medio que la disposición que autoriza presencia militar estadunidense “sólo en zonas pobladas” no es aplicable porque en las que no están pobladas no habría vigilancia.
Lo más grave para los pobladores es que, como indica la autorización, “la implementación del proyecto requiere adecuar o construir instalaciones adicionales en los puertos o aeropuertos locales”.
Frustrante experiencia
Ecuador tiene una experiencia de primera mano sobre los efectos de abrir las puertas a las Fuerzas Armadas de la superpotencia. Entre 1999 y 2009, también con el pretexto del combate al narcotráfico, las botas estadunidenses se asentaron en la estratégica base de Manta, ubicada en el centro de la costa ecuatoriana. El propósito real de la intervención militar era apoyar las operaciones de Estado perpetradas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, reforzar el control geopolítico estadounidense y amenazar a los movimientos sociales y los gobiernos progresistas de la región. Durante la década en que estuvo activa la base tuvo un desempeño decepcionante en el combate al narcotráfico, como admitió la Embajada de Estados Unidos en Quito al informar que contribuyó a la incautación de apenas 81 toneladas de drogas, en contraste con las 134 toneladas decomisadas sólo en 2005-2008 por la Policía de Ecuador sin ayuda estadounidense. Lo que sí hicieron los soldados de este país fue generar un fenómeno de explotación sexual adolescente, encarecer la vida para los mantenses, detener migrantes y hundir los barcos en que se transportaban. Es decir, violar sistemáticamente los derechos humanos.
Con sus actos, Noboa Azín, hijo de un cuestionado empresario bananero que es el hombre más rico del país, confirma que las oligarquías latinoamericanas no tienen otro proyecto de clase y de nación que el entreguismo, y que siempre mirarán hacia la Embajada norteamericana cuando buscan sostener sus concupsicentes proyectos políticos en medio de crisis causadas por su propia codicia e incompetencia.
La Jornada, México.
